Sucesos

Crimen en el Timal aún sin culpables

* Para remate, los únicos sospechosos ya están ilegalmente detenidos

Ernesto García

El Código Procesal Penal, CPP, establece que los reos en prisión deberán recibir sentencia a más tardar en tres meses, pero en caso contrario deberán ser puestos en libertad.
Sin embargo, éste no es el caso de Marcos Antonio Sánchez y Reynaldo Castro Muñoz, alias “El Pinto”, a quienes la Fiscalía les imputa la presunta autoría del crimen perpetrado contra el campesino Cristóbal Rivera Orozco.
Sánchez y Castro son, según la Fiscalía, quienes asesinaron de un machetazo en el cuello a Rivera en la comunidad de El Timal, jurisdicción de Tipitapa.
Aunque los procesados están en la cárcel desde el pasado nueve de mayo, por la irresponsabilidad de uno de sus primeros abogados defensores a su favor sólo se contabilizan 62 días de efectiva prisión.
Lo anterior es porque el mismo CPP establece que cuando el proceso se atrase por petición del o los abogados defensores, el cómputo de los días en prisión se suspende.
Es por eso que el juez Penal de Juicio de Tipitapa, Sergio Perezalonso, aceptó la petición de la fiscal auxiliar Erlinda Larios de suspender el juicio una vez más, esta vez por la ausencia de uno de sus testigos claves.
Ante la oposición de las abogadas defensoras de Sánchez y Castro, el judicial explicó que todavía faltan 28 días para que se cumpla el término de los tres meses de efectiva prisión.
En una ocasión se suspendió el conteo de los días de efectiva prisión porque no hubo quórum para la integración del tribunal de jurado. La segunda vez que se suspendió la realización del juicio fue el 13 de julio, porque el abogado Johnny Navarro Pavón dejó abandonada la defensa, y la tercera vez fue porque el defensor público, Orlando Choza, fue trasladado de Tipitapa.
Esas tres interrupciones han significado tres meses y dos días, que aunque los dos reos los han pasado en la cárcel, no son tomados en cuenta por un tecnicismo legal.

¿Un testigo falso?
La ronda de declaraciones de los testigos de cargos arrancó con el pie izquierdo para la fiscal Erlinda Larios, porque el deponente Abraham Jarquín Bermúdez, quien ante la Policía dijo conocer detalles del crimen, en el Juzgado aseguró que ni siquiera conocía a los hombres acusados por el homicidio.
Esta situación obligó a la judicial a suspender el interrogatorio del testigo y pedir al judicial la apertura del juicio contra Jarquín, por perjurio, es decir, brindar un testimonio falso.
El juez Perezalonso señaló que aunque el CPP señala que testigos como Jarquín deben ser apresados de inmediato, él no lo hizo porque la fiscal no lo solicitó.
De los otros testigos propuestos por la Fiscalía el único que aportó un testimonio contundente contra uno de los indiciados fue Manuel Salvador Bonilla, quien reveló que la niña Rosa Elena Rivera, de 11 años, asesinada cuatro meses después que su padre, reveló que uno de los asesinos de su progenitor, don Cristóbal Rivera Orozco, fue Reynaldo Castro Muñoz.
“Ocho días después del crimen de don Cristóbal, la niña Rosita me dijo que uno de los que mató a su papá fue Reynaldo (Castro), pero que no dijera nada porque tenía miedo que la matara”, expresó Bonilla. El juicio continuará esta semana.