Política

¿Pactar o no pactar? ... esa es la cuestión


Ary Pantoja

De julio a diciembre de 2008, la dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, expresó hasta la saciedad que no negociarían con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, la reelección de René Núñez Téllez como presidente de la Asamblea Nacional. El 16 de enero de 2009, todos los comunicados oficiales y las múltiples e incansables declaraciones ante los medios de comunicación de los personeros del PLC se fueron al cesto de la basura.
Núñez Téllez no sólo fue reelecto en el cargo, sino que toda la Junta Directiva del Parlamento quedó repartida entre los tres actores de turno, incluyendo a la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, la misma que hoy intenta erigirse en la “bisagra” parlamentaria para sacar unos tres cargos, aunque para efectos de alianza con el FSLN sus votos no cuentan para sumar 56.
En aquella ocasión, el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán Lacayo, negoció la reelección de René Núñez, por su “liberación”, a través de una cuestionada sentencia que ese mismo día --16 de enero-- emitieron los magistrados liberales de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la misma hora que era elegida la Junta Directiva del Parlamento.
Poco más de un año después, la historia política de Nicaragua parece atravesar por una especie de dejavu, pues con el mismo ahínco de 2008, los diputados del PLC aseguraban hasta hace tres semanas que no negociarían con el FSLN el nombramiento de los 25 funcionarios.
La semana pasada, el panorama empezó a cambiar. Arnoldo Alemán y su socio político ocasional, Eduardo Montealegre Rivas enfrentan un sistema judicial controlado por Ortega. Ambos dirigentes opositores son acusados por delitos vinculados a actos de corrupción cuando estuvieron en el gobierno en deferentes momentos. Al parecer, la presión judicial del FSLN ha tenido algunos efectos, pues en estos días, tanto Montealegre como algunos dirigentes del PLC han llamado al Frente Sandinista a negociar los cargos.
No obstante, los opositores mantienen su posición de “respetar los acuerdos de Metrocentro II”, que, entre otras cosas, obliga a los firmantes a no respaldar la reelección de ninguno de los 10 magistrados --siete propietarios y tres suplentes--, del CSE. Pero esto está por verse, porque algunos diputados incondicionales de Montealegre, como Enrique Quiñónez Tuckler, han dado muestras de ser “libre pensador”.

Los fracasos de la oposición
El fracaso de la oposición por aprobar en la Asamblea Nacional una Ley de Amnistía hizo “flaquear” la posición de los diputados liberales en torno a los nombramientos, tanto así, que la semana pasada hicieron vehementes llamados al FSLN a iniciar una negociación, pacto, o como le llamó muy eufemísticamente Eduardo Montealegre, “un acuerdo legislativo”.
Los diputados oficialistas se hicieron los desentendidos. El jefe de bancada del FSLN, Edwin Castro, aseguró que no han recibido ninguna comunicación oficial y escrita de parte de los opositores para negociar. “Nosotros somos serios, no se llama a platicar a través los medios de comunicación”, dijo Castro.
Los diputados opositores enviaron el 18 de febrero una comunicación escrita a Edwin Castro, haciéndole saber de su disposición a negociar
En tanto, el jefe de bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y presidente de la Comisión Especial, Ramiro Silva Gutiérrez, dijo a EL NUEVO DIARIO, que si Montealegre no acepta “pactar con el Frente Sandinista”, para elegir a los 25 cargos, le sucedería lo mismo que con la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, es decir, que no obtuvo ninguno de los siete puestos.
En varias ocasiones, el primer secretario del Poder Legislativo y primer vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro Moreira, ha señalado que su partido jamás cederá cuotas de poder, y que esto es lo que los llevó a pactar con el Frente Sandinista durante la elección de la Junta Directiva del Parlamento.
En iguales términos se ha referido el mismo Arnoldo Alemán, quien no está dispuesto a ceder ninguna de las cuotas de magistrados que le corresponde en la Corte Suprema de Justicia, y en la Contraloría.
Entre el Frente Sandinista y el PLC suman 61 diputados, cinco más de los que se necesitan para nombrar a los 25 funcionarios. Si ambos partidos se “ponen de acuerdo”, con ALN, sumarían 67 votos, los mismos que se juntaron el 16 de enero de 2009 para elegir a la actual Junta Directiva.

