Política

Bipartidismo forever: ¿Reandaremos historia del 34 al 79?

El alemanismo encontró formas de co-gobernar con el FSLN para establecer una hegemonía bipartidista de largo plazo. FSLN y el PLC emprendieron reformas para crear un régimen bipartidista, distribuyéndose las cuotas de poder en el Estado. Del Bolañismo en el gobierno emergió un movimiento de “disidencia liberal” que apoyado por EU formó el partido ALN. Pero ¿estamos ahora ante un “nuevo” Daniel Ortega? Sus primeros pasos en el gobierno siguen recordando las ambigüedades y bandazos de los ochenta. La necesidad de continuar un acuerdo de largo plazo con Alemán seguirá alimentando la tradición del bipartidismo en Nicaragua.

Erick Aguirre

(Tercera y última entrega)

Irónicamente, el alemanismo neosomocista encontró formas de co-gobernar con la segunda fuerza política en importancia: el FSLN, debido a la mutua necesidad de establecer una hegemonía bipartidista de largo plazo, para lo cual procedieron a desmontar las reformas constitucionales que, en 1995, un año antes del triunfo electoral de Alemán, el sector disidente del FSLN que creó el MRS y aún conservaba amplios espacios y fuerte incidencia en el Parlamento, llevó a cabo en alianza con grupos democristianos y conservadores moderados, en la búsqueda de un marco político plural y democrático que preservara al sistema político de cualquier tentación dictatorial o autoritaria desde el Poder Ejecutivo.
Pero a partir de las elecciones de 1996, las dos fuerzas políticas beligerantes en el Parlamento (FSLN y Partido Liberal) emprendieron --a través de un acuerdo bipartidista que apelaba a un interés por la gobernabilidad y a un “espíritu anti-oligárquico”-- nuevas reformas a la Constitución que incluyeron una significativa reforma a la Ley Electoral, ambas encaminadas a tratar de eliminar al resto de fuerzas políticas minoritarias y a crear un régimen bipartidista que les permitiera un oportuno reacomodo y una distribución “equitativa” de cuotas de poder en las distintas instituciones y poderes del Estado (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Poder Electoral y Poder Judicial).
En el contexto de ese acuerdo bipartidista sobrevino la elección de Enrique Bolaños en el 2001, pese a las enormes expectativas creadas por las firmas encuestadoras a favor de Daniel Ortega y el FSLN, que parecieron venirse abajo luego de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, los cuales revivieron en Nicaragua el temor de una intervención norteamericana. Bolaños fue el vicepresidente durante el periodo de Alemán y antes de su postulación se especuló que su candidatura dentro del Partido Liberal no era del todo del agrado del presidente saliente.
La abrumante mayoría y el amplio margen con que Bolaños ganó las elecciones al FSLN (que de nuevo quedó como “segunda fuerza”) parecía redundar en una rotunda legitimidad de su mandato, así como de las acciones que de inmediato su gobierno supuestamente emprendería para corresponder a la enorme expectativa que secretamente alimentó de rectificar las prácticas prebendarias y de corrupción que caracterizaron a su predecesor.
Los porcentajes de que se enorgullecía Bolaños en realidad eran legítimos, pero Arnoldo Alemán ya había adelantado su jugada. La prolongación del fenómeno de polarización al momento de las votaciones volvió a fortalecer en el Poder Legislativo al FSLN y al Partido Liberal, cuya “plancha” de diputados (en el caso liberal) estaba controlada absolutamente por Alemán, quien gracias a la última reforma electoral obtuvo una curul y se hizo elegir Presidente del parlamento, desde donde intentó seguir gobernando y condicionando las políticas del ex vicepresidente Bolaños.
Resultaba irónico que las reformas constitucionales de 1995, que en algunos aspectos no desmontados por el acuerdo bipartidista Alemán-Ortega restringían algunas prerrogativas excesivas de que gozaba el Poder Ejecutivo y a su vez fortalecían al Poder Legislativo, ahora le servían al alemanismo como refugio político y trinchera legal para provocar desestabilización y chantajear con el poder que su mayoría parlamentaria le confería, al presidente de la República, a las otras fuerzas políticas y al resto de la sociedad.
Los primeros proyectos de ley introducidos con trámite de urgencia por Bolaños al Parlamento (Ley de Probidad y Reforma Penal), que por algunos eran vistos como instrumentos legales de “restauración moral” frente al legado de corrupción del alemanismo, tenían la debilidad de estar sujetos a la voluntad política de la camarilla parlamentaria jefeada por su jactancioso correligionario y ahora evidente rival político. Evidentemente, esto provocó la ruptura de Bolaños con su propio partido y por tanto su aislamiento político, ante el cual reaccionó con una cruzada furibunda contra el legado de corrupción de su predecesor en la silla presidencial.

