Política

Indagan incumplimiento del Estado con Yatama

* Sentencia que favorece a partido del Caribe Norte incluye compromisos de reformar la Ley Electoral y resarcir daños por no dejarlos participar en elecciones del año 2000

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que manda al Estado a resarcir los daños causados a Yatama por no permitir que esta agrupación participara en las elecciones municipales de 2000, a dos años de haberse emitido, aún no se ha cumplido en su totalidad.
Miembros del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejid, con sede en Costa Rica, que litiga en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están en el país para conocer los motivos por los que el gobierno no ha acatado el fallo a favor de Yatama.
Según Marcia Aguilús, una de las representantes de este organismo, al gobierno “sólo le interesa brindar una imagen al exterior, pero no respeta los derechos humanos porque no hay voluntad política”. Aguilús vino como miembro de la Cejid a preguntarle al canciller Samuel Santos, quien no está en el país, las razones por las que este gobierno no ha puesto en marcha las consideraciones de la CIDH, pero el vicecanciller Manuel Coronel no pudo atenderla.
La vocera de la Cancillería, Vilma Aburto, no pudo confirmar si el vicecanciller Coronel Kautz no quiso atender a los delegados del Cejid.

Desde el año 2005
El fallo de la CIDH se originó en 2005 durante el mandato de Enrique Bolaños, quien tampoco propugnó para que se cumpliera con la sentencia, que entre otras cosas manda realizar una reforma a la Ley Electoral para que en las contiendas electorales puedan participar los partidos por circunscripción popular y que se consigne el respeto a las tradiciones de los indígenas de la Costa Caribe en los comicios.
Los funcionarios del gobierno de Bolaños adujeron que, aunque estaban de acuerdo con la reforma a la Ley Electoral, no tenían el 60% de los votos en la Asamblea Nacional para impulsar ese cambio.
Así fue
En el año 2000 el partido regional Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama) interpuso una denuncia contra el Estado de Nicaragua porque supuestamente el Consejo Supremo Electoral, CSE, lo inhibió arbitrariamente de participar en las elecciones municipales de 2000.
Durante el juicio, el representante de Yatama, Brooklyn Rivera, ahora aliado del partido de gobierno, pedía que se le retribuyera económicamente a esta agrupación todo lo que gastó en las elecciones de 2000.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, fue uno de los organismos que acompañó a Yatama durante la denuncia. Supuestamente a entre 70 y 100 candidatos de esta organización política se les negó el derecho de ser electos en la contienda.
Otro de los mandamientos incluidos en la sentencia es que el Estado reconociera públicamente que se violaron los derechos políticos de los indígenas nicaragüenses. La CIDH mandó a pagar una indemnización de 80 mil dólares por los daños y perjuicios causados a Yatama.