Política

Advierten riesgo de discrecionalidad en Banco de Fomento


La Asamblea Nacional aprobó ayer en lo general la Ley Creadora del Banco de Fomento a la Producción, entidad gubernamental que otorgará créditos para el fomento productivo de los micros, pequeños y medianos productores del sector agropecuario e industrial.
Luego de ser ampliamente debatida y consesuada, la iniciativa de ley se aprobó en el Parlamento con el voto favorable de 84 diputados. Falta, sin embargo, su aprobación en lo particular, que causará polémica, pues los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, disienten en dos puntos en los que los demás legisladores ya se han puesto de acuerdo.
El Banco de Fomento a la Producción (Banfopro) tendrá un capital inicial de 148 millones de córdobas. Anualmente, y durante cuatro años, desde el Presupuesto General de la República se transferirán 37 mil millones de córdobas.
Además, acogerá los recursos dispersos en diferentes programas del Gobierno que otorgan créditos, como el Instituto de Desarrollo Rural, IDR, el Fondo de Crédito Rural, FCR, el Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, y el Instituto de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, Inpyme, que incluye el programa “Usura cero”, que recién lanzó el presidente Daniel Ortega.
Banco debe ser manejado por productores
La aprobación del artículo que conforma el Consejo Directivo del banco será un punto álgido, pues la ALN considera que deben ser los productores quienes tengan mayor poder de decisión dentro de la directiva.
El consejo directivo estaría conformado por un presidente y un vicepresidente propuestos por el Presidente de la República, quienes serían ratificados por la Asamblea Nacional.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, el de Fomento, Industria y Comercio y el ministro Agropecuario y Forestal, además de tres representantes de las organizaciones de pequeños y medianos productores con carácter nacional, propuestos también por el Presidente de la República, serían parte del consejo.
“El banco tiene que ser manejado por los productores porque el dinero es de todos los nicaragüenses”, expresó el diputado por la ALN, Carlos Langrand, quien alega que los productores ubicados en la directiva “pueden ser tres amigos de Daniel Ortega”. La ALN aboga también para que el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, tenga su representación.
Los diputados del Frente Sandinista y del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, descalificaron las propuestas de última hora de la ALN. El liberal Freddy Tórrez insistió en que el banco es estatal y lanzó una pregunta a sus colegas: “¿Acaso el sector privado le daría participación al Estado en sus bancos?”
Para Wálmaro Gutiérrez, las propuestas de los legisladores de la ALN son de carácter político, y el problema fundamental, a su juicio, es que el banco se está aprobando durante la administración sandinista.
Otra vez los CPC
“Que mañana no nos digan que el Consejo del Poder Ciudadano manejará la política de crédito”, expresó Langrand. La política de crédito es el otro punto en el que están en desacuerdo.
Según Tórrez, los créditos podrían ser desde dos mil dólares a un pequeño productor, hasta veinte mil a un mediano, y cuando son grupos organizados no podrán obtener más del diez por ciento del capital autorizado del banco.
“Nosotros (los de la ALN) queremos que el tope de crédito sea de cinco mil dólares, con eso bien sembrás 30 manzanas de frijoles. Después puede llegar un gángster disfrazado de productor y se lleva 800 mil dólares”, insistió Langrand.
Las tasas de intereses, según el artículo 21, “serán positivas en términos reales, y serán establecidas por el consejo directivo del banco, incluyendo las tarifas por servicio y cualquier otra carga financiera a favor del Banco, teniendo en cuenta la rentabilidad económica y la función de fomento del banco, así como la rentabilidad social de las operaciones del mismo”.
Tórrez explicó que cuando se instale el banco, que podría ser a mediados del año próximo, no se puede gastar más del uno por ciento del capital autorizado. “Deben ser austeros”, expresó.
Las familiares en cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad de los funcionarios no podrán acceder a los créditos.