Sucesos

Breves judiciales


Lizbeth García

Otro “desguasa-carros” en prisión
El juez suplente Tercero Penal de Audiencias, Marcos Suárez, admitió la acusación y las pruebas que la fiscal auxiliar Silvia Sánchez presentó en contra de Leonel o Leonidas Ernesto Aburto Loáisiga, quien fue acusado por lesiones y robo con intimidación en perjuicio del cadete Francisco Sáenz y de Javier Antonio Valle, dueño del taxi placas T20718, que fue encontrado desmantelado en la casa de Concepción Antonio García, ubicada en Ciudad Sandino, el 17 de septiembre de este año. El juicio para Aburto fue programado para el 13 de diciembre y mientras llega ese día el acusado deberá permanecer en prisión, porque el judicial consideró que el robo fue grave, ya que las tres personas que lo cometieron, entre ellas está el acusado, abusaron de su superioridad en número, usaron un arma de fuego, con la cual uno de los hechores golpeó al cadete Francisco Sáenz, ocasionándole una lesión. Los hechos ocurrieron el 15 de junio de este año, cerca del kilómetro nueve de la Carretera Vieja a León, cuando el cadete llevó a ese lugar a tres pasajeros, pero uno de ellos le colocó una pistola en el cuello y luego lo golpeó con ella en la cabeza. En ese momento, Leonel supuestamente amenazó a la víctima, la despojó de una cartera con 500 córdobas, el celular de 250 córdobas y después empujó al cadete fuera del taxi para llevarse el vehículo. Según la Fiscalía, Aburto tiene antecedentes por hechos similares, por los cuales está esperando juicio.

Contrademandan a Nicaautor
Ernesto Gil Baca, comerciante de 43 años, contrademandó en la vía civil a la Sociedad de Gestión Colectiva Nicaautor, representada por Juan Manuel Guerrero Cuadra, quien en conjunto con la Fiscalía promovió en su contra un juicio penal por supuesta violación de derechos de autor, mismo que se tramitó en el Juzgado Octavo Local Penal de Managua, donde el imputado fue condenado, pero como hubo un recurso de apelación, el juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, revocó la sentencia de primera instancia, lo que le brindó al acusado los elementos que necesitaba para reclamar en la vía civil los daños que habría sufrido y promover un embargo preventivo.