Sucesos

Pistolero con un riñón “a cuestas”


Lizbeth García

Tras casi un año en fuga, la Policía capturó a Raymundo Efraín Moreno Ponce, de 20 años, supuesto miembro de la pandilla “La Raza”, acusado por la coautoría del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Eduardo Antonio Morales, quien perdió un riñón a consecuencia de un disparo.
Según la acusación que el fiscal Walter Centeno presentó en el Juzgado Octavo Penal de Audiencias ayer, los hechos ocurrieron el siete de agosto de 2005, cuando Morales, Jorge Javier Barrera Noguera y otros amigos estaban tomando en la pulpería “La Ponderosa”, y se les acabó el licor.
Barrera y dos amigos más se fueron cerca de los semáforos de Linda Vista a buscar cómo comprar más licor, momento en que fueron emboscados por la pandilla de “La Raza”, presuntamente integrada por Jimmy Antonio López, de 18 años; Ricardo Antonio Ocampo, de 21; Nelson Cruz Miranda, de 18, y Moreno Ponce.
Los pandilleros supuestamente atacaron a pedradas a las víctimas, que respondieron de la misma manera, pero como estaban en estado de ebriedad fueron rodeados y no pudieron huir, por lo que luego fueron agredidos con piedras y armas blancas. Llevó la peor parte Jorge Javier, quien recibió golpes en la cabeza y rostro que le provocaron un trauma cráneo encefálico, fractura en el parietal derecho y diversas heridas en la cara.
Los amigos de Jorge Javier regresaron a la pulpería donde se había quedado Eduardo Antonio, quien junto con el resto de sus amigos se dirigió al sitio de los hechos para ayudar al herido, pero allí los rodearon.
Repelidos a balazos
Según la Fiscalía, Raymundo supuestamente realizó cuatro disparos en contra de los acompañantes de Jorge Javier, con un arma calibre nueve milímetros, uno de los cuales impactó a Eduardo Antonio en la región lumbar. El proyectil salió cerca de la tetilla derecha y a su paso lesionó el hígado, el diafragma y el riñón derecho, por lo que los médicos se lo tuvieron que extirpar.
Durante la audiencia inicial con carácter de preliminar, la defensa del reo promovió un incidente de nulidad por defecto absoluto argumentando que su cliente había sido detenido de forma ilegal y violenta, pero la juez determinó que la actividad policial defectuosa acarrea responsabilidades administrativas y penales, pero no es a ella a quien le corresponde anular un acto policial.
Igualmente dijo que si hubo detención ilegal o abuso de autoridad, no impiden al juez conocer una causa y mucho menos constituyen causal para rechazar una acusación, de forma tal que admitió la acusación, las pruebas de cargo, le decretó la prisión al acusado y programó el juicio oral para el 29 de agosto.
La juez explicó que no podía aplicar otra medida porque el hecho acusado es grave, merece pena privativa de libertad, porque el acusado usó un arma y vive cerca de las víctimas y los testigos, lo que podría hacerla suponer que estando libre pudiera obstaculizar la averiguación de la verdad. Pero además porque uno de los acusados aún no ha sido capturado.