Política

CSJ pasa la pelota a las alcaldías

* Presidente de Comisión de Turismo dice que consultarán Ley, pero no garantiza estabilidad a inversionistas * Presidente de CSJ niega que jueces estén facultados para emitir títulos supletorios

Las irregularidades que aparentemente habrían cometido personas particulares y abogados para posesionarse de las propiedades en las playas, podrían frenar el desarrollo turístico nacional ante la incertidumbre que se ha generado entre inversionistas y autoridades nacionales que reclaman la pronta aprobación de la Ley de Costas en la Asamblea Nacional.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, coincidió ayer con el vicepresidente de ese Poder del Estado, Rafael Solís, en que las costas pertenecen al Estado y por ende, ninguna persona puede arrogarse el derecho de impedir el libre tránsito del resto de ciudadanos por las playas.
Jueces no están facultados
Martínez negó que los jueces estén facultados para emitir títulos supletorios de propiedad sobre zonas costeras, y responsabilizó a las alcaldías del desorden en la posesión de las playas aduciendo que los ediles cobran un canon de arriendo a los particulares que se apropian de las costas.
No obstante, Solís aseguró que la CSJ investiga a ciertos judiciales que habrían emitido títulos supletorios de posesión privada de las playas, aunque aclaró que esas indagaciones no han comprobado su participación en el tráfico de propiedades costeras.
“La Corte está investigando si hay casos en que algunos jueces estuvieron emitiendo títulos supletorios sobre propiedades en las costas para hacer negocio, pero hasta ahora no hay, me parece que lo que ha habido son falsificaciones que han hecho los abogados y notarios”, comentó.
Magistrado víctima
Solís reveló que su colega Francisco Rosales fue víctima de abogados inescrupulosos que intentaron arrebatarle una finca
familiar.
“Al doctor Rosales sí lo sorprendieron con un supletorio que le sacaron por una finca de 200 a 300 manzanas; le avisaron del Registro que le estaban inscribiendo esa propiedad familiar buscando cómo anular el título de la familia de su esposa”, develó.
Mientras tanto, los diputados liberales se debaten en fuertes contradicciones respecto a la aprobación de la Ley de Costas, pues el vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, denunció que ciertos empresarios presionan para que esa legislación no sea aprobada.
“Lo que estoy oyendo es que quieren dejarlo para eternas memorias, discutir, volver a consultar, reabrir. Yo no estoy de acuerdo con eso y voy a pelear en la Junta Directiva y en el plenario para que esta Ley se discuta y se apruebe con la mayor brevedad posible”, adelantó Navarro.
Carlos Noguera advierte peligro
En cambio, el presidente de la Comisión parlamentaria de Turismo, Carlos Noguera, aseguró que la bancada liberal acordó retrasar la discusión de la legislación para permitir mayor consulta con las tres cámaras de turismo, a fin de que queden claramente establecidas las reglas del juego para los inversionistas nacionales y extranjeros.
“La Ley de Costas plantea que se le preserve ese derecho a esos ciudadanos (propietarios), pero no como propiedad privada, sino como propiedad pública que pueda ser concesionada por las municipalidades”, expresó.
Sin embargo, Noguera advierte que los beneficiarios podrían correr el riesgo de ser despojados del usufructo de la propiedad o que se les niegue la prórroga de la concesión por parte de las autoridades edilicias debido a motivaciones políticas.
Martínez se pronunció a favor de “una ocupación” del Estado de las playas que se encuentran en manos de particulares, bajo el argumento de que ninguna persona en posesión de zonas costeras puede alegar ser dueña de la misma.
“Históricamente lo que han existido son precaristas que se toman las zonas playeras y que incluso han ejecutado proyectos de infraestructura turística en ellas, pero en cualquier momento el Estado puede ocupar esas propiedades, porque le pertenecen”, expresó Martínez.
Las irregularidades
En ese sentido, Navarro ejemplificó la forma de engañar a los judiciales: abogados inescrupulosos presentan un juicio contra determinada persona por una supuesta deuda, sin que ésta sea notificada, y se apoderan de los terrenos o predios en las playas.
“Después lo van a inscribir al Registro y todo es aparentemente legal, pero la realidad es que la ficción de la deuda y del deudor sólo es un mecanismo para poder generar un título falso que no tiene ninguna validez”, manifestó.