Política

Legalizan escuchas de las comunicaciones

* Diputados prevén chantajes políticos o de cualquier otra índole a través de la grabación de conversaciones personales

Una fuerte polémica desató entre los diputados ante el Parlamento nicaragüense, el artículo 62 de la Ley contra el Crimen Organizado, -el nombre es más extenso-, que faculta al Ministerio Público y a la Policía Nacional, previa autorización judicial, para interceptar cualquier comunicación telefónica o electrónica durante la investigación que se realice por presunta comisión de delitos vinculados al crimen organizado.
La desconfianza de los legisladores es que la interceptación de las comunicaciones de los ciudadanos nicaragüenses, puedan ser utilizadas como arma para el chantaje político o de cualquier otra índole.
“En los casos de investigación de los delitos previstos en esta ley, a solicitud expresa y fundada del Fiscal General de la República o del director general de la Policía Nacional, los jueces de Distrito de lo Penal podrán autorizar a éste el impedir, interrumpir, interceptar o grabar comunicaciones, correspondencia electrónica, otros medios radioeléctricos e informáticos de comunicaciones, fijas, móviles, inalámbricas y digitales o de cualquier otra naturaleza, únicamente a los fines de investigación penal y de acuerdo a las normas establecidas en el Código Procesal Penal”, se lee en el artículo 62 denominado “interceptación de comunicaciones”, aprobado ayer.

No es espionaje
Quien más se opuso a este artículo fue el legislador Carlos García Bonilla. Al final, el artículo, incluido en el capítulo VIII fue aprobado 73 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Es el único capítulo de los 10 aprobadas hasta el momento, que no cuenta con el consenso total, pero sí con una mayoría irrefutable.
El diputado liberal y presidente de la Comisión de Justicia, José Bernard Pallais Arana, aclaró que la interceptación de comunicaciones por estos delitos no tiene nada que ver con el “espionaje político” que puedan realizar algunas entidades de inteligencia que, por demás, recordó, en Nicaragua es ilegal el espionaje.

Polémica por quien administra bienes
Por otra parte, ya se dejó establecido que los bienes y dinero en efectivo incautado o decomisado por delitos vinculados al crimen organizado serán depositados y administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otro de los puntos que provocó una enconada polémica durante el proceso de consultas de la legislación.
El Ministerio de Hacienda será el encargado de administrar y luego distribuir equitativamente los bienes entre las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado, entre ellas, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.

Policía espera salir beneficiada
La directora general de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, dijo que esta institución espera ser beneficiada con la aprobación de la Ley contra el Crimen Organizado y que ya han hecho las observaciones correspondientes para que sean tomadas en cuenta por los legisladores.
“La Policía Nacional espera que sea favorecida con las incautaciones que se hacen al narcotráfico porque estos mismos recursos que nosotros incautamos con las uñas, enfrentándonos a un monstruo diríamos son los que nos sirven para continuar haciendo el trabajo que tanto bien está haciendo a Nicaragua y a la región”, afirmó Granera.
Diputados de la oposición al Gobierno en la Asamblea Nacional han cuestionado algunos puntos de dicha Ley en lo particular, ya que consideran que se corre el peligro que se deje a discrecionalidad el actuar de los oficiales y funcionarios del sistema judicial, sobre este punto la jefa policial prefirió evadirlo.