Sucesos

Breves judiciales


Lizbeth García

Demandan que desocupe casa

El pastor Donald Laguna Bucardo fue embargado mediante orden judicial hasta por la suma de 960 dólares, porque adeuda ocho meses de renta, por lo que podría ser desalojado de la casa que alquila en el Reparto Schick. El inmueble pertenece a Roberto Espinoza Navas y María Téllez Espinoza, quienes explicaron, mediante documentos que trajeron a END, que en septiembre de 2005 firmaron un contrato de arrendamiento con el embargado, el que debía pagar 160 dólares mensuales de renta, pero desde el 30 de diciembre de 2006, día que les canceló seis meses atrasados, no volvieron a ver ni un “real”, por lo que finiquitaron el contrato de alquiler y conminaron al inquilino entregar el inmueble el 15 de mayo, lo que no ocurrió. Los demandantes explicaron que el 25 de febrero de este año hubo un conato de incendio en la casa, lo que ocasionó daños que el demandado les tendría que pagar. Según constancia de Miguel Alemán, subdirector de la Dirección General de Bomberos, el siniestro fue provocado por recalentamiento de un artefacto eléctrico que estaba conectado en uno de los cuartos del inmueble. El abogado Xavier Lacayo, representante de Laguna, explicó que lo que pasa es que el incendio habría sido provocado por la mala conexión eléctrica que había en la vivienda, lo que ya le habían comunicado al arrendatario. No obstante, cuando se le señaló que existe un contrato donde su cliente recibió a su entera satisfacción la casa, el abogado argumentó que sí recibió, “pero no sabía el estado interno” de la misma. En ese sentido mencionó que Laguna perdió en el incendio unos 8,000 dólares, porque, supuestamente, a la hora del siniestro unos se dedicaron a robar con la excusa de ayudar, sin embargo, el abogado no presentó ningún documento para acreditar la pérdida, tampoco pudo decir en qué juzgado está radicada la demanda que el inquilino promovió contra Espinoza para determinar la causa de los daños y por ende reclamar daños y perjuicios.

200 dólares enfrentan a hermanos

Javier Álvarez Argüello querelló por la supuesta autoría del delito de calumnias a su propio hermano, Gabriel Álvarez, en el Juzgado Segundo Local Penal de Managua, pero la doctora María José Morales Alemán citó a las partes a una audiencia este seis de septiembre, a fin de resolver un incidente y decidir si admite o no la querella, dado que el Ministerio Público aún no ha resuelto si le da cierre administrativo o no a la denuncia que el querellado promovió contra quien ahora lo demanda por la supuesta autoría de hurto con abuso de confianza de una computadora. Javier Álvarez Argüello aparentemente llegó a traer la computadora de la oficina de su hermano, para garantizarse el pago de una deuda de 200 dólares, según documentos que el querellante trajo a END, en los que rolan escritos en los que pide a la Fiscalía que se pronuncie con la misma diligencia con la que lo llamaron a él y a su hermano a un trámite de mediación un día antes de la audiencia en el juzgado, elemento que sirvió para que el abogado de la contraparte promoviese un incidente alegando que aunque haya habido un cierre administrativo en lo que hace al hurto por parte de la Policía, es al Ministerio Público al que le corresponde desestimar o no los casos, pero la defensa alegó que denunciar un hurto no es delito sino un derecho constitucional. Para conocer por qué el Ministerio Público no se ha pronunciado como demanda Javier Álvarez nos pusimos en contacto con la oficina de la institución, pero la recepcionista simplemente colgó cuando le referimos que queríamos hablar con la fiscal Urania Fonseca, quien es la encargada del caso.