Política

Gobierno debe informar sobre impacto de baja salarial

La eliminación de los megasalarios que devengan los altos funcionarios públicos en las instituciones del Estado constituye una aspiración de la ciudadanía, misma que observa con agrado el primer paso que dio el presidente Daniel Ortega, estableciendo una política de ahorro en el Gobierno Central que pasa por la reducción, mediante decreto, de los salarios que devengan los servidores del Poder Ejecutivo. La Asamblea Nacional intenta hacer lo propio con la presentación de un proyecto legislativo que pretende disminuir el gasto público, equiparando los salarios de los altos cargos a los establecidos por Ortega entre sus funcionarios. Sin embargo, la pregunta es ¿cuál es el impacto de esta medida en los primeros tres meses de gobierno? Es digno reconocer que obtuvimos la versión oficial del Gobierno sobre el tema

Consuelo Sandoval

La política de austeridad promovida por la Administración de Daniel Ortega, que asumió el poder el pasado 10 de enero, decretó una drástica reducción de los salarios que devengaban los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, además de otra serie de disposiciones para disminuir sensiblemente el gasto público.
La disposición gubernamental ha sido aplaudida por la ciudadanía y representantes de organismos de la sociedad civil que ven con buenos ojos que el gobierno articule su discurso de austeridad con una aplicación real de redistribución de la riqueza nacional hacia sectores más vulnerables de la sociedad.
Reducción del 15 por ciento
Según el director de planilla del Ministerio de Hacienda, José Daniel Pérez, la disminución salarial de los 97 altos funcionarios representó una reducción del 15 por ciento en sus ingresos, al pasar de consumir 5.6 a 4.7 millones de córdobas mensuales.
El Gobierno Central posee aproximadamente 57 mil servidores públicos, quienes absorben 208 millones de córdobas mensuales del Presupuesto de la República.
El economista Néstor Avendaño saludó la iniciativa de Ortega, la cual considera como el primer paso para emprender la eliminación definitiva de esos salarios ofensivos para una población que en buena parte sobrevive con menos de dos dólares al día.
Avendaño propugnó para que el Parlamento apruebe esa legislación que regule los ingresos de los altos funcionarios de todo el Estado, a fin de liberar recursos, “ya que “adecentando” esos megasalarios, también vamos a “adecentar” los salarios de los estratos de trabajadores de más bajos ingresos del sector público, tales como el magisterio y el personal médico y paramédico del sistema de salud.
“Reducir los megasalarios es una de las medidas más positivas que ha tomado el gobierno porque tiene sensibilidad social ante la extrema pobreza del país. Valoramos esta política de austeridad e instamos al resto de poderes del Estado a ser coherentes con esta política porque entiendo que en la Asamblea Nacional y los poderes Judicial y Electoral se han hecho los suecos con esta medida del Poder Ejecutivo”, declaró la representante de la Coordinadora Civil, Georgina Muñoz.
El Estado no es para enriquecerse
Efectivamente, algunos funcionarios públicos del resto de poderes del Estado resienten que sus bolsillos estén siendo amenazados por los diputados de la bancada sandinista, quienes presentaron un anteproyecto de ley para regular los jugosos ingresos de los altos funcionarios públicos, equiparándolos a los que actualmente devengan los del Poder Ejecutivo.
“Yo creo que el Estado no es un lugar para enriquecerse de forma rápida, es un lugar para servir al pueblo, pero me da la impresión que con esos salarios, los servidores son servidos por la población. Deben recapacitar y tomar en cuenta que Nicaragua sigue siendo un país pobre y muy endeudado, no sólo con el exterior, sino con acreedores internos del sector privado”, enrostró Avendaño.
De acuerdo con Denis Silva García, director de la oficina de la Función Pública del Ministerio de Hacienda, la disposición de Ortega pretende ordenar “las retribuciones que se venían aplicando en la administración pública y en este caso se afectó a 97 funcionarios que van desde el Presidente de la República hasta el nivel de dirección general.
¿Pero cuánto se ahorrará con esta disposición gubernamental y hacia dónde serán redistribuidos esos fondos?
Se calcula que esa reducción salarial generará 14.2 millones de córdobas anuales, cifra considerada preliminar porque todavía Hacienda está por corroborar y validar otra información que determine claramente el impacto que tendrá esa medida en el Presupuesto de la República, según Silva, quien aseguró que esos fondos se destinarán al combate a la pobreza, a través de la aplicación del Programa Hambre Cero.
Esa información contrasta con la que posee el economista Néstor Avendaño, quien citando datos del Presupuesto aprobado en el Parlamento, aseguró que el ahorro ascenderá a 45 millones de córdobas, solamente en concepto de reducción salarial.
A ese monto habría que agregar los 294 millones de córdobas proyectados en el Presupuesto que se ahorrarían por la política de austeridad en el gasto gubernamental por concepto de la suspensión del pago de tarjetas de créditos, teléfonos celulares, alquiler de viviendas y vigilancia para los altos funcionarios públicos que no residen en la capital, dijo Avendaño.
Es decir, que el total de ahorro en la reducción del gasto permitirá disponer de 339 millones de córdobas anuales.

