Política

ALN eleva la parada al PLC

* Eduardo Montealegre explica al detalle repercusiones de iniciativa de ALN para derogar la Ley Marco, la Sisep e Intendencia de la Propiedad * PLC y ALN arrebatarían al gobierno el control de INAA y de Telcor

Eduardo Marenco

Una iniciativa de ley de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) para derogar la Ley Marco, la Ley 511 creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) y la Ley 512 del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural (Inprur); ha puesto en jaque al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), porque le deja sólo dos opciones frente a la ciudadanía: continuar el pacto con el FSLN o amarrarse con la ALN y el MRS.
La Ley Marco fue aprobada para suspender unas reformas constitucionales que debilitaban el mandato del entonces presidente Enrique Bolaños. Con ella, también se detuvo la implementación de la Ley de la Sisep, del Inprur y las reformas al Seguro Social.
Las reformas constitucionales actualmente suspendidas establecen un candado de 56 votos para la ratificación de ministros, viceministros y embajadores del gobierno; para la interpelación y destitución de los mismos, así como para modificar los vetos del presidente de la República.
La “Ley especial para derogar la Ley Marco y leyes conexas”, introducida ayer ante la Primera Secretaría del parlamento, por la ALN, plantea la derogación de la Ley de la Sisep, la Ley del Inprur y la Ley Marco, explicó a EL NUEVO DIARIO el presidente de ALN, Eduardo Montealegre.
Asimismo, se dejan en vigencia las reformas al seguro social que devuelven una serie de beneficios a los asegurados nicaragüenses, explicó Montealegre.
Gobierno también en jaque

Los escenarios
¿Cuál es el resultado político de aprobarse la “Ley especial para derogar la Ley Marco y leyes conexas” propuestas por la ALN? Éstos son los tres escenarios que aprecia Eduardo Montealegre:
A ) Ahora
INE lo controla el PLC.
INAA lo controla el FSLN.
Telcor lo controla el FSLN.
B) De implementarse las reformas constitucionales:
Sisep en manos del PLC.
Intendencia de Energía en manos del PLC.
Intendencia de Agua y Alcantarillado, del FSLN.
Intendencia de Telecomunicaciones, del FSLN.
C) De aprobarse la iniciativa de la ALN:
INE bajo el control del PLC.
INAA ¿? (a negociarse “bajo criterios técnicos”)
Telcor ¿? (a negociarse “bajo criterios técnicos”)
La iniciativa plantea la reforma de la ley de INAA y la ley de Telcor “para lograr que a propuesta del presidente y/o diputados se presenten ternas para nombrar a sus presidentes ejecutivos y miembros de sus consejos directivos”, tal como ya ocurre en el caso del INE, cuyo nombramiento requiere únicamente 47 votos.
Al derogarse la Ley Marco y quedar en vigencia las reformas constitucionales, advirtió Montealegre, el gobierno del presidente Daniel Ortega estará obligado a obtener 56 votos (sólo cuenta con 38) para ratificar a sus ministros, viceministros y embajadores.
“Con esta iniciativa disminuimos el costo del Estado eliminando la Sisep, nos aseguramos que Telcor, INAA y el INE sean instituciones con la misma lógica, es decir, con un mejor ordenamiento del Estado; y que sus presidentes sean nombrados con 47 votos”, valoró Montealegre.
El dilema del PLC
“El PLC tiene dos alternativas: sigue pactando con el FSLN aunque no necesita, o acuerda con ALN y el MRS los nombramientos de Telcor e INAA”, señaló Montealegre, “lo que los nicaragüenses quieren ver es dónde está parado Arnoldo Alemán: ¿está parado con Daniel o está parado con la democracia? Y el pueblo quiere saber en cuál bando están los diputados”, reafirmó.
“Si nos seguimos amarrando (PLC y ALN), ahora sí Daniel Ortega no puede poner a cualquier perico de los palotes en el gobierno”, aseveró Montealegre, aunque reconoció que aun la bancada sandinista tiene poder de veto para evitar la interpelación de sus ministros, porque se requerirá 56 votos para tal acción.
Aunque de todos modos, se ha creado un sistema de pesos y contrapesos porque se necesitarán 56 votos para ratificar a un ministro en su cargo. Montealegre indicó que su compromiso era introducir esta iniciativa inmediatamente después de que el PLC apoyase la derogación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), como ya ocurrió.