Política

Gobierno apuesta bajar salarios en el Estado

* Tres mil dólares a magistrados, diputados y fiscales, y 2 mil 900 dólares a directores ejecutivos de entes autónomos * Propuesta regula pensiones vitalicias y elimina tarjetas de crédito

Consuelo Sandoval

La bancada sandinista promueve la aprobación de la Ley de Regulación Salarial de los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado y entes autónomos, que pretende equipararlos a los establecidos por el Gobierno Central, cuyo monto superior asciende a 3,200 dólares netos mensuales, devengados por el presidente de la República, Daniel Ortega.
De acuerdo con la propuesta, el salario de los magistrados, contralores, procuradores, fiscal, ministros, diputados y secretarios de la Presidencia, ascendería a 3,000 dólares. Los presidentes o directores ejecutivos de los entes autónomos y descentralizados devengarían 2,900 dólares.
Los viceministros, Fiscal General Adjunto, presidentes o directores de entes autónomos y descentralizados, Superintendente de Bancos, Procurador de Justicia, Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos e Intendente de la Propiedad, tendrían ingresos de 2,800 dólares.
El proyecto, que será presentado este jueves a la Junta Directiva parlamentaria, tuvo buena acogida entre los legisladores de las distintas bancadas legislativas, aunque con resquemor por algunos diputados de un sector de la oposición.
Algunos diputados de acuerdo
“La posición de nosotros es que vamos a apoyar la reducción de salarios en todos los poderes del Estado porque no es posible que haya unos salarios que se contradicen con la pobreza y la miseria que vive Nicaragua. Nosotros no tenemos ningún problema en la reducción salarial, aun cuando nos afecte, porque esto es un compromiso nuestro”, expresó el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y primer secretario, Wilfredo Navarro.
Magistrados y diputados de los demás poderes del Estado se han negado a bajarse sus salarios, incluso la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un primer intento.
Su colega del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, aseguró que “nosotros respaldamos toda iniciativa de ley que esté encaminada a bajar los salarios en los poderes del Estado, eso es justo, necesario y sería un aliento moral para la población nicaragüense”.
Por su lado, la diputada por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Jamileth Bonilla, se declaró anuente a respaldar la iniciativa, aunque advirtió que debe hacerse “sin demagogia, populismo y con realidades”.
Bonilla puso en duda que el Gobierno esté practicando la política salarial que estableció a comienzos del año, aduciendo el secretismo que no permite conocer a ciencia cierta qué se esté aplicando.
“Yo no veo mal homologar los salarios, siempre y cuando se cumpla, creo que hay que buscar un punto intermedio entre los salarios más altos y los más bajos, pero me cuesta creer que lo que anunció el Ejecutivo sea lo que estén recibiendo sus funcionarios, porque hay que tomar en cuenta todo lo que los ministros tienen para poder desarrollar sus funciones”, declaró Bonilla.
Adiós a las pensiones vitalicias
El proyecto suspende el pago de las pensiones vitalicias a ex mandatarios que lleguen a ocupar u ocupen un cargo público en cualquiera de las instituciones del Estado, y no podrán recibir más remuneración salarial que la establecida por la presente Ley.
“Se prohíbe el uso de los vehículos automotores propiedad de los distintos poderes del Estado, entes autónomos, descentralizados y alcaldías, por parte de los funcionarios y empleados públicos, en horas y días no hábiles en labores ajenas a la función que desempeñan, movilización a sus casas de habitación o lugares donde realicen actividades particulares”, señala la iniciativa.

Prohibiciones
Queda terminantemente prohibido el uso de tarjetas de crédito a cuenta de los fondos de las instituciones públicas, gastos de representación; a excepción del Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, para gastos en función de su cargo. Pago de alquiler y mantenimiento de casa, servicios de protección física, servicios domésticos, servicios públicos y asignación de telefonía celular, a excepción de los embajadores en función de su cargo.