Política

Cenis, real daño y cálculos políticos

* PLC condiciona apoyo a presidente de ALN a que los miembros de esta alianza no ataquen a su líder * Edmundo Jarquín define el caso como “meramente político”

La resolución de la Contraloría en el caso de los Cenis abrió un nuevo escenario político en el cual se avizoran los cálculos de las principales fuerzas aliadas en el Parlamento, el FSLN y el PLC: las condenas de la Coordinadora Civil y de la opositora Alianza MRS, y las recriminaciones internas entre los liberales que usarán el tema para autopresionarse.
Ayer mismo, un día después de un aparente consenso entre los diputados del PLC para no apoyar una virtual desaforación de Eduardo Montealegre, la parte oficial de ese partido recriminó a uno de los diputados más radicales, Enrique Quiñónez, por haber solicitado antes una investigación acerca de los Cenis y ahora se contradice supuestamente al apoyar al ex ministro de Hacienda.
Leonel Téller, portavoz del PLC, mostró una copia del informe de la Comisión de Probidad y Transparencia del Parlamento de agosto del año pasado, en donde tres de los miembros de esa comisión, de los cinco que incluyó ese partido, Enrique Quiñónez, Donald Lacayo y Fernando Avellán firman el dictamen a favor de que se investigara a Montealegre.

La reacción de Quiñónez
Quiñónez reaccionó a la intencionalidad de su partido señalando en primer lugar que Montealegre no era diputado, que la comisión pidió que se aclarara el proceso de emisión de los Cenis, y en tercer lugar, los integrantes de esa comisión no juzgaron a nadie, simplemente demandaron que se aclararan las cosas.
Explicó que sus colegas Pereira Majano y Rivera no firmaron el dictamen porque uno de los involucrados en la investigación es un miembro del PLC, en este caso, el ex presidente del Banco Central de Nicaragua Noel Ramírez.
Inmediatamente se pregunta: “¿Por qué esperaron tanto tiempo los contralores para emitir una resolución y que caducara la responsabilidad del doctor Ramírez? Porque el economista Néstor Avendaño, cuyo estudio del caso de los Cenis sirvió de base para la resolución de la Contraloría, dijo públicamente que uno de los mayores responsables del problema fue el doctor Ramírez”.
Quiñónez respondió a las evidencias de su propio partido con la siguiente expresión: “A lo mejor Téller cambia de opinión sobre la inocencia de Montealegre, como lo hizo con respecto al doctor Alemán, porque primero llevó montañas de documentos a la Contraloría para acusarlo de corrupción, y después cambió esa percepción”.
A raíz de este caso, el vocero del PLC, Leonel Téller, pidió a sus correligionarios de la ALN a que cesen sus ataques contra el PLC y su máximo líder Arnoldo Alemán.

Coordinadora Civil: “Contralores negligentes”
En el mismo sentido, la Coordinadora Civil declaró ayer que hubo negligencia de parte de los contralores o algún acuerdo político para permitir que los funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán responsables de la emisión de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, salieran bien librados en la resolución que recientemente emitió la Contraloría, aseguró la Coordinadora Civil.
“No me explico cómo los contralores vienen a decir que el caso caducó, entonces, ¿por qué lo dejaron caducar?”, se preguntó el economista Adolfo Acevedo, miembro de la Coordinadora Civil, quien considera que sería una ilegalidad incluir el pago de los Cenis en el Presupuesto General de la República del año próximo.
La principal crítica que hace la CC a la resolución emitida por la Contraloría que establece responsabilidad penal a los funcionarios del gobierno de Enrique Bolaños que emitieron los Bonos Bancarios y organizaron la subasta de los bienes de los bancos quebrados, es que los funcionarios que emitieron los Cenis quedan exentos de responsabilidad.

El argumento de la Contraloría
El presidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, adujo que la Ley Orgánica de la Contraloría sólo les permite ver cinco años atrás, y la emisión se produjo hace siete. Acevedo sostiene que desde 2005 los contralores denunciaron de nulidad los Cenis, entonces, “¿por qué la demora al actuar?”
Georgina Muñoz, enlace de la Coordinadora Civil, agrega que cuando miembros de este organismo se reunían con Montenegro y con Guillermo Argüello, otro contralor, éstos decían que en este caso la caducidad no cabía, puesto que la investigación inició antes de los cinco años establecidos por la ley.

¿Quién sanciona?
“La ley de la Contraloría dice que cuando un funcionario deja caducar (las facultades de la Contraloría) se le debe aplicar una sanción”, expresó Acevedo, remitiéndose al artículo 153 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Y pregunta Acevedo: “¿Acaso los contralores se van a sancionar a sí mismos?”
Noel Ramírez, presidente del Banco Central cuando se emitieron los Cenis; Noel Sacasa, ex Superintendente de Bancos; Esteban Duquestrada, ex Ministro de Hacienda y Crédito Público, y el mismo Arnoldo Alemán, quien mediante un decreto orientó la creación de estos títulos, fueron algunos de los funcionarios beneficiados con la caducidad del caso.

El caso Montealegre
La Coordinadora Civil aplaude la declaratoria de ilegalidad de los bonos bancarios y de la subasta de los bienes, sin embargo, asegura que es un error afirmar que la renegociación incrementó el saldo de la deuda.
Eduardo Montealegre, quien perteneció al Consejo Directivo del Banco Central, pues fue ministro de Hacienda y Crédito Público cuando se renegoció la deuda, concuerda en lo anterior con la Coordinadora Civil. Montealegre es uno de los ex funcionarios a quienes le establecieron responsabilidad penal.
“Es correcto decir que la emisión de los bonos bancarios adolece de la misma ilegalidad que la de los Cenis”, expresó Acevedo. Muñoz aseguró que el caso de Montealegre tendrá que verlo su propio partido, debido a que él tiene sus argumentos. “Recuerden que aquí todo es un juego político partidario”, dijo.
Para ambos, ahora viene lo peor, que es que la Fiscalía realice una investigación que no sea partidizada.

Edmundo Jarquín: “Dictadura institucional”
El coordinador de la alianza MRS, Edmundo Jarquín, reiteró que lo de la Contraloría es “una decisión absolutamente política, producto del pacto corrupto y antidemocrático entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, cuyo único objetivo es penalizar a quienes se oponen a ese pacto.
“La decisión de la Contraloría forma parte del proceso de instalación de una dictadura institucional, de la cual ya han sido víctimas otras personas que se han atrevido a denunciar el uso de las instituciones estatales con fines de extorsión, chantaje y represión, como fue el caso del diputado Alejandro Bolaños Davis, o los casos de empresas que están siendo sometidas a presión y chantaje para intentar someterlas a la voluntad del gobierno”, agrega el político del MRS.