Política

Diputados exhortan suspender concesiones mineras en Río San Juan


Ary Pantoja


Más de 70 diputados respaldaron ayer una resolución legislativa mediante la cual solicitan al Ejecutivo la suspensión inmediata de las concesiones mineras adjudicadas en la Cuenca del Río San Juan.
La Asamblea Nacional resuelve “exhortar al gobierno de la República de Nicaragua a revisar las políticas de promociones y otorgamiento de concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan, adecuando la legislación vigente en esta materia para evitar la instalación y operación de empresas que puedan contaminar el ambiente y causar daños irreversibles a estos ecosistemas”, se lee en el punto uno del documento aprobado.
Mediante el documento, el Parlamento “solicita al Poder Ejecutivo la cancelación inmediata de los trámites de solicitudes de permisos ambientales y de concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan, valorando las posibilidades de una moratoria indefinida para la minería química a cielo abierto”.

Exhorto llega hasta el SICA
Los legisladores nicaragüenses también resolvieron “instar al Sistema de Integración Centroamericana, SICA, a promover el cumplimiento de los Convenios Regionales e Internacionales suscritos por los países de la región, en defensa de los ecosistemas en general”.
También “solicitar a otras instancias regionales, como la Asociación Mundial del Agua (GWP), Comisión Interparlamentaria Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (Cicad), la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el Parlamento Centroamericano (Parlacén), a incluir el tema de la minería a cielo abierto en sus agendas de trabajo, con el objetivo de incidir en los gobiernos, en los políticos y demás instancias regionales vinculadas al tema ambiental y a continuar con los procesos de educación y capacitación ambiental de la población”.
La resolución tuvo su origen en la concesión minera “a cielo abierto” Crucitas, instalado en territorio tico, por lo que los diputados también resolvieron “solicitar a nuestros homólogos costarricenses, a través de las instancias regionales correspondientes, la revisión y derogación del Decreto en el que se declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, en virtud de que contraviene la legislación ambiental nacional e internacional, promoviendo binacionalmente un desarrollo humano sostenible, con amplia participación comunitaria en el uso de los recursos naturales disponibles”.