Sucesos

Queman estación policial para liberar a narcotraficante

* Comarca Champigny, de Jalapa, Nueva Segovia, vive bajo la ley de la selva, y ni las autoridades escapan de la violencia

Leoncio Vanegas

JALAPA, NUEVA SEGOVIA
La captura de un presunto vendedor de marihuana, en los alrededores de la casa comunal de la comarca Champigny, donde se realizaba un bailongo con una estridente discomóvil, a eso de las once de la noche del último domingo, sirvió de detonante que abrió paso al vandalismo en contra de unos seis agentes policiales y la quema de la estación de la institución de seguridad pública.
Afortunadamente no se reportan víctimas ni lesionados por la trifulca. “Eran unas cien personas las que nos agredieron, más unas 300 que estaban en la fiesta. Optamos mejor por retirarnos del lugar, de lo contrario, estuviéramos lamentando algo peor”, dijo uno de los gendarmes que resguardaban el lugar siniestrado.
Jefe policial huyó
Evaristo Rizo Martínez, de 29 años, había sido detenido por los gendarmes, por habérsele hallado en sus bolsillos 17.9 gramos de marihuana. Momentos después aparecieron familiares del presunto traficante de estupefacientes, quienes apoyados por numerosos compinches de éste, lanzaron una lluvia de piedras sobre los policías e iniciaron el siniestro.
Un testigo de los hechos dijo que el jefe policial del lugar --de apellido Landero-- estaba en el interior de la oficina y tuvo que salir en estampida por una puerta alterna, “de lo contrario hubiera quedado chamuscado”, relató. Rizo Martínez continuó en poder de la Policía y a estas alturas está en las cárceles de Ocotal.
Las llamas redujeron a carbón y cenizas dos camas de madera con sus colchones, un escritorio, tres sillas plásticas y tres de madera. Además, el siniestro desfiguró el techo metálico y quemó toda la instalación eléctrica. El fuego no prosperó debido a que la estructura es de metal y las paredes de asbesto, y no está ligada a viviendas del vecindario.
Las pérdidas pueden ser cuantiosas si la restauración implica un reemplazo parcial del edificio, a lo que también deben responder los primeros 10 detenidos, que serán acusados por los delitos de atentar contra la autoridad, daños a la propiedad pública y alteración del orden público. Es la segunda ocasión en que vándalos del lugar incendian las instalaciones policiales, que se creó desde hace tres años, con la finalidad de restablecer el orden, alterado por la actividad de grupos juveniles o pandillas.
“Muchas familias se han ido del lugar. Vendieron sus casas porque no aguantaron la violencia”, dijo Marta Lucía Montiel, una activista del ONG “Mujeres Oyanka”, que también lucha contra la reinante violencia intrafamiliar.
La comarca de más de 3 mil habitantes no ha logrado una estabilidad social desde que se asentó aquí en 2002, en unas 500 viviendas que el gobierno construyó con financiamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA).