Política

¿Quién gana y quién pierde al derogarse la Ley Marco?

Oscar Castillo, Decano de la Facultad Derecho de la Upoli, expresa sus reservas sobre la derogación de la Ley Marco y la capacidad de cabildeo de la ALN. Luis Humberto Guzmán, aliado del FSLN, no espera que la implementación de las reformas constitucionales debilite al presidente Daniel Ortega. Para Manuel Aráuz, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA, la derogación de la Ley Marco es la corrección de un verdadero error jurídico.

Ary Neil Pantoja
Una pobre victoria podría obtener la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) si logra, junto a sus “aliados ocasionales” del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), derogar la Ley Marco, con lo que entrarían en vigencia las reformas constitucionales de 2005, que restarían facultades al Presidente de la República, Daniel Ortega, a consideración de Óscar Castillo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
A su juicio, la posición dual de la ALN --prorrogó la Ley Marco y ahora propone su derogación-- no es conveniente para su dirigencia, encabezada por Eduardo Montealegre, pues redundará en más perjuicio que beneficio político.
El analista no cree que los diputados alcancen una mayoría suficiente para cancelar esta ley, sobre todo, después de que el jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, y el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, descalificaron la propuesta de ALN.
Para Castillo, el PLC no está muy convencido de derogar la Ley Marco, pero sí de destrabar las leyes de la Sisep, el Inprur y la reforma al Seguro Social, otro de los aspectos que contemplan las enmiendas constitucionales. El PLC intentaría, en consecuencia, una “derogación a medias”.
“Esto es un juego político (si fuese el PLC), aquí le sigo diciendo a Daniel Ortega que no hay problema y el pacto sigue, pero le doy seguridad social a los trabajadores y quedo bien con ellos; destrabo el tema de la Sisep y del Inprur en su funcionamiento, pero no destrabo el tema político, como es someter al presidente a un examen público cada vez que vaya a nombrar a un ministro”, valoró.
Los escenarios que se vislumbran son, por un lado, una negociación bilateral, en la que el Frente Sandinista sume sus votos a los de ALN y deroguen la Ley Marco, pero no las leyes conexas.
La otra posibilidad es que el FSLN continúe con su pacto con el PLC para mantener las cuotas de cargos correspondientes en la Sisep, con el compromiso de que el PLC ratificará todos los nombramientos que haga el presidente a partir de la vigencia de las reformas.
Respaldo a medias
Al parecer, Montealegre, la jefa de bancada, María Eugenia Sequeira, y el resto de dirigentes y diputados de ALN, no midieron las consecuencias políticas de sus actos, y, según Castillo, podrán derogar la Ley Marco con el apoyo de los diputados del PLC, pero difícilmente tendrán el respaldo suficiente para eliminar la Sisep y el Inprur, instancias creadas mediante leyes ordinarias, pero con origen en las mismas reformas constitucionales.
Castillo no ve al PLC “negociando” nombramientos con la ALN. “Hay lazos políticos muy fuertes entre el PLC y el FSLN”, señaló.
“El PLC puede aliarse con la ALN y decir ‘la derogamos’, pero a la hora de decidir nombramientos, estructuras y composiciones, el Frente se amarra con el PLC, y dice: ‘Bueno, aquí nada ha cambiado, cuántos (cargos) son los tuyos y cuántos los míos’, y ALN se queda oliendo el dedo”, explicó.
El único costo político a favor de ALN sería que “tuvo la valentía y logró cohesionar tantos votos para la derogación, pero los efectos positivos en la práctica en torno a influencias de poder que tenga la ALN, son nulos”.
Con la derogación de la Ley Marco, la ALN terminaría haciéndole un “menudo favor” al PLC, pues le devolvería cargos públicos que actualmente no tiene a causa de la suspensión de las reformas constitucionales.
“Sisep no se puede derogar”
El último “error jurídico” de ALN fue la iniciativa de ley en la que propone, además de abolir la Ley Marco, la eliminación de la Ley 511, Ley de la Superintendencia de los Servicios Públicos (Sisep).
A juicio de Castillo, esta propuesta es política y carece de asidero jurídico, pues una ley ordinaria no puede anular una disposición constitucional. “La Sisep fue creada por disposición constitucional. Lo que se puede es reformar su ley creadora, modificarla, pero no se puede eliminar porque tiene rango constitucional”, insistió.
Además, señala Castillo, al entrar en vigor las reformas, el PLC reclamará los cargos nombrados en la Sisep, cuyo titular es precisamente el ex diputado Víctor Guerrero; mientras que los cargos en las intendencias de Agua Potable, Telecomunicaciones y Defensa del Consumidor deberán asumirlas quienes fueron nombrados en esos cargos antes de aprobada la Ley Marco.
“La Ley Marco no eliminó las reformas constitucionales, simplemente suspendió su vigencia. Al ser derogada, las cosas vuelven a su estado anterior”, explicó.
“Los nombrados, nombrados están”
Por otro lado, si la ALN y el PLC pretenden ratificar los nombramientos de ministros, embajadores, directores de entes autónomos y demás funcionarios realizados por el presidente Ortega, han hecho mal sus cálculos. Castillo considera que los funcionarios nombrados por el Ejecutivo hasta la fecha, quedarán tal cual, pues las reformas han estado suspensas, y por principio constitucional (Arto. 38 Cn) “la ley no tiene efecto retroactivo”.
“No significará que al presidente se le venga a pedir ahora que renombre a sus ministros; los ministros nombrados están con todos sus derechos y deberes, basados en una ley que es la que predomina, es decir, la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, explicó.
Sin embargo, una vez derogada la Ley Marco y puestas en vigor las reformas a la Carta Magna, si un ministro, embajador o director, renuncia o es destituido, entonces el nuevo nombramiento tendrá que ser ratificado con el voto favorable de 56 diputados ante la Asamblea Nacional.
Pero aun así, Castillo no ve ningún obstáculo para el gobierno, y está seguro de que el “acuerdo político” entre el PLC y el FSLN es “tan fuerte”, que el PLC no rehusará ratificar a los funcionarios que nombre el Presidente Ortega.
“Al Frente Sandinista le da igual si derogan o no la Ley Marco”, resumió Castillo.

