Política

Fiscalía debe tipificar entre extorsión y soborno

* Roce entre Jamileth Bonilla y María Lidia Mejía, por inclusión de Armel González como investigado

Ary Pantoja

La Fiscalía General de la República deberá decidir sobre la tipificación del delito en el Caso Tola, luego que la Comisión Especial de la Asamblea Nacional recomendara al Ministerio Público “profundizar” las investigaciones sobre la acusación de extorsión que hizo el empresario Armel González en contra del ex diputado sandinista Gerardo Miranda.
En su informe final, la Comisión también recomienda a la Fiscalía continuar con las investigaciones sobre el presunto delito de soborno, conforme con la acusación que Miranda hizo en contra de González.
“Este dictamen manda al plenario del Parlamento solicite a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial profundizar las investigaciones sobre este caso, particularmente las acusaciones contra el señor Gerardo Miranda; asimismo dar continuidad a las acusaciones del señor Miranda contra el señor Armel González”, explicó el diputado José Pallais, presidente de la Comisión Especial.

Suficientes presunciones
“Existen suficiente presunciones para que el Ministerio Público y la Policía Nacional profundicen las investigaciones sobre Gerardo Miranda por los supuestos delitos de extorsión, tráfico de influencias y corrupción; y sobre el señor Armel González, por el presunto delito de soborno”, dice uno de los considerando del informe.

Enfrentamiento verbal
Precisamente, uno de los considerando fue motivo de un fuerte enfrentamiento verbal entre la diputada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); Jamileth Bonilla, y los diputados sandinistas María Lidia Mejía y Sadrach Zeledón. Bonilla se opuso a que la comisión recomendara una investigación en el caso de Armel González, en una férrea defensa del empresario.
Por otra parte, Bonilla, junto a su colega, Adolfo Martínez Cole, se opusieron a que la comisión recomendara una investigación en torno al presunto tráfico de tierras en el que estaría involucrado González y sus socios extranjeros Gail Geerling y Jocelyn Carnegie.
Uno de los considerando del informe establecía la necesidad de revisar la legislación en torno al registro y control de las cooperativas a fin de evitar que “cualquier persona, bajo subterfugios legales” se haga socio de una cooperativa con el objetivo de “tomar el control de la misma para lucrarse de ello”, en clara alusión a las acciones de la familia González Bolaños de hacerse socios de la Cooperativa “Pedro Joaquín Chamorro” para luego liquidarla y vender las propiedades a sus mismos socios en la Sociedad San Cristóbal.
Finalmente, la comisión rechazó los calificativos que los empresarios Gail Geerling y Jocelyn Carnegie esgrimieron en contra del sistema judicial nicaragüense, al que calificaron de “perverso”.