Política

Iniciativa anticorrupción crea controversias

* Antes de ser presentada oficialmente encontró voces que se le oponen por razones jurídicas

Ary Pantoja

Una iniciativa de ley que pretende castigar a los funcionarios públicos que se les compruebe su participación en actos de corrupción originó el rechazo de algunos diputados, quienes argumentaron que no tiene ningún fundamento jurídico, en particular, el hecho de condenar a varios años de prisión a un juez que retrase un juicio en el que esté de por medio un funcionario público.
La iniciativa, denominada “Ley especial contra la corrupción ejecutada por funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de su función”, será presentada esta semana por el diputado conservador y tercer secretario del Parlamento, Javier Vallejo.
Como su nombre lo indica, pretende sancionar los actos de corrupción de todos los “funcionarios y empleados públicos”, pero incluye a las “universidades públicas o privadas que reciban el seis por ciento del Presupuesto General de la República”. Además a las “empresas privadas con participación estatal o empresas dadas en concesión por el Poder Ejecutivo, previa autorización del Poder Legislativo”.
También incluye a los funcionarios de “fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro que reciban fondos del Presupuesto General de la República”.
Declaraciones
de probidad
La ley también establece el carácter obligatorio, para todos los funcionarios, de presentar su declaración patrimonial ante la Contraloría General de la República una vez que abandonen el cargo, pero les deja un término fatal de 15 días so pena de incurrir en un delito. Además, “obliga” a la Contraloría a abrir una investigación en contra de cualquier funcionario, cuando presuma que ha mentido en su declaración de bienes.
La propuesta también establece una pena de dos a cuatro años de prisión para el “juez que retarde la tramitación del proceso (judicial, cuando lo haya) con el fin de prolongar la detención del procesado o de que prescriba la acción penal correspondiente”.
También establece una sanción de dos a cuatro años de prisión para el “Procurador Penal o Civil que dolosamente no interponga las acciones penales o civiles, o no promueva las diligencias conducentes al esclarecimiento”, de los hechos que se investiguen.
Diputados liberales opuestos
El primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, y el presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais -–ambos del Partido Liberal Constitucionalista, PLC--, coincidieron en oponerse a la iniciativa, pues consideran que rozará con atribuciones ya contenidas en otras leyes.
Ambos legisladores concuerdan en que, en el caso de los jueces, no se les puede sancionar por las decisiones que tomen en cualquier caso, pues para ello están facultados a actuar conforme a las leyes.
Tampoco se mostraron conformes en sancionar a los procuradores, pues también se deben a los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Tanto Navarro como Pallais criticaron la propuesta argumentando que se trata más de un “asunto político” de Vallejo, que de una voluntad real de combatir la corrupción en la administración pública.