Sucesos

Aberración jurídica beneficia a sospechosos de robo y homicidio


Lizbeth García

La juez Segundo Penal de Audiencias, María Concepción Ugarte, revocó la prisión preventiva que la semana pasada les había decretado a Mardon Pérez Madriz, de 18 años, a Oscar Enrique Forno Ruiz, de 20, y a José Daniel Molina, alias “Balín”, de 18, quienes ahora deberán esperar bajo arresto domiciliar que llegue el juicio oral y público, programado para el once de diciembre.
Los tres jóvenes que este lunes se fueron a su casa están acusados por la supuesta autoría del homicidio de Carlos Alberto Ramírez Howard, de 20 años, quien según sus familiares era un joven sano y sin vicios que estudiaba tercer año de Ingeniería en Sistemas, hasta que murió baleado el 15 de septiembre de este año en Linda Vista, cuando se resistió al robo de su celular, valorado en 339 dólares.
La decisión de la juez provocó malestar en el padre de la víctima, Carlos Ramírez, quien dijo que no estaba de acuerdo con la medida que le dictaron a los supuestos homicidas de su hijo “porque la Policía tenía todo bien claro.
“Yo estoy muy dolido, porque él era mi único hijo, pero la justicia debe prevalecer y hemos puesto todo en manos del Señor”, agregó el desconsolado padre, quien declaró que no le extrañaba lo que pasó en el Juzgado Segundo Penal de Audiencias, donde días atrás un hombre que se hizo responsable por la tenencia ilegal de 36 fusiles AK fue liberado.
¿Juez o defensora?
Según acta de la audiencia inicial del juicio, la juez decidió revocarles la prisión a los tres acusados con la consecuente protesta del fiscal auxiliar Juan Canelo, porque éstos se presumen inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
Además, alegó que la prisión preventiva es una medida excepcional que puede ser sustituida por otra siempre y cuando no se trate de delitos graves relacionados al tráfico de drogas.
Durante la audiencia oral y pública ninguno de los tres abogados defensores hizo uso de los argumentos que la juez usó para fundamentar el cambio de medidas, centrando sus argumentaciones en las supuestas contradicciones entre la prueba ofrecida y la acusación, la incorporación de un nuevo elemento como es el “tope”, ya que aparentemente compró el celular robado, y la aparente subjetividad que existe en la relación de hechos.