Sucesos

CSJ “desempolva”

* La tenían engavetada desde 2003

Lizbeth García

El ciudadano Dimas Heriberto Campos está muy conciente de que la “justicia tardía no es justicia”, pero no deja de celebrar el hecho de que casi tres años después de que interpuso una queja contra el juez noveno de Distrito Penal de Managua, Edgar Altamirano, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió “quitarle el polvo” al expediente del caso para abrir el proceso.
Efectivamente, por medio de una cédula judicial, el secretario de la Corte, Enrique Molina Barahona, le hizo saber a Campos que la queja número 820-2003 que promovió en contra del juez, el 16 de octubre de 2003, está abierta a pruebas “por el término de ocho días”.
El quejoso refiere que según boleta de ingreso de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas, el diez de diciembre de 2002 fue acusado junto a Modesta María Neyra Antón por robo con violencia y otros delitos en supuesto perjuicio de María de los Ángeles García.
Pero el 24 de diciembre, cuando el acusador llevó el libelo acusatorio al Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, el cual estaba a cargo del juez Edgard Altamirano, supuestamente cambiaron la acusación para incluir a dos personas más, quienes no aparecen mencionadas en la boleta número 89170 de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas.
Lo correcto hubiese que el acusador reingresara la acusación si quería acusar a más personas, agrega Campos en el escrito que presentó en la CSJ, donde se quejó del juez porque supuestamente éste le ordenó al secretario de actuaciones darle trámite a la acusación abriendo auto cabeza de proceso el nueve de enero de 2003, pese a la evidente anomalía, dado que la acusación no tenía ni la rúbrica ni sello del receptor de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas.
El aludido secretario, al rendir informe ante la CSJ sobre el caso, dijo que la boleta de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas es sólo un control meramente administrativo, pero es el juez quien decide si admite a no la acusación atendiendo a los requisitos de ley, y fue por órdenes de su superior que abrió el proceso.
Juez. “Caso cerrado”
Pero el quejoso no sólo recurrió contra el juez por eso, sino porque supuestamente a la fecha el juez no ha emitido sentencia, pese a que la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua le ordenó administrar justicia sin retardo.
El juez Altamirano dijo, vía telefónica, que contestó “hace años” la queja, y que la misma no tenía razón de ser porque la sentencia que reclama el quejoso “ya salió”.
Igualmente, Altamirano aseguró que la CSJ ya cerró el caso.