Política

Que investiguen a Miranda y a González

* Informe Caso Tola fue aprobado por unanimidad en la comisión

Ary Pantoja

Los miembros de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional recomendaron ayer investigar la actuación del empresario Armel González Mush y al ex diputado sandinista, Gerardo Miranda Obregón, señalados de incurrir en actos ilícitos. Ésta es la principal conclusión a la que llegó la comisión luego de indagar sobre la extorsión de la que fue objeto González Mush, por parte de Miranda Obregón.
El informe final firmado por todos los miembros de la comisión indica que “existen suficientes presunciones para concluir que se produjeron actos que en nuestra legislación penal están tipificados como delitos por parte de los señores Gerardo Miranda y Armel González…”.
González acusó a Miranda de haberle pedido una coima de cuatro millones de dólares a cambio de “resolver a su favor” un litigio de tierras que el empresario nicaragüense enfrenta en los juzgados de Tola, departamento de Rivas.

Al Ministerio Público
Durante la investigación, la Comisión de Probidad determinó que tanto González como Miranda deben ser investigados por el Ministerio Público, por lo que esta instancia ya tiene conocimiento del informe.
La Comisión de Probidad también recomienda abrir una investigación en contra de varias personas entre abogados, jueces y registradores públicos, entre ellos el notario Martín Moraga Céspedes; la notario y fiscal departamental de Rivas, Lohan Esther Castro Acosta; la ex jueza de Distrito Civil de Rivas durante el año 2005, actualmente jueza de Audiencia Penal en Diriamba, Marianela Paredes Aróstegui; y el Registrador Público de la Propiedad de Rivas, Pedro José Muñoz Carranza.
También se envió copia a la Procuraduría General de la República, PGR, para que “investigue la presunta responsabilidad de la ingeniera Lilliam Marín Avendaño, directora de Catastro Físico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter, del departamento de Rivas”.

Que Fiscalía investigue
La Comisión de Probidad concluyó que hubo actos ilícitos de parte de Miranda y de González, no sólo durante la extorsión de uno contra el otro, sino también en la forma en que el empresario nicaragüense, junto a sus socios del consorcio Inversiones San Cristóbal, adquirieron las tierras costeras donde se ubica el proyecto turístico Arenas Bay.
La presidenta de la Comisión de Probidad, Miriam Argüello, recordó que esta instancia legislativa no tiene facultades para establecer los tipos delictivos y que ello corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público. La recomendación principal es la apertura de investigación por parte de la Fiscalía General de la República, que debería concluir en un proceso judicial en contra de los involucrados.