Sucesos

Dos supuestos homicidas a prisión


Lizbeth García

Dos hombres que supuestamente cometieron dos homicidios en lugares y horas distintas quedaron en prisión este martes en los Juzgado Cuarto y Sexto Penal de Audiencias de Managua, y aunque uno de ellos, Sergio Lucas Moncada Gómez, alegó que a la hora del crimen estaba cumpliendo con su deber como guarda de seguridad, igual se fue a la cárcel por disparar a la cabeza de un menor de 16 años.
El primer acusado es Elías Ariel Calderón Guardado, de 21 años, quien quedó en prisión por el homicidio de Leonel José González, de 19 años, hecho acaecido el tres de febrero, cerca de la entrada a la comarca Los Castro.

Un solo navajazo
La acusación que la fiscal Evelin Ávila presentó en el Juzgado Cuarto Penal de Audiencias establece que la víctima iba para su casa, el acusado lo interceptó y con una navaja pequeña le propinó una estocada en el tórax que le perforó el ventrículo derecho del corazón.
La Fiscalía dijo que antes de los hechos víctima y victimario discutieron, pero no se sabe por qué. La audiencia inicial de este juicio será el 14 de febrero a las diez de la mañana.
El segundo acusado es Sergio Lucas Moncada, quien enfrenta juicio por el homicidio de Franklin Antonio Castillo, quien el tres de febrero llegó con su hermano y un amigo a la chatarrera que el vigilante resguardaba en el barrio “Jorge Salazar”, empezaron a silbar, creyendo que se trataba del guarda que les vendía chatarra a precio de “guate mojado”, pero lo que recibieron fue una advertencia: “Si corren, les disparo”.
Castillo aparentemente ni tuvo la audacia de agacharse y recibió un disparo en la cabeza que le destrozó la masa encefálica. La Fiscal Silvia Sánchez señaló que para burlar a la Policía el acusado arrastró adentro de la propiedad el cuerpo, y disparó contra el hermano de Franklin cuando éste quiso ayudarlo, lo que agrava su delito.
La defensa, Flavio Rostrán, rebatió tal alegato diciendo que no hubo dolo y que si su cliente reaccionó así es porque la zona es peligrosa y hay que tomar medidas drásticas para garantizar la seguridad del negocio, lo que no implica justificación del delito.
La juez Margarita Romero admitió la acusación, programó la segunda audiencia del juicio para el 15 de febrero y dejó en prisión al imputado porque éste conoce las consecuencias del uso y manejo de un revólver 3.57.