Política

Entre el combate al delito y el respeto a la privacidad

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha creado una controversia en perspectiva entre el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y otros poderes del Estado. Algunos diputados y magistrados del PLC la han rechazado, sin explicar la razón de fondo, sólo porque esta unidad tendrá facultades cuasi judiciales. El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador Paul Trivelli, ha expresado su preocupación sobre si en caso de que el país no cuente con esta unidad. Pero la preocupación va más allá, pues los empresarios han expresado sus reservas sobre el respeto que tendrá la UAF a la privacidad individual e institucional al estar facultada para levantar el sigilo bancario sin necesidad de una orden judicial

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha creado un pequeño “terremoto” en los diferentes estratos económicos, políticos, estatales y, sobre todo, financieros. “¿Usted se imagina a un policía con facultades judiciales?”, preguntó un alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia.
No es para menos, aún no se ha creado, pero la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ya enfrenta el rechazo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y principalmente de su presidente, Manuel Martínez Sevilla, quien considera inconstitucional la ley creadora de esta instancia de investigación financiera.
Al rechazo se unió el fiscal general Julio Centeno Gómez, y recientemente el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, quien calificó de “pequeña Gestapo” a la UAF.
Se cree que detrás del rechazo de los principales funcionarios provenientes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se esconde la intención de evitar que una vez operando, la UAF rastree el dinero que el ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo sacara de las arcas del Estado, con base en que se trata del delito de lavado de dinero.
Al margen de las hipótesis, el temor por la creación de esta instancia investigativa para detectar el lavado de dinero o de activos provenientes del narcotráfico u otras actividades ilícitas, se extendió a los empresarios privados, quienes han mostrado preocupación ante la posibilidad de que la UAF quede facultada para levantar el sigilo bancario, sin necesidad de una orden judicial y basado en “simples sospechas”.
Además, conforme con la iniciativa de ley, los funcionarios de la UAF quedan exentos de responsabilidades civiles, administrativas y penales en el ejercicio de su función, es decir, que nadie podrá acusarlos por ningún motivo, tomando en cuenta que estarán facultados para manejar detalladamente la información financiera de cualquier ciudadano nicaragüense sobre el cual “existan suficientes sospechas” para investigarlo.
Facultades extremadamente discrecionales
La iniciativa de ley creadora de la UAF, en su artículo tres, establece las funciones de la unidad investigativa, sin embargo, no detalla bajo qué parámetros actuará.
Por ejemplo, el acápite a) de este artículo dice que la UAF estará facultada para “solicitar y requerir directamente a los sujetos obligados a informar, cualquier información sobre operaciones sospechosas de estar vinculadas con las conductas establecidas y cualquier otra información que esta ley u otra determinen para el cumplimiento de sus funciones”, sin embargo, no especifica bajo qué criterios se pedirá esa información.
El acápite a) del artículo 16 establece la obligatoriedad de brindar a la UAF toda la información financiera de cualquier ciudadano o empresa cuando la instancia investigadora lo requiera; y en el artículo 20 se deja claro que no se podrá advertir al ciudadano o empresa que sobre sus estados financieros se realiza una investigación.
Es decir que si las autoridades de la UAF solicitan a un banco información de cualquier cliente, la gerencia de ese banco estará impedida por la ley de advertir a su cliente sobre la investigación que se realiza.
Más aún, los funcionarios y empleados de la entidad informante deberán quedar en total anonimato y, al igual que la UAF, también están exentos de cualquier responsabilidad por revelar la información que se les solicita.
Otro de los aspectos controversiales es que la UAF estará facultada para compartir la información que obtenga con unidades de investigación homólogas de otros países, sin que el investigado esté enterado y, además, el indagado no podrá hacer ningún tipo de reclamo en caso de que el resultado de la investigación sea negativo.
Banqueros a favor
Precisamente en estos aspectos es que se basó el presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Francisco Aguirre, para calificar de “Gestapo” a la nueva instancia de investigación. Pese a esto, la creación de la UAF cuenta con el aval de la Asociación de Banqueros Privados (Asobanp), y así lo dejaron establecido mediante un comunicado oficial publicado el pasado 5 de octubre.
En particular, la preocupación de Aguirre gira en torno a que existe una iniciativa que pretende establecer como objeto de investigación por parte de la UAF, aquellas transacciones de carácter civil, comercial o financiero que incluyan un mínimo de tres mil dólares; sin embargo, en la iniciativa que tienen en su poder los miembros de la comisión legislativa, este monto se estipula en diez mil dólares o más, o su equivalente en córdobas.
En cualquiera de los casos, Aguirre señala que con esos montos, cualquier comerciante o empresario se puede convertir en sujeto de investigación por parte de la UAF.
Aguirre sugirió tanto a los socios de Asobanp, como a las autoridades de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), a revisar detalladamente la iniciativa de ley y que asistan a las consultas que para esta ley abrirá en los próximos días la Comisión Económica.
Aguirre hizo la sugerencia argumentando que “a lo mejor, los banqueros no conocen bien la iniciativa y están avalando algo que tal vez les termine perjudicando”.
Precisamente el punto cuatro del comunicado de Asobanp señala que “la Unidad de Análisis Financiero sería una entidad estatal administrativa, estrictamente técnica, independiente, autónoma, con recursos propios, encargada de recibir, analizar y canalizar de manera confidencial reportes de información financiera y económica sospechosa a organismos policiales y UAF de otros países”.
Siboif deberá adecuar normas
Como si no bastara, la ley creadora de la UAF obliga a la Superintendencia de Bancos a implementar nuevas normas de control que se sumen a las que ya rigen actualmente el quehacer de las entidades bancarias y financieras supervisadas.
Las nuevas medidas que la Siboif deberá implementar serán el reporte de operaciones sospechosas directamente a la UAF, así como la comunicación sistemática o periódica de operaciones superiores a montos señalados en la ley. Además, la Siboif está obligada a informar de oficio cualquier operación financiera sospechosa, por lo que también deberá mejorar sus controles internos y mecanismos de detección.
La Superintendencia de Bancos también deberá establecer “oficiales y unidades de cumplimiento como principales responsables en cada entidad de desarrollar los programas de prevención y de remitir los reportes directamente a la UAF”.
Fin a la privacidad
Uno de los argumentos de los magistrados del Poder Judicial, entre ellos Sergio Cuarezma, para rechazar la ley de la UAF, es que roza con el principio constitucional del respeto a la privacidad.
El artículo 26 de la Constitución Política de Nicaragua establece que “toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia”. El numeral 4 del mismo artículo dice que “toda persona tiene derecho a conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información”.
Precisamente, en la normativa que la ley orienta implementar a la Superintendencia, se deja claro que los bancos deberán obtener detalladamente la “identificación y conocimientos adecuados de clientes y beneficiarios”, e informarlo a la entidad de control que establezca la Siboif. Esa información deberá estar disponible en caso que la UAF lo solicite.
Ninguna persona sospechosa podrá cerrar su cuenta bancaria, pues el artículo 24 de la iniciativa de ley de la UAF establece esa prohibición, cuando el cliente esté bajo investigación, o la información sobre esa cuenta sea requerida por la unidad investigadora.
En todo caso, sólo la UAF podrá ordenar el cierre anticipado de la cuenta u operación sospechosa si así lo considera necesario. En ninguna parte de la ley se indica si el cliente será informado sobre el cierre o no de su cuenta.

