Política

“CSE, en el péndulo de Ortega”

* “Se deben respetar los períodos del calendario electoral”, dice especialista en temas electorales

Leonor Alvarez

La posición cambiante del Consejo Supremo Electoral, CSE, que inicialmente había decidido inhibir a 25 candidatos de la Alianza-PLC y luego revocó esa orden, es interpretada por el consultor en temas electorales Dionisio Palacios, como “una falta de seguridad en la aplicación de la Ley Electoral”, y una desobediencia al calendario oficial del proceso, el cual tiene bien señalado los períodos para cada caso.
Según la opinión de Palacios, los magistrados del CSE están pasando por una falta de credibilidad que implica una confusión, y ya ni ellos “saben si guiarse por la Ley o guiarse por lo que digan para tomar una decisión”.
“Normalmente un tribunal no tiene que quedar bien con todo mundo cuando su único límite se lo pone la Ley que tienen en la mano”, dijo Palacios para explicar que al momento de percibir que el PLC estaba incumpliendo sus propios estatutos, hubiesen aplicado los parámetros que indica la Ley Electoral.

Estatutos no deben prevalecer sobre la Ley
Agregó que los estatutos del partido no deben prevalecer sobre la Ley Electoral, la cual se tenía que haber consultado al momento de tener dudas sobre los candidatos del PLC y hacer las anulaciones en los momentos establecidos en el calendario.
“Una disposición de un partido es válida para X partido, y una Ley Electoral es más válida para todos los que participan en el proceso electoral”, expresó el ex director de Cedulación.
Palacios considera que el problema fundamental que ve en el CSE es que existe un calendario donde hay un período de tiempo para cada actividad electoral, pero los magistrados dejan pasar las fechas y hacen las cosas a destiempo.

Antecedentes
La semana pasada, el Consejo Supremo Electoral, CSE, reveló que 25 candidatos del PLC podrían ser inhabilitados para participar en las próximas votaciones para elegir a 90 consejeros de las dos regiones autónomas del Caribe, que se realizarán el 7 de febrero de 2010.
El fiscal nacional del PLC, Alejandro Samaniego, aseguró que tal acción emprendida por el director de atención a partidos políticos del CSE, Julio Acuña no tenía validez porque los tiempos para sustitución de candidatos ya habían terminado en el mes de octubre y que una medida de tal naturaleza debe ser tomada por una resolución de los magistrados y no un funcionario de una instancia de ese poder del Estado.

Operan contra reloj
A finales del mes pasado, el presidente de la Contraloría General de la República, CGR, Guillermo Argüello Poessy, comentó que el presidente magistrado del CSE, Roberto Rivas, tiene la costumbre de dejar pasar el período oficial de la licitación de empresas para imprimir las boletas, lo cual obliga a hacer las contrataciones de modo directo. Argüello Poessy incluso dijo en esa ocasión que Rivas imponía su criterio como diciendo: “O le aprueban su petición o no hay elecciones”.
Esa vez, el presidente del CSE logró que le aprobaran la contratación de modo directo, lo que implicó cinco millones 480 mil córdobas para las próximas elecciones regionales en el Caribe nicaragüense, a celebrarse en marzo 2010.
Rivas Reyes recibió el respaldo casi unánime de los contralores, menos el de Argüello Poessy.