Política

Ley de acceso a la información podría ser apelada

La presidenta del Colegio de Periodistas de Nicaragua dijo que fue un error lo que hicieron los diputados en querer normar el ejercicio del periodismo.

Edgard Barberena

Organizaciones periodísticas podrían recurrir contra varios artículos de la recién aprobada Ley de Acceso a la Información Pública donde la Asamblea Nacional incorporó artículos que afectan la libertad de expresión.
Así lo manifestó este domingo la presidenta del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Mercedes Rivas, quien confirmó que esta semana se reunirá con el directorio de esa instancia para emitir un pronunciamiento.
Rivas dijo que los diputados le aplicaron un “foul” a los periodistas en el artículo 46 de la legislación aprobada la semana pasada, después que organizaciones de la sociedad civil venían presionando a los diputados para la aprobación de la ley.
Un error
“Fue un error lo que hicieron los diputados en querer venir a normar el ejercicio del periodismo”, dijo la presidenta del Colegio de Periodistas con respecto a los cambios que a última hora hicieron los diputados.
En términos similares también se expresó la presidenta de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), Elsa Gómez, quien informó que esa organización se pronunciará esta semana sobre la controversial legislación que aún no ha sido publicada por el diario oficial La Gaceta.
Ambas dirigentes coincidieron por separado que la comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, presidida por el doctor José Pallais, no los consultaron sobre el artículo que vino a incidir en la libertad de expresión.
La única diputada que ha invitado a la UPN para consultar un proyecto de ley relacionado con la Contraloría General de la República fue la doctora Miriam Argüello, presidenta de la comisión de Probidad del Legislativo.
La referida ley nació con la finalidad de garantizar el derecho a la ciudadanía de acceder y consultar los documentos y bases de datos existentes en las instituciones de gobierno y demás entidades que manejan información pública.
Además contempla disposiciones en que las instituciones privadas deberán proporcionar información cuando gocen de beneficios otorgados por concesiones, licitaciones o contrato en los bienes públicos.