Un gobierno voraz y desvergonzado
El gobierno de Arnoldo Alemán había resultado ser, quizás después de los Somoza, el más voraz y desvergonzado de la historia reciente de Nicaragua. Pero ante ese hecho es difícil olvidar que, durante ese período, por un lado, el FSLN pactó con el alemanismo, y por otro Bolaños no sólo fungió como vicepresidente y presidió una inoperante comisión anti-corrupción, sino que también fue mencionado en varias denuncias de corrupción en los medios de comunicación.
Ambos (el FSLN y Bolaños) permanecieron, durante los cinco años de impune saqueo al erario por parte de Alemán, en una actitud política de algún modo pasiva y prebendaria. El FSLN quizás porque esperaba un hipotético retorno al poder, y Bolaños porque esperaba el momento en el cual su evidente voluntad política coincidiera con el deseo de muchos nicaragüenses de enfrentar con mano dura a la corrupción y a los corruptos, y emprendió una campaña en la cual, hasta los Estados Unidos parecían estar de acuerdo en la inconveniencia política de seguir tolerando a Alemán.
Aunque tampoco se debe olvidar que la cruzada anti-corrupción emprendida por el gobierno del segundo Bush en Latinoamérica en aquel momento, respondía esencialmente a la necesidad de enmendar las consecuencias que a la larga le había acarreado la infuncionalidad de su modelo hegemónico en nuestros países. Consecuencias que, además, establecían tejidos comunicantes con el narcotráfico y el terrorismo fundamentalista.
El corolario de la Administración Bolaños fue la destitución de Alemán como presidente del Parlamento (en un inicio con el apoyo del FSLN, que desde ese momento empezó a desarrollar un juego político “de tres bandas”, entendiéndose alternadamente con Bolaños y Alemán en dependencia de sus intereses precisos). Luego siguió la desaforación como diputado de Alemán, su proceso judicial y su encarcelamiento, que a la larga terminó siendo “domiciliario”, debido a las alegaciones de su abogado acerca de su condición de “valetudinario”, lo cual le ha permitido seguir controlando con amplia comodidad su estructura partidaria.
Alemán, sin embargo, desde entonces ha pasado a ser una especie de “rehén político” del FSLN, quien gracias al acuerdo bipartidista logrado con el propio Alemán en el año 2000, influencia en mayor medida que el alemanismo a los jueces y magistrados del Poder Judicial. En tanto del sector bolañista en el gobierno emergió un movimiento de disidencia “liberal” (en realidad en su mayoría empresarios de corte conservador) que apoyado por Estados Unidos formó el partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) que vendría a convertirse, junto con el MRS, en un factor políticamente despolarizante en las elecciones de 2006.
En tales condiciones, sumadas a la última reforma electoral tras el acuerdo bipartidista FSLN-Alemán (que redujo el porcentaje necesario para ganar la presidencia al 35% de los votos) Ortega logró imponerse en la primera vuelta electoral con el 37,99% de las votaciones, obteniendo también una importante victoria en las elecciones legislativas y logrando el grupo de diputados más numeroso del Parlamento, en cuyos 90 escaños se acomodan ahora 38 diputados del FSLN, 25 del Partido Liberal, 22 de ALN y cinco del MRS.

