Política

Política acaba con seguridad juridica del país

En medio de la actual crisis institucional, los mecanismos jurídicos para buscarle una solución están inhabilitados por el quehacer político. Desde la sentencia 504 del 19 de octubre de 2009 hasta el decreto presidencial 03-2010 y el revivido artículo 201, son indicios de que en el país no hay seguridad jurídica

Leyla Jarquín

Así lo analizó el constitucionalista Omar García Palacios, quien lamentándose asegura que en Nicaragua “lo político provoca la crisis, se mueve sobre la crisis y después sale de salvador de esa crisis”, dejando a un lado los recursos jurídicos.

¿Hacia dónde va Nicaragua con la CSJ y la Asamblea Nacional en crisis?
En el fondo, lo que hay es una clara manifestación del Poder Ejecutivo de buscar un acuerdo político en relación al nombramiento de los funcionarios que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Un acuerdo en el que se mantengan las cosas tal como están, porque el hecho de que el Presidente de la República haya presentado en sus candidaturas a las mismas personas que están actualmente dirigiendo ciertas instituciones del Estado, es una clara manifestación de decir: “Yo quiero continuar con estas personas, si vos querés proponer a quien querrás proponer ese es tu problema, pero los míos son estos candidatos”, y ese sentido se tendría que entrar a un proceso de negociación sobre esos candidatos, sobre todo cuando estos propuestos han sido criticados, como el presidente del CSE que ha sido altamente cuestionado en cuanto a su comportamiento durante los procesos electorales.
¿Cómo afectaría esto a las esferas económicas, sociales y políticas del país?
No es un buen signo. En la actualidad Nicaragua tiene unos niveles de inseguridad jurídica que nunca antes se habían manifestado. Lógicamente, la inestabilidad política sumada al tema de la inseguridad jurídica no es nada bueno para crear un clima de estabilidad económica, y en relación con los ciudadanos creo que los mensajes son pésimos… lo que el ciudadano común y corriente puede captar es que, lamentablemente, no hay una capacidad de los actores políticos de este país para ponerse de acuerdo en desarrollar un programa que vaya en beneficio de todos, no solo en beneficio de ciertos actores políticos o de ciertos intereses particulares.

Llama la atención la expresión “inseguridad jurídica”… ¿cuáles son los indicios de esa inseguridad jurídica?
La sentencia (504) del 19 de octubre en la cual se le permite al presidente actual volver a postularse para el próximo período presidencial, todo en contra de la misma disposición de la Constitución que prohíbe esta posibilidad. Desde ahí se lanza el mensaje de que el sistema no está funcionando, y ese mensaje viene del Poder Judicial.
El Decreto Ejecutivo número 03-2010, con el cual el Presidente prorroga y ratifica en el cargo a una serie de funcionarios que son electos solo por la Asamblea Nacional.
Luego, unos funcionarios a los cuales se les terminan su mandato deciden continuar en el cargo porque consideran que ese decreto (03-2010) es legal y constitucional.
La aparición de una norma en la Constitución que tenía un carácter transitorio, una finalidad específica ubicada en un momento específico como era 1987, se toma como un elemento para justificar los actos que han venido sucediendo.
Todo eso repercute en todo el quehacer de este país, porque manda el mensaje que quien ejerce el poder no lo hace conforme al ordenamiento jurídico, sino por vías que se alejan totalmente del ordenamiento jurídico.

¿Cuál sería la salida legal a esa situación?
Esto inició entre el Ejecutivo y el Legislativo con unas acciones concretas del Ejecutivo invadiendo competencias del Legislativo, y eso ha ido irradiándose al resto de instituciones que conforman el Estado nicaragüense. En un estricto Estado Democrático, rápidamente se pudiera activar el mecanismo de control jurisdiccional ante el órgano competente, en este caso una CSJ, un Tribunal Constitucional o todo aquel que tenga la potestad de ejercicio de control de constitucionalidad, y a lo mejor ahí se podría resolver esta situación, pero, ¿qué sucede en la práctica y en la actualidad? La situación se ha trasladado al órgano que podría resolver ese conflicto como es el Poder Judicial, entonces se encuentra en un momento en que ya los mecanismos jurídicos no son suficientes para resolver el conflicto. Los mecanismos jurídicos han sido desbordados, y han sido desbordados por los propios actores políticos.
Por ejemplo, la Asamblea podría conseguir los 47 votos y emitir una ley que derogue el decreto 03-2010, pero lo más seguro es que alguien va a salir con un recurso por inconstitucionalidad o con un recurso de amparo, y tan rápido como se dictó la sentencia de octubre se va a resolver, y a través de la Sala de lo Constitucional --con los mismos seis magistrados que han venido emitiendo todas esas resoluciones-- la Corte va a decir que todo es constitucional y que la Asamblea no podía hacer lo que hizo. Entonces, a pesar de que existan los mecanismos jurídicos para ejercer control, lamentablemente sus encargados operan bajo otros criterios que no son estrictamente jurídicos como debería ser en cualquier país civilizado normal del mundo que se jacte de tener un buen sistema judicial.

¿Hay antecedes de este tipo de situaciones en Nicaragua y cuáles han sido las salidas?
Ha habido. En Nicaragua las instituciones del Estado han tenido conflictos, pero los conflictos no han llegado a los niveles de obstaculización como los de la actualidad. Al final, lamentablemente, siempre ha habido una salida política a todo, y esa es una de las grandes debilidades que tiene el Estado democrático nicaragüense. El quehacer político no se ajusta al ordenamiento jurídico. El quehacer político provoca crisis, genera crisis, mantiene las crisis, y cuando ya aquello va a estallar sale como gran salvador de esa crisis no utilizando los mecanismos jurídicos, sino instrumentos meramente políticos.

Hagamos democracia denuncia
El organismo cívico Hagamos Democracia deploró y denunció a través de un pronunciamiento oficial una “sistemática afectación de nuestro Estado de Derecho”.
Entre los principales atropellos, Hagamos Democracia menciona “la seudo sentencia de los magistrados FSLN de la Sala Constitucional, que opinaron que el presidente Daniel Ortega puede optar a la reelección presidencial; el inconstitucional Decreto 03-2010 del Presidente de la República, mediante el cual ratifica y prorroga el plazo de diversos funcionarios miembros de poderes e instituciones del Estado, y la seudo sentencia de magistrados sandinistas de la Sala Constitucional declarando la validez de tal Decreto Presidencial 03-2010”