Política

Proyecto de ley enfrenta a militares y civiles


Ary Pantoja

Las desavenencias entre el Ejército y la autoridad civil quedaron ayer al descubierto luego que los jefes militares que participaban en el proceso de consulta de la reforma a la Ley Antidrogas iniciado por la Comisión de Justicia del Parlamento, exigieron la expulsión de los representantes del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp.
El presidente de la comisión, José Pallais, suspendió la reunión ante la petición de los militares, avalada por la representante del Ministerio Público, Mireya Bravo. Según Pallais, los oficiales militares pidieron que los funcionarios del Ieepp abandonaran la reunión argumentando que los temas a abordar “eran de carácter reservado”.
“...El Ejército planteó que se abordarían temas meramente técnicos, con casos complejos, por lo cual dijeron que no deberían estar presentes personas que no fueran de la estructura de gobierno”, reveló Pallais.
Ante tal situación, agregó, “les respondí (a los miembros del Ejército) que en base a la Ley de Acceso a la Información Pública, todo el proceso de formación de la ley tiene que ser público, y los diputados estamos obligados a consultar con la sociedad civil”.

¿Ley de Acceso a Información para qué?
“Los miembros del Ejército insistieron en que los temas eminentemente técnicos debían mantenerse en forma reservada y que abordarían casos específicos. Les respondí que, dado sus argumentos, yo también me retiraba, porque si se trataba de una reunión técnica, con mi presencia estaría dando validez a una reunión secreta”, relató.
No obstante, Pallais advirtió a los militares y a los representantes del Ministerio Público que una vez que le envíen el documento con sus recomendaciones, igualmente lo hará público porque no puede permitir que las etapas de formación de la ley se hagan de manera secreta.

Ieepp hay intereses
El director ejecutivo del Ieepp, Javier Meléndez, señaló que el Ejército pretende manejar el tema de la narcoactividad de forma secreta, y no le interesa que se aprueben algunos aspectos de la Ley, entre ellos, la formación de una unidad administradora de los bienes incautados al crimen organizado.
Según Meléndez, existe un interés particular del Ejército en que no se establezca un control sobre la distribución de los bienes incautados, principalmente del dinero en efectivo en los operativos contra el narcotráfico, razón de la exclusión de ese organismo civil en las consultas al Ieepp.
“...El Ejército no acepta que desde la sociedad civil haya supervisión sobre eso temas que tienen que ver con transparencia en el manejo de los recursos”, aseguró Meléndez.
EL NUEVO DIARIO intentó infructuosamente de conocer la versión oficial del Ejército. Llamamos a la vocería de la institución y no hubo respuesta.
Actualmente, la Ley de Estupefacientes establece que el reparto de los bienes incautados al crimen organizado sea distribuido en partes iguales entre el Ministerio de Salud, la Policía, el Ejército, Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas y los organismos no gubernamentales que trabajan en la rehabilitación.