Sucesos

Duro cabestro para “El caballo”

* Le dieron nueve años de encierro

Lizbeth García

En sentido figurado, la juez Tercero Penal de Juicio, Rosario Peralta, “le puso un cabestro” a Henry Jairo Poveda Sandoval, de 39 años, conocido en el ambiente delictivo como “El Caballo”, al condenarlo a nueve años de prisión por la autoría de los delitos de portación ilegal de armas y tenencia y uso de armas del Ejército y la Policía.
La Fiscalía había solicitado diez años de encierro para Poveda, pero al valorar los atenuantes y agravantes, la judicial “le rebajó” un año.
Junto a “El Caballo” también fueron declarados culpables Eyli Ramírez, de 20 años; Edda del Socorro Salinas, de 48; Luis Antonio Cárdenas y Oscar Danilo Gutiérrez, de 25 años.
La juez condenó a ocho años de prisión a los primeros tres, y a Oscar Danilo Gutiérrez sólo le impuso un año de cárcel. Todos ellos sólo fueron declarados culpables por un delito.
Según la acusación que la Fiscalía interpuso contra “El Caballo”, el pasado 28 de octubre la Policía detuvo a Poveda, Gutiérrez y Ramírez cuando éstos circulaban en las cercanías del puente El Edén, con actitud sospechosa.
Al requisarlos, la Policía confirmó sus sospechas, pues les encontraron tres armas, lo que los llevó a allanar la casa de “El Caballo”, en el barrio “Carlos Marx”, en Managua. Ahí encontraron dos granadas. En el lugar estaban Edda del Socorro Salinas y Luis Antonio Cárdenas.
El fiscal Arnulfo López explicó que durante el juicio fueron determinantes como pruebas de cargo los nueve testigos que presentaron y las actas de ocupación de las dos granadas y otras armas.
La juez Rosario Peralta explicó que durante el juicio sólo lograron comprobar la posesión ilegal de las armas, pero no la procedencia de las mismas. “La cadena (de procedencia) sólo los acusados la saben”, remató diciendo el fiscal Arnulfo López.
Como se recordará, “El Caballo” también fue acusado por el homicidio del vigilante de Finarca, Carlos José Picado, de 36 años, quien recibió un balazo en el abdomen cuando intentaba impedir que los delincuentes efectuaran el asalto. En este caso, Poveda no fue a juicio por falta de pruebas.