Política

Lo que Roberto Rivas no tomará de la legislación mexicana

* En México no se permiten las Alba-elecciones disfrazadas de bonos y otras dádivas * Mauricio Zúñiga dice que no hay razones para que el presidente de facto del CSE intimide desde ya a la observación internacional

Leonor Alvarez

El director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, Mauricio Zúñiga, recomendó ayer al magistrado de facto del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes, que si va a copiar la legislación mexicana con relación a los preceptos de observación electoral, también lo haga sobre la “estricta” prohibición de financiamiento exterior a partidos políticos y la sanción y fiscalización “efectiva” que realiza el Tribunal Federal Electoral, en el uso o abuso de los bienes del Estado en campaña electoral.
Zúñiga, que representa un organismo de observación electoral, contestó de esa manera la advertencia que hizo Rivas la semana pasada, de expulsar a los observadores que hagan “señalamientos al proceso electoral”, lo cual, según el magistrado de facto, estará incluido en la normativa electoral de las próximas elecciones de 2011.
El director del Ipade afirmó que en México –durante elecciones- no hay observación internacional acreditada, y explicó que las misiones extranjeras sólo “llegan, observan el proceso y luego se van sin emitir criterio alguno”, porque “los mexicanos son muy sensibles a cualquier intromisión extranjera”.

“Mensaje de intimidación”
Sin embargo, recordó que de antemano, todos los reglamentos de observación internacional contemplan como prioridad “respetar la soberanía del país”, por lo tanto, dejó entrever que no hay razón para que el CSE esté enviando “mensaje de intimidación” a las misiones de observación internacional. Además, aseguró que “las misiones de observación siempre han sido respetuosas” durante los más de 10 procesos electorales que ha presenciado el Ipade en Nicaragua.
En este sentido, Zúñiga mejor recomendó al CSE, copiar otras normativas de la legislación mexicana, referidas a la prohibición del uso de medios y recursos públicos, para el impulso de actividades partidarias, como está demostrado que lo hace el partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, en Nicaragua, donde utilizan los vehículos del Estado en plenas campañas electorales y también en actividades políticas partidarias, para beneficio de sus militantes.
En ese sentido, Zúñiga también explicó que el objetivo de los observadores electorales en Nicaragua, es ver el proceso, emitir recomendaciones técnicas y exteriorizar preocupaciones acerca de las debilidades en el sistema electoral.

Observadores no son “Shakira”
Sin embargo, Zúñiga expresó que las misiones de observación no pueden ser “ciegas, sordas y mudas”, cuando están ante irregularidades que ponen en riesgo las garantías del proceso electoral.
“Las misiones de observación no pueden cerrar los ojos a situaciones de anomalías e irregularidades, porque el carácter de ser una misión técnica no indica que no se hagan señalamientos para mejorar el sistema electoral”, opinó el director del Ipade.
Zúñiga asegura que la polémica del CSE tiene su origen en las irregularidades ocurridas en las elecciones municipales del nueve de noviembre 2008, cuando diversos sectores de la sociedad y de la política, denunciaron el fraude “mejor documentado” de la historia de Nicaragua.
También manifiesta que todo forma parte de la crisis global que viven las instituciones del Estado, debido al pacto entre el partido de gobierno FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, “que llevaron a una partidarización extrema a las instituciones públicas”.

Elecciones con el mismo CSE serían fin de la legalidad
Para Zúñiga lo importante es reconstruir las instituciones a partir de un consenso que tenga la legitimidad social necesaria, para generar estabilidad en el país, además de que se respeten las Leyes.
De lo contrario considera que en 2011, se van a realizar unas elecciones con un CSE cuestionado, con unos magistrados que no son de confianza, con una observación electoral internacional “amenazada” y probablemente sin observadores nacionales, como ha ocurrido en los últimos procesos electorales.
Ipade impulsa una propuesta de Reformas básicas a la Ley Electoral 331, sin afectar la Constitución Política de Nicaragua, pero no ha sido tomada en cuenta por los diputados de la Asamblea Nacional.

¿Rivas, funcionario de Migración?
La vocera de la Coordinadora Civil, Luisa Molina dijo ayer que nadie ha facultado a Roberto Rivas “para que asuma tareas de migración” que no le corresponden, en alusión a la advertencia que hizo de expulsar a los observadores internacionales, que cuestionen el proceso electoral 2011.
También criticó la actitud prepotente no sólo de Rivas, sino de todos los funcionarios “que se arrogan un derecho que nadie les ha entregado”, en referencia a quienes se mantienen en cargos vencidos, atenidos a un ilegal decreto presidencial.
“Ellos son funcionarios de facto, pagados por los nicaragüenses, no son dueños de la República de Nicaragua, ni tampoco son dueños de la Ley, mucho menos de la Constitución”, dijo la vocera de la CC, quien ayer se pronunció sobre los principales problemas del país, en nombre de las redes territoriales.