Política

Liberales empantanados con Ley de Aguas

* Generación hidroeléctrica podría ser una de las manzanas de la discordia * Ambigüedades contenidas en ley también crean confusión

Consuelo Sandoval

El presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, negó ayer que su bancada en el Parlamento esté retrasando la aprobación total de la Ley de Aguas --aprobada hasta el artículo 45-- con el propósito de proteger a empresarios y productores que se rehúsan a pagar el uso del vital líquido.
“No, no, no estamos defendiendo a los empresarios, estamos defendiendo los intereses de la nación. Por ejemplo, regar es mucho mejor que dejar que el agua fluya por los ríos hacia el mar, porque se desperdicia, si vos regás penetra en el subsuelo y esa agua vuelve a generarse”, adujo el ex candidato presidencial.
Sin embargo, Montealegre coincide con su colega y directivo de la Asamblea Nacional, Xavier Vallejos, quien reconoció que la legislación a como está planteada “redundaría en un perjuicio para los empresarios interesados en invertir en el sector hidroeléctrico, así como para los productores que utilizan el recurso hídrico en la irrigación de sus plantaciones”.
La generación como trasfondo
Montealegre rechazó que la Ley establezca que el Estado participe con el 51 por ciento de los proyectos hidroeléctricos, decisión que implicaría que los empresarios no vean atractivo invertir en Nicaragua.
“Da la impresión de que alguien quiere fomentar que no haya alternativas de generación de energía para que sólo dependamos del petróleo, porque si vos sos un inversionista y querés realizar un proyecto de 300 millones de dólares, pero el gobierno va a tener el 51 por ciento sin poner un centavo, nadie va a venir”, advirtió.
Montealegre habla de una moción que fue rubricada por los diputados de todas las bancadas, incluyendo los de ALN, y que aún no ha sido incorporada en el cuerpo de la legislación, según confirmó el asesor de la comisión legislativa de Medio Ambiente, Félix González.
El legislador rojo se declaró a favor de la regulación en el uso de ese recurso natural y por el mejoramiento del medio ambiente, a través de la reforestación de los bosques y otras disposiciones para evitar la contaminación.
Legislación ambigua
Por su parte, el primer vicepresidente, Luis Callejas, explicó que trabajan en la revisión exhaustiva de la legislación, por cuanto, en el artículo referido a las propiedades ubicadas en las cercanías de los ríos, cuya posesión corresponderá al Estado en los 30 metros de lados de las riberas.
“La Ley de Aguas dice que hay que protegerla a ambos lados de las riberas del río, pero quién y cómo serán administrados esos 30 metros, si el dueño privado perderá su posesión”, se interrogó.
Agregó que tampoco se estipulan los cánones que se cobrarían a los empresarios y productores o a los dueños de pozos familiares, personales o comunales.
Callejas considera que la legislación es ambigua y, según él, tal como quedó redactada no determina el destino que se le dará a los recursos que se generen del cobro de los cánones.
Sin embargo, en uno de los artículos de la Ley de Aguas que aún no ha sido aprobado queda estipulado: “Los montos recaudados por los cánones por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales y otras contribuciones y tarifas que se apliquen, se destinarán preferentemente a cubrir los gastos comunes del Estado para la administración, planificación, investigación y desarrollo tecnológico, sistemas de información y financiar inversiones del Estado en obras sociales de atención a comunidades marginadas y de protección”.
Ambos legisladores emplazaron a los directivos parlamentarios del PLC y del Frente Sandinista a incluir nuevamente en agenda la legislación para su discusión y aprobación total en el plenario.