Política

Nicaragua rechaza ley de Arizona


Managua, EFE

Nicaragua expresó ayer su “preocupación, rechazo y su más enérgica condena” a la ley promulgada por el estado de Arizona, Estados Unidos, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
Un comunicado del Gobierno de Managua divulgado ayer afirma que esa ley “es a todas luces, violatoria de los más elementales derechos humanos de estas poblaciones hispanas que se han visto obligadas a emigrar hacia ese país”.
Señala que los hispanos emigran a Estados Unidos “por la difícil situación económica que sufren los países del sur de donde son originarios, como resultado del injusto modelo económico existente”.
Al Gobierno de Nicaragua, agrega la nota, le preocupa profundamente la integridad física de casi medio millón de trabajadores hispanos indocumentados, que se encuentran actualmente en el estado de Arizona.
A juicio del Gobierno de Managua, esta Ley puede dar pie igualmente, “a una persecución aún mayor de los casi 12 millones de trabajadores hispanos indocumentados”, que se encuentran actualmente en todo el territorio estadounidense.

Es discriminatoria
Ayer mismo, los diputados ante el Parlamento Centroamericano, Parlacén, emitieron una resolución de “rechazo y condena” contra la Ley “SB-1070”, aprobada por el Estado de Arizona, la cual, según los legisladores de la región, criminaliza a los inmigrantes latinoamericanos y a quienes les ayuden de alguna manera.
En la resolución, los diputados centroamericanos expresan su “profunda preocupación ante el Congreso y el Senado de los Estados Unidos por la falta de voluntad política en la aprobación de la Reforma Migratoria Integral, que trae como consecuencia la implementación de políticas antiinmigrantes, xenófobas, racistas y discriminatorias como la reciente Ley SB-1070 del Estado de Arizona”.
La resolución del Parlacén considera que “la discriminación (generada por la legislación de Arizona) vulnera el sentido y contenido de la democracia; y en el concierto de las naciones se debe trabajar por tratar, en la medida de lo posible, de que el principio de la igualdad y el derecho a la no discriminación no sólo sea reconocido, sino también efectivo”.