Política

FSLN desesperado

* Diputados del FSLN dejan en ridículo al presidente Ortega, quien tuvo que recurrir al decretazo de enero * Magistrado Rafael Solís lo ve como un “descubrimiento” que respalda al decretazo * “Eso del transitorio es puro cuento”, dice diputada Alba Palacios

El panorama político del país pinta sombrío por la nueva estrategia del Frente Sandinista para legitimar el Decreto Presidencial que prorrogó en sus cargos a 25 funcionarios de Estado a quienes se les vence su período.
Por un lado, los opositores al gobierno califican de “desesperado” el argumento dado por el presidente del Parlamento, René Núñez, quien en días recientes aseguró que en el artículo 201 de la Constitución Política de 1987 se faculta transitoriamente a los magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ; Consejo Supremo Electoral, CSE, y demás funcionarios públicos, a mantenerse en sus cargos mientras son electos sus sucesores.
Según Núñez, el párrafo segundo del mencionado artículo nunca fue suprimido mediante una reforma oficial, sino por “una omisión constitucional”.

Ecos de defensa
Los oficialistas emprendieron ayer una campaña de defensa. A criterio de la legisladora por el FSLN, Alba Palacios, “éste no es tema de si acepta o no. Aquí están los textos, los autógrafos, el diario debate (pero hubo) errores a la hora de la refundación. Eso es lo que establece nuestra Carta Magna. Guste o no”, dijo.
“Eso del transitorio es puro cuento”, sostiene Palacios. Sin embargo el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, considera que el artículo 201 se redactó en un momento histórico que atravesaba el país que ya está superado.

Entonces, ¿por qué el decretazo?
“Si se hubiera tenido la visión de que ese artículo existía y estaba vigente lo hubieran invocado en el Decreto 03 2010, pero no está entre sus fundamentos jurídicos”, agregó Martínez.
El diputado Eduardo Montealegre coincide en este sentido con el magistrado, pues considera que si el partido de gobierno hubiese contemplado desde un principio ese argumento, aparecería en los “considerandos” o “por lo tantos” del Decreto 03-2010, pero en cambio aparece como “conejo sacado del sombrero”.
Los diputados del FSLN, a juicio de Martínez, “se están enredando jurídicamente, y todo con el objetivo de mantener en sus cargos a los funcionarios públicos, a quienes este año se les vence el período”.

“Cualquier artificio”
“Es una interpretación que hacen los políticos de que ese artículo se refería a los magistrados nada más de la época, pero el artículo no lo dice. El artículo está en disposiciones finales y transitorias, pero mientras no se derogue es obligación de los funcionarios permanecer en sus cargos mientras no se nombre a los nuevos”, considera, por su parte, el magistrado de la CSJ, Rafael Solís, propuesto para ser reelecto en el cargo.
El diputado por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, opina que “están buscando cualquier artificio, cualquier artimañaza para ver cómo hacer” y validar la decisión presidencial.

“Un descubrimiento”
Solís calificó como “descubrimiento” lo dicho por el presidente del Parlamento, e insistió en que el Decreto Presidencial fue “necesario”.
“El decreto fue necesario porque, obviamente, este descubrimiento tengo entendido lo hizo el equipo jurídico de la Asamblea Nacional, en ese momento el presidente de la República no lo conocía, si no, lo hubiera citado en los considerando. El decreto sigue válido porque no se ha derogado, yo me quedo en base al decreto y al artículo de la Constitución, dos instrumentos legales.

“Leguleyada”
Montealegre calificó el nuevo argumento como una “leguleyada extrema”, y manifestó que al presidente Daniel Ortega sólo le falta decretar que ningún pariente de la familia Somoza puede aspirar a los cargos públicos, como lo hizo una vez el partido de gobierno en los años ochenta.
Ayer también la diputada Alba Palacios dijo que la decisión del legislador Alejandro Ruiz no tiene razón de ser porque “está vigente” el artículo 201, y el anteproyecto de ley que deroga el Decreto 03 2010 es “ilegal”.

(Con la colaboración de Mercedes Vanegas y Leonor Álvarez)