Política

Vivimos “una democracia confiscada”


Los analistas usan diferentes términos para explicar lo que sucede con el Estado de Derecho en Nicaragua, y, al final, llegan a una misma conclusión: Impera el Estado de hecho. O mejor, vivimos en una “democracia confiscada”.
A esa conclusión llegan luego de la respuesta que los opositores dieron a las arbitrariedades que desde hace algunos meses comete el presidente Daniel Ortega, para inclinar la balanza a su favor durante las negociaciones políticas.
“El Estado de Derecho está siendo vulnerado constantemente debido a la partidización de las instituciones. Esto hace que la credibilidad de las instituciones se disminuya de una forma acelerada, no solamente las instituciones del Estado, sino de la vida cotidiana de los nicaragüenses”, sostiene el ex procurador Alberto Novoa.
El filósofo y jurista Alejandro Serrano Caldera describe el panorama político del país de la siguiente manera: “Lo que hay es un ataque masivo de parte del poder y una defensa (de parte de la oposición) donde se usa cualquier cosa aunque no corresponda a las circunstancias específicas, y una vida coyuntural en donde no tenemos un proyecto de país, no tenemos seguridad jurídica, no tenemos confiabilidad en las instituciones y en los funcionarios, donde sabemos que ya no vivimos en un Estado de Derecho, sino en una democracia confiscada”.

Los riesgos de la amnistía
Ante la presión que está ejerciendo el presidente Daniel Ortega a los opositores a través de la reapertura de tres juicios a Arnoldo Alemán, éstos están impulsado un proyecto de amnistía que beneficiaría a todos los funcionarios acusado por corrupción durante los últimos tres gobiernos, exactamente entre el 25 de abril de 1990 y enero de 2007.
“De aprobarse esta amnistía vendría a darle patente de corso a cualquier otra actividad delictiva al patrimonio nacional. Sería una bofetada a la inteligencia popular, ya que no sólo se pretende exculpar a las personas con nombre y apellido, sino a cualquier otro, a las esposas, a las ex esposas. Es tan amplio el universo, que allí cabemos todos, cosa que no puede haber un Estado de Derecho, porque en éste se castiga a los responsables de los delitos”, explica Novoa.
Dora María Téllez, miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), califica como “un atajo” la propuesta de amnistía. “La respuesta no es la amnistía, pero tampoco asistir a juicios que son políticos. La respuesta es limpiar el sistema judicial, es enfrentarse”, considera.

Ortega empujó la crisis
La presión de Ortega inició el nueve de enero de este año, cuando emitió un Decreto Presidencial que prorrogó en sus cargos a 23 funcionarios del Estado, entre ellos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), violando así la Constitución Política, que expresa que tal procedimiento es exclusivo de la Asamblea Nacional.
Las negociaciones para la elección de estos funcionarios están trabadas desde finales del año pasado, pues el FSLN está empecinado en reelegir a los magistrados del CSE, y los opositores no están dispuestos a esto, alegando que con ello se garantizaría un nuevo fraude electoral.
“Existe el convencimiento de que estas acusaciones (contra Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre) tienen un fin político, para tratar de doblar el brazo a efectos de que accedan a las condiciones que el poder quiere que accedan”, señala Serrano Caldera.

No hay principios de nada
A criterio de Alejandro Serrano Caldera, hay tres tipos de crisis donde no existe vestigio alguno de principios. Una política: “Son juegos de quien ataca y de quien se defiende”. Otra jurídica: “Porque tenemos un sistema judicial que está siendo utilizado por el poder para su lucha política y para vulnerar a sus adversarios”.
La última es ética: “Ya no se respeta ningún principio ni valor en el libre juego de las acciones políticas y se pasa por encima de cualquier otra consideración”.
Para el legislador liberal José Pallais, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la amnistía es necesaria para evitar “la persecución”. El diputado se defiende ante las críticas aduciendo que “el proyecto no está dictaminado y puede ser modificado”

Sólo para Alemán y Montealegre
“No sé qué va a resultar en el proceso de consulta, en el proceso de negociación de las bancadas que la van a apoyar”, agrega Pallais, quien considera que la amnistía sólo debería favorecer a Arnoldo Alemán y a Eduardo Montealegre.
Montealegre, por su parte, ha justificado la amnistía diciendo que tienen “la obligación de reorientar Nicaragua, quitando el uso y abuso del sistema judicial”.
Es aquí cuando Novoa hace hincapié en el argumento de los opositores y advierte: “En aras de la llamada convivencia y paz social pueden hacer cualquier tipo de delito”.

Otro pacto
Entre un juego político y otro, Ortega busca un nuevo pacto con Arnoldo Alemán, sostiene Dora María Téllez. Y para llegar a ese pacto se rompe con toda norma jurídica.
“No es por la aplicación de esta forma jurídica arbitraria que se responderá a arbitrariedades del Presidente. Esta causa nos lleva al despeñadero”, agrega el ex procurador Alberto Novoa.