Política

Banco de Fomento: una cosecha incierta

El Banco de Fomento a la Producción es la única llama que se ha encendido entre la oscuridad que viven los pequeños productores de Nicaragua. Su realización es todavía un anhelo difícil de alcanzar, pues tendrá que saltar las barreras políticas que se imponen ante las leyes de trascendental importancia y vencer el fantasma del Banco Nacional de Desarrollo, BND antes, y Banades al momento de morir en tiempos del gobierno de Violeta Chamorro

¿Cuánto cuesta un quintal de maíz? Entre 330 y 350 córdobas, según los precios de la semana pasada. Pero, ¿qué hizo el pequeño productor antes de llevar ese quintal hasta el mercado? La respuesta es larga: preparó el suelo, lo aró, aplicó un herbicida y luego fertilizó. Eso antes de sembrar el grano.
Después de la siembra tuvo que limpiar el suelo nuevamente, fertilizarlo con urea y hacer un control de plagas. Cuando la mazorca estuvo seca la tapizcó y desgranó con sus ayudantes o pagó. Al fin estuvo listo el saco de maíz. Pero el productor aún no respiró aliviado, pues tanto pesaba el saco como la deuda que cargará durante algún tiempo.
No se sabe con certeza cuánto le costó todo el proceso, que terminó cuando llevó el quintal de maíz hasta el mercado. Lo cierto es que tuvo que endeudarse para sacar la cosecha porque es la única forma de producir en este país, donde la banca privada no presta y las microfinancieras desvanecen las esperanzas de los productores con tasas de interés que no bajan del 20%.
Este problema no es exclusivo de los productores agrícolas. Los productores lácteos, mujeres asociadas en cooperativas y demás ciudadanos que pretenden conformar una microempresa y necesitan préstamos pasan por la misma odisea. Y la pasan porque no hay de otra.
Al fin, una solución
La idea de crear un Banco de Fomento a la Producción nació casi muerta en la postrimería del gobierno de Enrique Bolaños. La iniciativa de ley que crea el banco no tuvo eco en los salones presidenciales de ese entonces y, como tantas leyes, quedó esperando su discusión en el Parlamento.
El sueño de los productores ha vuelto a los escenarios de poder. Vino de la mano de la campaña electoral: todos los partidos políticos prometieron el Banco de Fomento, cada uno a su modo, y hasta hubo debates por el nombre. Parecía que hablaban en serio. El Fondo Monetario le ha dado su “okey” y ahora sólo falta, y pareciera que es lo más fácil, que los diputados de las distintas fuerzas políticas se pongan de acuerdo.
La iniciativa de Ley Creadora del Banco de Fomento a la Producción está siendo revisada por la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional y cada bancada tiene su posición respecto al tema.
Según el artículo uno de la iniciativa, el banco es una entidad autónoma del Estado, con personalidad jurídica propia, duración indefinida, patrimonio propio y con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, respecto de todos aquellos actos o contratos que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y finalidad.
Y su objetivo es claro: “Fomentar y diversificar la producción agrícola, pecuaria y agroindustrial del país en todos sus aspectos y cualquier otra actividad de carácter productivo”.
Todos los actores involucrados: el gobierno, organizaciones ganaderas, de productores, empresa privada, etcétera, ya concurrieron donde los diputados para expresar sus consideraciones.
“Ya le están poniendo carne a los huesos”, comentó el presidente de la comisión, Francisco Aguirre. Wálmaro Gutiérrez cree que el dictamen estará listo para discutirse en el plenario en la segunda semana de septiembre.
Lo difícil apenas se avecina: el bendito arreglo político. Cuatro puntos convierten a este proyecto de ley en un potencial instrumento político cuyas ramificaciones se extienden por veredas partidarias de donde, sin remedio alguno, tendrá que salir pronto, pues la ley es la única esperanza de los pequeños productores agrícolas, ganaderos y microempresarios que no obtienen crédito de la banca privada.

