Política

Oposición rechazará veto de Daniel Ortega


Las bancadas opositoras en la Asamblea Nacional preparan sus votos para rechazar el veto presidencial a la reforma del artículo 11 de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, mediante la cual los diputados derogaron la conformación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
Ayer, el presidente de la República, Daniel Ortega, envió a la Primera Secretaría del Parlamento el veto parcial correspondiente a la “Ley de Reformas y Adiciones al Artículo 11 de la Ley 290”.
En el veto, Ortega rechaza la abolición de las atribuciones a los CPC, sin embargo, el diputado y primer secretario del Poder Legislativo, Wilfredo Navarro, desde ya anunció que la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, lo rechazará.
Por su parte, el coordinador de la bancada del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Víctor Hugo Tinoco, expresó que cuando regrese el veto al Parlamento, los legisladores lo rechazarán, pues, asegura, existen los votos suficientes para hacerlo.
“Nuestra posición sigue siendo la misma, no puede haber sólo un grupo monopolizando la participación ciudadana”, dijo Tinoco, quien agregó que la reforma era una demanda ciudadana generalizada y que, por tanto, lo legisladores deben corresponder a ella.
Mientras tanto, la jefa de bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC, María Eugenia Sequeira, comprometió los votos de su partido para denegar la objeción presidencial.
Los motivos presidenciales
El mandatario nicaragüense basó el veto en los artículos siete y 29 de la Constitución Política, en los cuales “se consagra la división de poderes, propia de los Estados democráticos”.
El presidente Ortega defiende también el derecho del pueblo a organizarse y participar de la gestión pública; así como el derecho presidencial a decidir las formas de organización conforme a la Ley de Participación Ciudadana y a la misma Constitución.
“La derogación que introduce este proyecto de reformas también desconoce las competencias que corresponden al Poder Ejecutivo para organizar y dirigir el gobierno, competencias refrendadas constitucionalmente en el artículo 150, numeral 12”, señala parte de la fundamentación del veto.
“La derogación (de los CPC) irrumpe en el derecho del pueblo a ejercer su soberanía y sus distintas formas democráticas de participación, consagradas en el artículo dos de la Constitución; en el derecho a la libertad de asociación conferido a los ciudadanos en el artículo 49 de la Constitución, y en el derecho de éstos a participar en los asuntos públicos y en la gestión estatal otorgado en el artículo 50 de la Constitución”, agrega el documento.
El presidente Ortega considera que “la abrogación de los Consejos del mapa jurídico nicaragüense ocasionaría una derogación de facto o tácita a buena parte de la Ley de Participación Ciudadana, concretamente en lo concerniente a la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas nacionales y locales”.