Política

Ley de Costas estancada

* Caribeños exigen consulta sobre más de 700 kilómetros de costas

Ary Pantoja

La polémica Ley de Zonas Costeras continuará engavetada posiblemente hasta el próximo año, pues aún no se logra el consenso necesario para someter el dictamen a discusión en el plenario, sobre todo, después que se abrió un nuevo proceso de consulta con diferentes sectores que resultarán afectados con la nueva legislación que incluye a inversionistas extranjeros y propietarios privados.
A la controversia se sumaron ayer los ciudadanos de la Costa Caribe, quienes exigieron a los miembros de la Comisión de Municipios realizar una serie de consultas con las autoridades y sectores interesados de las regiones autónomas del Atlántico Norte, RAAN, y Atlántico Sur, RAAS.

El Caribe no ha sido consultado
Durante un foro sobre el tema, ayer, el primer vicepresidente del Consejo Regional de la RAAN, Sergio Norori, recordó que la zona del Caribe comprende más de 700 kilómetros de costas que se verán afectadas con la nueva legislación. Según Norori, desde que se dictaminó la ley, hace tres años, no se les ha consultado nada.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León, y ex alcalde de León, Rigoberto Sampson, enfatizó la importancia de dejar claro que las costas del país son públicas y que no debe limitarse bajo ninguna circunstancia el acceso ciudadano a ellas.
Sampson advirtió que están en juego 11 mil 954 kilómetros de costas y que apenas 17 kilómetros están bajo la modalidad de áreas protegidas. Agregó que la nueva legislación debe contemplar tres ejes fundamentales: la conservación, la soberanía y el desarrollo socioeconómico de los pobladores que viven en las zonas costeras.

Preocupación por conceptos
Por su parte, el diputado conservador y tercer secretario del Parlamento, Javier Vallejo, dijo que son dos conceptos de la ley sobre los que hay preocupación. El primero, es el de servidumbre de paso, es decir, el establecimiento de caminos de acceso a las playas que necesariamente afectarán la propiedad privada, al igual que a las inversiones turísticas.
El segundo aspecto, dijo, es el concepto de “playas públicas”, el que está ligado al anterior. “El problema es que las playas son públicas, pero las propiedades por donde van a establecerse las vías de acceso no lo son, y eso puede crear incertidumbre entre los inversionistas”, señaló.