Política

Ipade: “Que Presidente no siga atropellando las leyes”


Sergio Aguirre
El director ejecutivo del Instituto para la Democracia (Ipade), Mauricio Zúniga, recomendó ayer al presidente Ortega que cuide la legalidad de sus actuaciones, para que sea quien dé la pauta en el respeto al Estado de Derecho, de tal forma que si considera hacer cambios de orden institucional primero deberá reformar el marco jurídico vigente, ajustándose a los procedimientos establecidos por esta ley, en la que queda claro que nadie está al margen ni por encima de ella.
Apuntó que no es conveniente estar despachando los asuntos de Estado desde la sede del partido FSLN, que además está vinculada con su residencia. Al separarse de esa práctica estará demostrando pasos prácticos para ejercer su cargo para todos los nicaragüenses y no sólo para su clientelismo político, además servirá para demostrar la voluntad de ejercer su mandato apegado a una institucionalidad moderna y democrática.
Si no hay reforma, violenta ley
“Se debe respetar y fortalecer la institucionalidad y el marco legal vigente del país sin ponerse al margen de la legalidad y del Estado de Derecho. Si el presidente Ortega insiste en mantener su voluntad política contra la ley expresa, deberá primero reformar el marco jurídico vigente ajustándose a los procedimientos que establece la ley, y de acuerdo al orden establecido en un Estado de Derecho, nadie está al margen, mucho menos por encima de la ley”, destaca el informe.
Agrega que el Gobierno debe prevenir el riesgo de que los recursos de la publicidad no limiten ni condicionen la autonomía de los medios de prensa, y debe establecer criterios equitativos al otorgar la publicidad estatal. Asimismo, el Gobierno debe reflexionar sobre la limitada, débil y poco transparente política de comunicación que se ha desarrollado a la fecha, y variarla.
Al respecto, Zúniga comentó que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública que ellos ayudan con sus impuestos a generar, de tal forma que las instituciones del Estado deben comunicar ágil y fluidamente la información que sirve como puente a la gente sobre cuestiones de utilidad pública y social.