Aristas del Proyecto de Ley de Regulación Salarial
Presidente: US$ 3,200.00.
Vicepresidente: US$ 3,100.00.
Diputados propietarios, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo Supremo Electoral, Contralores, Procurador de Derechos Humanos, Fiscal General de la República, Procurador General de la República US$ 3,000.00.
Ministros, secretarios de la Presidencia, presidentes y directores de entes autónomos US$ 2,900.00 y descentralizados.
Viceministros, Fiscal General Adjunto, presidentes o directores de entes autónomos y descentralizados, Superintendente de Bancos, Subprocurador de la República, Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Intendente de la Propiedad US$ 2,800.00.
Vicepresidentes o subdirectores de entes autónomos descentralizados US$ 2,700.00.
Vicesuperintendente de Bancos US$ 2,600.00.
Secretarios generales, Secretarios de la Presidencia, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Nacional, Consejo Supremo Electoral, y entes autónomos y descentralizados, Directores Generales y Gerentes US$ 2,400.00 de los distintos Poderes del Estado.
Entes autónomos y descentralizados, Subdirectores y Vicegerentes US$ 2,200.00 de los distintos poderes del Estado, Entes autónomos y descentralizados, Asesores y consultores US$ 2,000.00 de los distintos poderes del Estado y entes autónomos y descentralizados.

Informe no ha llegado a la Asamblea
Paradójicamente, los diputados de los opositores Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Alejandro Bolaños y Víctor Hugo Tinoco, respectivamente, desconocen el monto y destino del ahorro de la reducción salarial, a pesar de que estuvieron presentes en los debates parlamentarios para la aprobación del Presupuesto.
“En la Asamblea Nacional los diputados no manejamos ningún tipo de información al respecto, nosotros seguimos devengando el mismo salario, pero qué hará el Ejecutivo con el sobrante del dinero que les queda por haberse rebajado el sueldo, se desconoce aún”, dijo Bolaños.
“Según lo que yo entiendo, esa cantidad de dinero aparecería reflejada en el Presupuesto, por muy poca que ésta haya sido, efectivamente el dato se puso, pero ahorita no recuerdo el monto, y ese dinero sería aplicado para otro fin, pero al final fue pasado de un lado para otro y no estoy seguro dónde quedó”, respondió, por su lado, Tinoco.
Los consultores
Todo hace indicar que Ortega continuará profundizando las medidas de austeridad porque todavía está pendiente establecerse el total de fondos que se gasta en la contratación de consultores.
Silva estima que existe un poco más de 2,000 consultores que en buena parte devengaban hasta 10 mil dólares mensuales.
En ese sentido, Pérez destacó que se elaboró una normativa para regular el salario de esos funcionarios, estableciéndolos en diez categorías.
Avendaño no culpa a ese exclusivo grupo de servidores públicos, sino que endereza sus baterías contra de los organismos financieros internacionales, que son los que establecen jugosos salarios, ejemplificando el caso del otrora poderoso secretario de la Presidencia Luis Durán, quien se dedicó a “combatir la pobreza” en la Administración de la ex presidenta Violeta Chamorro, devengando un salario mensual de 25 mil dólares.
“La corrupción también está en las organizaciones internacionales y la administración pública tiene que cercenar ese mal hábito en el sector público, esa otra planilla es financiada con endeudamiento externo para pagar a consultores que ni siquiera superan los treinta años de edad. Esa es una aberración, porque los asesores deben tener experiencia de trabajo acumulado no recién salidos de las universidades”, reprochó Avendaño.
El economista opina que Ortega debe ampliar la austeridad en el gasto público, eliminando a esos funcionarios el beneficio de poseer vehículos y combustible del Estado.
“Y ahora que el pueblo es Presidente, le deberá no sólo exigir rendición de cuentas, sino terminar con esa gran prestación que significa un gran despilfarro de recursos en asignación del parque vehicular y consumo de combustible”, clamó.
(Con la colaboración de Sergio Aguirre)