Política

Ejército salva sus secretos

* Promotores de la Ley de Acceso a la Información fueron menospreciados por diputados

La información sobre los contratos de adquisición, compra-venta o permuta de armamento será “información restringida”, es decir, secreta, conforme a la moción presentada por el Ejército de Nicaragua en la discusión de la Ley de Acceso a la Información Pública.
De este modo, los ciudadanos no podrán conocer la información referida a los medios militares que adquiera el Ejército de Nicaragua, lo cual no sería novedad sino es por dos antecedentes gravísimos: la permuta de pistolas entre la Policía de Nicaragua y de Panamá que terminó con un lote de Ak-47 del Ejército de Nicaragua en manos de los paramilitares de Colombia en 2001; y la millonaria transacción de helicópteros y misiles que a mediados de los años 90 hizo el general Humberto Ortega con las fuerzas militares del Perú.
Los nuevos
“coroneles Luna”
La Comisión de Justicia del Parlamento recibió ayer al Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública en el hotel Montelimar, donde quedó claro el afán de los diputados sandinistas Edwin Castro y Marcelino García por regular el ejercicio periodístico, así como la división sobre el tema entre los liberales.
Los intereses militares
El coronel Mauricio Riguero, enlace militar con el Legislativo, explicó que el interés del Ejército de Nicaragua es salvaguardar información sobre sus planes y agentes de inteligencia y contrainteligencia (su identidad), los planes operativos y Estrategias de Defensa Nacional, lo relativo a los tratados de seguridad regional, los inventarios y localización del armamento y medios militares, así como información relativa a su eliminación.
“Es restringido cuando vamos a adquirir el armamento por problemas de Defensa Nacional, eso será una información pública restringida”, dijo Riguero, quien confió en los controles del Presidente, el Parlamento y la Contraloría al respecto, a pesar de los graves antecedentes.
La Organización de Estados Americanos (OEA) elaboró un informe sobre el lote de Ak-47 del Ejército Nicaragüense que a través del barco Oterloo arribó al puerto Turbo, en el Pacífico de Colombia, para quedar en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar de ese país.
Tirantez e intolerancia
El diputado sandinista Edwin Castro puso cortapisas al Grupo Promotor desde un principio limitándoles la intervención y advirtiéndoles que luego ellos deliberarían “en privado”. Castro, a pesar de que no escuchó la mayor parte de la ponencia de los promotores de la Ley por estar hablando por celular, riéndose y conversando con sus colegas, descalificó los argumentos del Grupo Promotor en referencia a la innecesaria regulación del ejercicio periodístico en una ley referida al derecho a la información.
En contraste, el diputado liberal Noel Pereira Majano dejó en claro que “la obligación de los periodistas es informar y la de los ciudadanos la de ser informados, y este juego libre es necesario para evitar que se entronicen en nuestro país las dinastías y la tiranía política; y se enseñoree la corrupción”.
“Toda persona que administra recursos ajenos está en la obligación de rendir cuentas, tiene la necesidad de mostrar que sus manos están limpias”, agregó Pereira Majano, quien se mostró solidario con el Grupo Promotor y a favor de un libre acceso a la información pública.
García a la carga
Por su lado, el diputado del FSLN Marcelino García mostró su afán de que se regule el ejercicio periodístico –-al igual que el diputado Castro--, pues a su entender “la información puede ser usada como un cañón frente a uno, un cañón como EL NUEVO DIARIO”.
El diputado Castro fue quien más celoso se reveló en relación a la posibilidad de que se conozcan los números de cuenta “de los ciudadanos en general”, así como su expediente médico.
Finalmente, los diputados José Pallais y Edwin Castro ofrecieron informalmente dejar el principio de responsabilidad periodística en la ley a cambio de agregarle un párrafo que indique que “esto no significa que ninguna autoridad podrá exigir al periodista que revele sus fuentes”.
En relación a las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos, Pallais y Castro ofrecieron que quede tal como lo establece la Ley de Probidad, que las declaraciones sean públicas mediante una solicitud ciudadana, previa autorización del funcionario aludido.