Polémica número uno:
¿Qué tipo de banco será?
Todos concuerdan en que el banco debe ser de primer piso, es decir, que no existan intermediarios. La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) es de la posición que el banco debe captar depósitos, según expresó Daniel Núñez, miembro de Conagan. “Queremos que sea un banco como lo fue el Banco Nacional”, comentó Núñez, con mucha propiedad y experiencia.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro, también considera que el Banco de Fomento debe tener recursos del público. “Debe ser capitalizado por los mismos productores”, expresó Navarro. El legislador cree que es preciso que haya depósitos para que “los productores no vayan a depositar su dinero a la banca privada”.
La bancada sandinista, por el contrario, es de la idea que en el banco no debe haber ahorros. Wálmaro Gutiérrez, realizador de la iniciativa de ley, explica que “por el momento” es mejor que no haya captación de depósitos públicos.
“En este momento se ha llegado a la conclusión, por planteamientos del Banco Central, de que sólo debe otorgar créditos” porque, de lo contrario, el banco tendría que someterse a la revisión y supervisión de la Superintendencia de Bancos, expresó Gutiérrez, quien como sus compañeros del Frente Sandinista, concuerda con el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, quien planteó esto en su visita a la comisión.
Manuel Álvarez, de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), coincide con los del FSLN y con Rosales. “De momento que no capte recursos, pero que sea de primer piso, porque si nos mandan intermediarios ya no sería igual. Luego, con la experiencia, veremos (si es necesario que capte recursos)”.

Polémica número dos:
El capital
La iniciativa de ley, en su artículo cinco, dice: “El Estado de la República aportará recursos líquidos por la suma de veinte millones de córdobas como parte de la conformación del capital autorizado, los que se incorporarán como transferencia en los respectivos Presupuestos Generales de la República y se entregarán al Banco de Fomento a la Producción (Banfopro)”. Las partidas se harían de la siguiente manera: Año fiscal 2006 diez millones de córdobas; año fiscal 2007 2.5 millones de córdobas, igual en el año fiscal de 2008, 2009 y 2010”.
Sobre esto aún no hay un consenso. Los legisladores hablan de diez millones de dólares que están en el Banco Central producto de la privatización de las telecomunicaciones y que pueden ser abonados al capital del banco. Navarro y Gutiérrez coinciden en que los componentes de crédito de otras instituciones pueden pasar a formar parte del banco, de modo que exista sólo una entidad dedicada a dar préstamos.
La ALN prefiere que el capital de banco sea mixto, es decir, que aparte de los fondos del Estado con los que iniciará, también cuente con inversión privada. “Lo que se quiere es concentrar las carteras de crédito”, explicó Gutiérrez, quien agregó que el artículo de la iniciativa de ley que mandaba a formar el capital del banco con el resultado neto de los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas por el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), al Fondo de Crédito Rural (FDR) y la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabás) se suprimirá.

Polémica número tres:
La tasa de interés
El proyecto de ley no toca este tema, que será un punto álgido en las negociaciones políticas. Según Gutiérrez, no debe ponerse un porcentaje en la ley, pues se necesita una “tasa de interés real” que, expresa, es la que garantiza el costo por la rentabilidad del banco. “Este banco tiene un objetivo social y económico, lo que hace que las tasas de interés estén muy por debajo de las tasas de mercado”.
Daniel Núñez aboga para que la tasa de interés se iguale a la de las bancas nacionales de los países de América Central. “En Centroamérica se paga el nueve por ciento más el deslizamiento de la moneda”. Álvarez se fue un poco más bajo, entre el siete y el ocho por ciento.
Los intereses que cobran las microfinancieras y la banca privada son el principal problema para los pequeños productores, que terminan pagando cuatro veces más de lo que prestaron. “Yo tengo pruebas de una financiera que está prestando con intereses que sobrepasan el 50%”, comentó Núñez. Para María Eugenia Sequeira, diputada de la ALN y miembro de Comisión Económica, la ley debe establecer un techo que permita controlar la tasa de interés.

Polémica número cuatro:
¿Y los directivos?
El artículo once crea el Consejo de Dirección del banco “para establecer las políticas, estrategia, autorizar programas y fijar las tasas de interés de las operaciones activas del Banco. Este Consejo de Dirección estará conformado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien ejercerá la representación legal del mismo y lo presidirá; el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, quien a su vez será vicepresidente; el ministro Agropecuario y Forestal, dos miembros de la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional y el gerente general del banco”.
La UNAG y la Upanic consideran que dentro de la junta deben estar los presidentes el sector industrial y pecuario, esto con el propósito que no se partidicen las decisiones. Gutiérrez, por su parte, cree que sí deben estar miembros del gabinete de gobierno, pues éste es un banco del gobierno. En lo que sí, según él, ya llegaron a un consenso es en que ningún legislador debe pertenecer a la junta directiva del banco.
Hasta el final de la realización de este trabajo fue imposible obtener la posición de los legisladores del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) ante la Asamblea Nacional y miembros de la Comisión Económica.