¿Un nuevo Daniel Ortega?
Pero en este nuevo contexto hay una pregunta que se impone: ¿estamos ante un “nuevo” Daniel Ortega? Desde antes de su elección, para ganarse a la Iglesia, el líder del FSLN había “conquistado” políticamente al ex arzobispo de Managua, el cardenal Miguel Obando, una figura de mucha influencia nacional, y evidentemente terció para que su partido votara en la Asamblea Nacional para ilegalizar el aborto, pese al clamor de quienes denuncian el elevado índice de muertes maternas por esa causa. Eso llevó a algunos de sus ex partidarios a afirmar que el Daniel Ortega de hoy “tiene poco o nada que ver con el revolucionario de los años sesenta y ochenta”, y se muestra “más preocupado por coger el último tren del poder que por llevar adelante un programa de reformas sociales”.
Ahora, pese a la tímida renuencia de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Obando prácticamente se ha convertido en un importante funcionario del nuevo gobierno, al ser nombrado presidente de una Comisión Nacional de Paz y Reconciliación, que al parecer será fundamental en la estrategia política de Ortega. En realidad se trata de una alianza política que, aunque con frecuencia tiende a explicarse en virtud de la nueva retórica de reconciliación unida a “extraños virajes” ideológicos o religiosos de Ortega y su entorno más personal (que incluye a su esposa, la escritora Rosario Murillo, quien ha pasado a ser la persona de mayor influencia en el nuevo gobierno sandinista), resulta más entendible si observamos la influencia directa de Obando sobre el presidente del Consejo Supremo Electoral, el magistrado Roberto Rivas, quien después de haber accedido al cargo con apoyo del partido de Alemán, pasó a inclinar la balanza hacia el FSLN en lo que se refiere a “cuotas partidarias” dentro de ese poder del Estado.
En todo caso, los primeros pasos políticos de Ortega en el gobierno siguen recordándonos las ambigüedades y los bandazos de los años ochenta. Aunque mantiene negociaciones “normales” con el FMI y el Banco Mundial, y trata de no preocupar a los cooperantes internacionales, su búsqueda de acuerdos económicos de amplia envergadura con el gobierno de Venezuela y su relación política muy cercana con el presidente Hugo Chávez, aunque hasta ahora legítimas, eventualmente lo llevan a asumir una retórica gratuitamente agresiva hacia el gobierno estadounidense, con el que hasta ahora, sin embargo, mantiene relaciones armónicas.
La lentitud con que hasta ahora ha procedido en lo que se refiere a organizar su estructura gubernativa, así como a diseñar y establecer sus políticas públicas y de comunicación, lo han llevado a no pocos roces con la sociedad civil y con la prensa, lo cual incluye a los grandes empresarios de la comunicación, así como a otros periodistas y medios independientes. Por otra parte, los amagos de unidad política de la derecha liberal, alimentados secretamente por los representantes de Washington en el país (que incluso llegaron casi a concretar un encuentro personal hasta ahora “impensable” entre el principal líder de ALN y el propio Arnoldo Alemán), se vieron torpedeados por la concesión, por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias, de mayores libertades en el régimen carcelario de Alemán, lo que le permite circular libremente por todo el país y es considerado como una medida “preparatoria” para su libertad definitiva.
Inmediatamente después de esta medida, el alejamiento entre el partido de Alemán y ALN ha sido evidente. En cambio, la sorprendente y efectiva sinergia con que las nuevas bancadas del FSLN y el Partido Liberal han actuado para aprobar el nombramiento de una amplia lista (equitativamente bien proporcionada respecto a los intereses de ambos partidos) de magistrados, fiscales, jueces y conjueces, nos lleva a pensar que la necesidad de Ortega de seguir manteniendo un acuerdo de largo plazo con Arnoldo Alemán, seguirá alimentando la ya exasperante tradición del bipartidismo entre los grupos elites de poder en Nicaragua.