Política

Institucionalidad incierta

En la culminación de nuestra serie de trabajos sobre el balance de los cien días del gobierno del presidente Daniel Ortega, ofrecemos las visiones jurídicas y constitucionales de los analistas, doctores Gabriel Álvarez y Alejandro Serrano Caldera. Si alguna coincidencia existe en los análisis, es que hay un divorcio entre el discurso y la realidad, además, una conducta excluyente en términos políticos porque pareciera que el FSLN gobierna solamente para el 38 por ciento que votó por ese partido, y de pronto con la complicidad del PLC. El desprecio a la institucionalidad marca una conducta preocupante, según los analistas. El doctor Alejandro Serrano Caldera ilustra cinco aspectos en el comportamiento del Gobierno que parecieran convertirse en tendencias en la actual administración

Hay una tendencia hacia el autoritarismo en el Gobierno sandinista y posiblemente sus dirigentes tienen una visión distinta de la democracia representativa, considera el constitucionalista nicaragüense Gabriel Álvarez.
La estrategia de comunicación formulada por la primera dama, Rosario Murillo, habla precisamente de un cambio de régimen político y en diferentes discursos el presidente Daniel Ortega hace referencias a una democracia directa, muy similar a la planteada en el Libro Verde por el Muhamar el Kadhaffi, quien ha gobernado Libia los últimos cuarenta años gracias a sus Consejos Populares.
El Estado de Nicaragua consagra en su Constitución un Estado Social de Derecho, la democracia representativa, la división e independencia de los poderes, un régimen presidencialista atenuado y establece claros mecanismos de participación en la Ley de Participación Ciudadana, el proceso de descentralización y transferencias municipales, los cabildos y el derecho a la información establecido en la Carta Magna.
“O no respetan lo establecido en la Constitución, la ley y el Derecho, o peor aún, van abiertamente contra lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”, valora Álvarez.

Discurso versus realidad
Si bien el Gobierno redujo los salarios en el Poder Ejecutivo, no ha cumplido con el aumento salarial a los maestros y se vio obligado por la presión magisterial a cumplir con la Ley de Participación Educativa. Si bien instaló plantas de energía con capacidad de 60 megavatios, el Gobierno no ha explicado a la Contraloría la naturaleza de dicha transacción y menos al público. Si bien se dice respetuoso de las leyes, el presidente Ortega insiste en despachar los asuntos de Estado en la Secretaría Política del FSLN.
Esta tensión entre legalidad y las actuaciones de gobierno “atenta no sólo contra un estricto principio de legalidad, sino contra una concepción amplia de la democracia, porque la democracia fuera del Estado de Derecho no existe”, indica Álvarez.
“No se puede admitir el uso y el ejercicio del poder sin límites jurídicos, porque eso es poderío y arbitrariedad”, advierte el abogado.
Otro rasgo que critica del Gobierno es el secretismo. “Se habla de Poder Ciudadano y Democracia Participativa, pero un requisito indispensable es la transparencia, no se puede ser ciudadano si no hay información, porque no hay una posibilidad del ejercicio libre y responsable de la ciudadanía”, agrega.
“No es posible ser ciudadano donde la actuación de los funcionarios públicos es secreto de Estado”, insiste.

La sede del Gobierno
Que el Presidente despache en una oficina partidaria no es una mera formalidad o política de ahorro de recursos, sino la muestra de cómo se concibe el ejercicio del poder político, puntualiza.
“Pareciera que están gobernando para un 38 por ciento de la población y por eso no le importa que el resto de la ciudadanía no tenga acceso a la información, ni transparencia ni pueda ejercer ningún tipo de derecho, ni nada”, cuestiona Álvarez.
A estas alturas, considera Álvarez, lo que más preocupa es “la actitud de oídos sordos” de parte del Ejecutivo, porque da a entender “que existe la convicción de que esa es la manera de ejercer el poder político, le guste o no le guste a la mayoría de las personas, y sea o no adecuado al Estado de Derecho”.

El camino del pacto y la mentalidad de catacumbas
Otro rasgo que para Álvarez es alarmante, es que el Gobierno parece haber optado por el camino del pacto excluyente entre el FSLN y el PLC, porque limita las opciones para revertir lo actuado contra la institucionalidad democrática.
Incluso van contra la misma lógica del pacto al repartirse el poder entre ambas fuerzas sin incluir a la nueva fuerza política que representa al 30 por ciento: la ALN. “Volvió el pacto a avasallar a las minorías, lo cual es muy peligroso, porque este pacto ya ni siquiera es el reflejo de los votos”.
Álvarez hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la democracia, en contra del modelo político dominado por Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. “Hay una completa falta de mentalidad institucional, hay una mentalidad de personificación del poder, hay una mentalidad de guerrillero, no se han dado cuenta que son una autoridad legítimamente constituida, es la mentalidad de la conspiración de evasión de la legalidad”, insiste Álvarez.

ALN no siempre de oposición
El abogado saludó la oposición consistente de la bancada de tres diputados del MRS, aunque piensa que la bancada de la ALN no siempre ha sido una bancada de oposición coherente, y debe vincularse a la ciudadanía. A la bancada del PLC la calificó como rehén del Gobierno debido a la condición de privado de libertad del ex presidente Arnoldo Alemán y a su cobardía política.

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