Política

Defienden decreto presidencial sobre madera


El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, y el jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, defendieron el decreto presidencial que manda a los privados a entregar la madera que tienen en posesión luego del huracán “Félix”, y negaron que se trate de un acto confiscatorio.
Castro argumentó que se trata de “un acto humanitario” a favor de los damnificados por el fenómeno natural. Morales Carazo, por su parte, dijo desconocer que se esté confiscando madera, pero insistió en que en situaciones de caos siempre “aparecerán aves de rapiña”.
“Hay muchísimos oportunistas que en circunstancias de caos y de crisis se aprovechan de forma ilegítima”, expresó Morales Carazo, quien indicó que los empresarios que poseen madera “bien habida” no tienen por qué temer.
Hay que pagar madera
El primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, calificó no sólo de confiscatorio, sino también de “peligroso para la inversión y la empresa privada” el mencionado decreto.
“Es un acto confiscatorio de la madera, porque la madera es de las personas dueñas de las tierras donde está. Si el presidente (Daniel Ortega) quiere quedar bien con la gente del Caribe Norte, habrá que pagar esa madera a los dueños”, explicó Navarro.
Navarro dijo que el PLC apoya cualquier actividad dirigida a mejorar las condiciones de los damnificados, siempre y cuando estén dentro del marco de la ley. “Esa voluntad totalitaria que manifiesta este gobierno de hacer las cosas imponiendo, confiscando, quitando, secuestrando, chantajeando, no es correcta”, agregó.
A través de ley
Por su parte, el presidente de la Comisión del Medioambiente y los Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, Carlos García, abogó por establecer una ley que permita el uso de esa madera aunque esté en terrenos privados; sin embargo, García mostró su desacuerdo con el decreto presidencial.
“El artículo cinco del decreto ejecutivo es confiscatorio, porque mandata que la madera que esté acopiada por algunos empresarios privados y que la obtuvieron con el permiso del Instituto Nacional Forestal, sea entregada a las comunidades indígenas”, explicó García.