Negociación FSLN-ALN, “improbable”
Para el ex presidente de la Asamblea Nacional, Luis Humberto Guzmán, es posible, pero no probable, una negociación entre el FSLN y la ALN para derogar la Ley Marco, y otra posteriormente, para una repartición de cargos, pues no ve a la ALN nombrando funcionarios en un gobierno al que adversa políticamente.
“En teoría, es posible (una negociación para repartirse cargos), pero políticamente no. En los Estados Unidos, el Senado opera de ese modo, y eso no quiere decir que los demócratas bajo un presidente republicano, condicionen la aprobación o no de un candidato a su participación en el gobierno. Además, en Nicaragua, ¿por qué querrían ser unos partidos de oposición, corresponsables de una gestión que ellos no conducen?”, explicó.
El analista insistió en que la participación en el gobierno por parte de personajes de la oposición es posible, pero no probable.
“Imaginémonos a un ministro proveniente de cualquiera de los grupos liberales en el gabinete de Daniel Ortega, sería un ministro que tendría que obedecer al Presidente de la República y no tendría autonomía suficiente para una gestión propia”, añadió.
Guzmán considera que la mayor consecuencia de la entrada en vigor de las reformas constitucionales, es la transformación en el régimen político “porque la Asamblea Nacional pasaría a ser una entidad corresponsable, al menos en el nombramiento de los funcionarios más importantes del Poder Ejecutivo”.
Negociaciones con cualquiera
Con este escenario, la bancada del FSLN tendrá que negociar con cualquiera de los dos grupos parlamentarios liberales para lograr la ratificación de los funcionarios que nombre el presidente Ortega.
“Sin duda, tiene que haber una negociación (del presidente Ortega); si tiene que ser con el PLC, no lo sé; también puede ser con la ALN, pero tiene que haber una combinación de negociaciones, buscando una mayoría suficiente para lograr la ratificación de los nombramientos”, explicó.
Guzmán, aliado del Frente Sandinista a través de la Convergencia Nacional, no cree que el presidente Ortega resulte debilitado con la entrada en vigencia de las reformas constitucionales.
“Ortega tiene capacidad para construir un consenso (en la Asamblea Nacional) y lograr que le ratifiquen a sus funcionarios; tuvo capacidad para reunir el consenso necesario y elegir a René Núñez presidente de la Asamblea Nacional”, explicó.

“Corregir un error jurídico”
La derogación de la Ley Marco constituiría la “corrección de un error jurídico”, pues tanto el decano Óscar Castillo, como el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA), Manuel Aráuz, consideran que nunca una ley ordinaria puede estar por encima de la Constitución Política.
Sin embargo, contrario a la posición de Castillo, Aráuz considera que la propuesta de ALN de abolir la Ley Marco y las leyes conexas de la Sisep y el Inprur, es correcta, pues las leyes que originan la Sisep y el Inprur son ordinarias, “y una ley ordinaria pude derogar a otra con sólo 47 votos”.
Para Aráuz no es trascendental que la Sisep esté contenida en las reformas constitucionales, pues con la iniciativa de ALN no se niega su existencia constitucional, simplemente se deroga su ley creadora.
“En derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Si para aprobar unas reformas a la Constitución se requieren dos legislaturas (dos años) y una votación cualificada (56 votos), para derogar artículos de esa reforma se requiere, igualmente, dos legislaturas y votación cualificada, por tanto la Ley Marco no puede tocar ni un artículo de las Reformas a la Constitución, pero sí puede derogar otras leyes de carácter ordinario”, explicó.
Con las reformas, el nombramiento de los funcionarios de la Sisep y del Inprur corresponde a los diputados ante la Asamblea Nacional, sin embargo, de aprobarse la derogación de la Ley Marco y las leyes conexas, “eso quedaría como letra muerta”, pues la Sisep y el Inprur, continuarán existiendo conforme con la Constitución, pero quedarían derogadas las leyes que las crean.
También podrán destituir
Aráuz recordó que con la entrada en vigencia de las reformas, los diputados ante la Asamblea Nacional, no sólo tendrán la facultad de ratificar funcionarios, sino también de destituirlos en caso de negarse a comparecer cuando sean interpelados o cuando no estén satisfechos con su gestión.
La reforma establece, igualmente, una votación cualificada de 56 diputados tanto para la ratificación de los funcionarios del Ejecutivo, como para su destitución. “Hay limitaciones claras al poder presidencialista”, dijo.