Política

Costa Rica, último país que dejará de ser Estado parroquial 

* Proyecto de reforma constitucional, aprovechando próximas elecciones, mientras Iglesia llama a no votar por candidatos que nieguen a Dios * Obispo de Cartago advirtió: “Cuando un Estado se vuelve ateo, es capaz de cometer las peores injusticias y las más bajas aberraciones” * Aún importantes intelectuales miembros del Opus Dei integran en parte el equipo jurídico del Estado para defenderse en ciertas denuncias

San José de Costa Rica
El País  
Los diputados de Costa Rica tienen en manos un proyecto de reforma constitucional que podría dejar a la Iglesia Católica sin su último Estado confesional en América Latina. El plan para convertir este pequeño país centroamericano en un Estado laico ha encendido un intenso debate político que motivó incluso a un prominente obispo a pedir a los feligreses no votar en febrero próximo por ‘candidatos presidenciales que niegan a Dios y defienden principios que van contra la vida, contra el matrimonio y contra la familia’.
El texto, redactado por un grupo civil llamado ‘Movimiento por un Estado Laico’, entró hace dos semanas a la corriente legislativa y, aunque ninguna reforma constitucional en Costa Rica puede tardar menos de un año en aprobarse, ya se convirtió en tema de la campaña electoral. La modificación al artículo 75 de la Constitución Política, que cumple seis décadas este año, recoge el respaldo de congresistas de casi todos los partidos políticos representados en Congreso y del presidente Óscar Arias, cuya posición terminó de preocupar a las autoridades católicas costarricenses.
Varios púlpitos han servido ya para intensificar la lucha eclesiástica en el ámbito político, siguiendo los pasos del obispo de Cartago (centro del país), sede de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica.
Con visto bueno
del Vaticano
El prelado Francisco Ulloa advirtió que ‘cuando un estado se vuelve ateo, es capaz de cometer las peores injusticias y las más bajas aberraciones. De esto es testigo la historia’. A su lado estaba el representante de El Vaticano, Pierre Nguyén Van Tot, y en frente, centenares de fieles de la ciudad más católica de un país donde tres de cada cuatro habitantes es católico, pero menos de la mitad se reconoce practicante.
 ‘Un grupo de diputadas y diputados de nuestro honorable Congreso nacional pretende borrar el nombre de Dios de nuestra Constitución política y posiblemente eliminarlo de toda institución pública. Así como lo oyen. Ellos creen que con este acto de profanación van a matar a Dios. Están totalmente equivocados’, advirtió el obispo Ulloa, la segunda cara más reconocida de la Conferencia Episcopal, que prepara aún un comunicado con la idea de adormecer la discusión y dejar el tema como una anécdota o una simple calentura electoral.
Las discusiones por Internet, las homilías y cartas en los periódicos, sin embargo, parecen indicar que el proyecto ha tomado el camino que ya recorrió el resto de América Latina, donde ninguno de los países mantiene una religión oficial. Los casos que más se acercan son Panamá, cuya Constitución reconoce la mayoría católica, y Argentina, cuyo ‘Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano’, dice su Constitución en el artículo 2. El resto de naciones latinoamericanas se limitan a proteger la libertad de culto y, en algunos casos, a brindar beneficios legales a las instituciones católicas.
El Gobierno de Costa Rica destina una pequeña parte de su presupuesto para reparaciones de templos católicos, pero ofrece a la Iglesia otras prerrogativas, como la inclusión de una asignatura llamada ‘religión’ en las escuelas y colegios estatales, dedicada exclusivamente a la promoción de la doctrina católica. Su influencia, sin embargo, cala más hondo. Importantes intelectuales miembros del Opus Dei integran en parte el equipo jurídico del Estado para defenderse en denuncias como la interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por prohibir la fertilización in vitro.
La Iglesia Católica ha debido enfrentarse en años recientes a investigaciones judiciales por manejos financieros irregulares, pero también constantes intentos, aún infructuosos, de diversos sectores por legalizar prácticas como los matrimonios homosexuales, el aborto o la fertilización in vitro.