Los escenarios
Ninguno de los diputados se atreve a analizar los posibles escenarios en este proceso de selección de los candidatos a magistrados del Poder Electoral, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, contralores colegiados, y procurador y subprocurador de Derechos Humanos.
El diputado del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Enrique Sáenz Navarrete, señala que sólo hay dos escenarios posibles. El primero, el que señala como “el camino al despeñadero” que, según Sáenz, la constituiría la reelección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral.
El otro escenario, agrega, es “el correcto”, es decir, aquel en el que los diputados de la oposición “se paren duro y se amarren los pantalones frente a la dictadura orteguista, y elijan a mujeres y hombres de bien, calificados profesional y moralmente”, tanto para magistrados del CSE como para magistrados de la CSJ y de la Contraloría General de la República.
El diputado del PLC, Maximino Rodríguez Martínez, prefiere no hacer conjeturas en torno a las negociaciones que se avecinan entre su partido y el FSLN. Rodríguez ha sido muy cauto en los últimos días con las declaraciones que brinda a los medios de comunicación, considerando que su magistratura en el CSE está casi garantizada en un nuevo pacto, y, sobre todo, porque “ha sonado muy fuerte” la posibilidad de convertirse en el presidente del Poder Electoral.
Ante esta situación, algunos de los legisladores que prefieren el anonimato, señalan que el FSLN estaría dispuesto a “sacrificar” a Roberto Rivas Reyes, con tal de que en el futuro cercano se aprueben unas reformas constitucionales para establecer de una vez la reelección presidencial. Sin embargo, esta posibilidad, no es compartida por el diputado Enrique Sáenz.
Otro de los escenarios es que, ante la presión judicial, Arnoldo Alemán Lacayo, ceda algunos de sus diputados para respaldar el nombramiento de los 25 funcionarios, aunque siempre está latente lo que comúnmente llaman “los cañonazos” para algunos legisladores “independientes” o de las bancadas minoritarias.
El legislador Maximino Rodríguez insiste en no especular sobre los escenarios de negociación, y recordó que el PLC junto con la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, encabezada por Eduardo Montealegre, conformaron la semana pasada una comisión para que negocie con el FSLN, con la condición de respetar los acuerdos de “Metrocentro II”.
El Frente Sandinista, a través de los diputados Edwin Castro y José Figueroa Aguilar, respondió que está dispuesto a conversar, pero “sin condiciones previas”, lo que significa que no permitirán el veto para ningún candidato que propongan para los cargos y que insistirán en la reelección de Roberto Rivas, así como del contralor liberal, Guillermo Arguello Poessy.
La conformación de la comisión negociadora de la oposición, coincidió con el llamado que hizo a través de los medios de comunicación, el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, en el sentido de que su partido, el FSLN, está listo para negociar bajo las condiciones que sean necesarias.
Además, a través de un comunicado, el PLC dejó claro que “está listo para negociar con el FSLN”.

Fugas y fugaces
Otro escenario que pasó fugazmente por la palestra política fue la consecución de varios diputados por parte de Enrique Quiñónez para que, con los cinco legisladores de ALN, negociaran bilateralmente con el FSLN. En esta hipótesis, Quiñónez obtendría una magistratura electoral, y para ello contaría con el respaldo del FSLN y de algunos diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense, que “desertarían” temporalmente del alero “eduardista”.
Quiñónez ha negado esta versión, aunque afirma que si el PLC trata de “dispararse” solo con el FSLN, hay forma de contrarestarlo con una oferta diferente al partido de gobierno.
El jefe de la Bancada Unidad Nicaragüense, BUN, Guillermo Osorno Molina, es claro en su posición, y admite que grupos como el que él representa no tienen ninguna oportunidad de entrar e negociar. A juicio de Osorno Molina, la suerte está echada en torno a los nombramientos pues basta que “las dos grandes fuerzas políticas”, el FSLN y el PLC, se pongan de acuerdo para nombrar a las personas que quieran. Éste es el único escenario que Osorno ve probable.
Esta semana se reanudan las sesiones plenarias en el Parlamento, por lo que se espera que los diputados liberales presionen con la aprobación de la Ley para derogar el Decreto Ejecutivo 03-2010, emitido el 9 de enero por el presidente Daniel Ortega, mediante el cual prorrogó inconstitucionalmente el período de los funcionarios, cuyos cargos vencen en el transcurso de este año.
Los acercamientos y las negociaciones políticas podrían comenzar informalmente en el hemiciclo legislativo, justo cuando el gobierno pretende aprobar algunas leyes de su interés.