¿Urge aprobarla o no?
Conforme con el comunicado, Asobanp apoya la ágil aprobación de la ley de la UAF, considerando que “Nicaragua tendrá la próxima reunión evaluativa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en los primeros meses de 2008, y de no existir para ese momento la UAF, hay una alta probabilidad de que el país se incluya en la lista de ‘países no cooperadores’ en el tema de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”.
En la última evaluación del GAFI respecto a Nicaragua, realizada en septiembre de 2004, “uno de los puntos débiles más destacados es no contar con la Unidad de Análisis Financiero”.
Y es que la iniciativa que mantiene engavetada la Comisión Económica data de julio de 2004, sin que hasta el momento se hayan realizado las consultas al respecto.
El tema de la UAF cobró actualidad luego que recientemente el embajador de Estados Unidos, Paul Trivelli, advirtió del peligro que corre Nicaragua de integrar “una lista roja” de países no cooperadores, lo que se traduciría en un riesgo para acceder a los programas crediticios y de cooperación a través de los organismos financieros internacionales y de gobiernos amigos.
En su comunicado del 5 de octubre, Asobanp advierte de este peligro y señala que no crear la UAF “provocaría que las instituciones financieras extranjeras decidan limitar sus transacciones con clientes del sistema financiero nicaragüense y el sector privado, principalmente exportador e importador; someterlas a un examen más exhaustivo que las volvería más costosas o, en el peor de los casos, terminar las relaciones financieras definitivamente”.
Otro de los efectos negativos según Asobanp es que Nicaragua escalaría en la lista de “riesgo país, lo que encarecería el costo de los créditos”.
“Nicaragua no puede caer en la lista de ‘países no cooperadores’; Asobanp apoya la creación de una UAF de conformidad con los estándares internacionales recomendados por el GAFI y apegada a nuestra Constitución”, señala el comunicado del organismo de banqueros.