Política

De lucha ideológica a poder “contranatura”

El desgaste de la guerra y la constante recomposición de alianzas llevaron al FSLN a la derrota electoral de 1990. Fuera del poder el sandinismo evidenció las profundas contradicciones en su seno. La existencia de corrientes de pensamiento fue desautorizada, y la hegemonía de Ortega quedó garantizada por no alimentar “ambiciones pequeño-burguesas”. Concluido el periodo de Violeta Chamorro, ninguna fuerza de centro o centro-izquierda logró fortalecerse políticamente

Erick Aguirre

Segunda de tres entregas

Hegemonía estadounidense y “agotamiento” del sandinismo
La primera llegada al poder del sandinismo se produjo bajo el marco de la Administración de Jimmy Carter en el contexto hegemónico regional de los Estados Unidos. Inmediatamente después se produjo el advenimiento de dos administraciones republicanas consecutivas (Ronald Reagan y George Bush), cuya política de terrorismo de Estado hacia la región centroamericana se extendería durante toda la década del ochenta y significaría para Nicaragua otra guerra cruenta y prolongada, el bloqueo económico y el desbarajuste estructural como sociedad y como nación.
A tales factores se debe agregar cierta tendencia del sandinismo gobernante al establecimiento gratuito de brechas enormes entre la prédica política y el comportamiento ético de muchos de sus cuadros dirigentes, así como un conjunto de contradicciones relacionadas con sus estrategias de negociación internacional para sobrevivir a la guerra y atenuar sus repercusiones internas.
La constante recomposición y descomposición de alianzas con diversos sectores sociales y políticos, y la indefinición respecto al acompañamiento de una “burguesía nacional patriótica” en el transcurso del “proceso revolucionario”, llevaron al FSLN a cometer no pocos errores. El desgaste de la guerra y el agotamiento de tácticas y estrategias políticas terminaron por restarle fuerza política al sandinismo hasta llevarlo a su histórica derrota electoral en 1990.
Una vez fuera del poder, el FSLN mostró de inmediato evidencias de los múltiples niveles de contradicción latentes en su seno. El primer intento de congreso sandinista fuera del poder, en 1991, constituyó el marco propicio donde afloraron las primeras contradicciones que bullían en la variopinta conformación de aquella organización guerrillera clandestina que, en sólo diez años, había pasado a ser un frente político devenido en aparato partidario en el gobierno, primero, y un partido de oposición en plena “legalidad democrática”, después.

¿El fin del tercerismo?
Durante ese cónclave crucial para el sandinismo, el viejo “tercerismo” de los hermanos Ortega mostró su primera gran bifurcación. Mientras el entonces aún jefe del ejército y general, Humberto Ortega, renunciaba a su puesto directivo y a su condición de militante del FSLN para continuar en el cargo institucional durante la última fase de un complicado proceso de “despartidización” del Ejército de Nicaragua (hasta entonces llamado Ejército Popular Sandinista) --haciendo además un llamado final a los sindicatos y organizaciones sociales sandinistas a apoyar el plan económico y de concertación nacional del gobierno de Violeta Chamorro--, su hermano, el ex presidente Daniel Ortega, presentaba ante el congreso un documento de 42 páginas que, con el apoyo de gran parte de los congresistas, se impuso como único punto de la agenda.
El argumento de la “necesaria unidad y coherencia interna” del sandinismo impidió la discusión a fondo de otros puntos importantes como la también necesaria democratización del partido y la redefinición clara de una adecuada estrategia política en el nuevo contexto nacional. Otro de los aspectos importantes relegados y de varias formas evadido durante el congreso (además del rendimiento de cuentas sobre el misterioso destino de gran parte del patrimonio partidario), fue la precariedad de un informe encargado a una Comisión de Ética nombrada meses atrás para establecer responsabilidades, entre muchos militantes y dirigentes, en casos de abusos escandalosos de índole económica, cometidos en el apresurado traspaso de gobierno inmediatamente después de la derrota electoral, durante el cual se intentó “finiquitar” un necesario proceso de reforma agraria emprendido desde 1980 en un país donde, a finales de los setenta, sólo un cuatro por ciento de la población controlaba más del sesenta por ciento de la tierra.
Además, el rezago del sandinismo en términos de una reforma urbana ordenada, obligó al entonces presidente Ortega a emitir durante el corto periodo de traspaso de mando las leyes 85 y 86 que convertían en propietarios a miles de humildes pobladores urbanos arrendatarios del Estado, lo cual también permitió el abuso y la apropiación indebida de propiedades por parte de muchos cuadros intermedios y dirigentes sandinistas, cuyas graves faltas a la “ética partidaria”, al no ser evacuadas de manera pública y transparente, causaron un incalculable daño moral a todo el sandinismo.
Pero otros asuntos, entre los diversos niveles de contradicción existentes entonces dentro del sandinismo, afloraron con mayor claridad durante la celebración de un nuevo congreso partidario en 1993. La convocatoria a este congreso, calificado de “extraordinario”, fue producto de la falta de consenso entre los miembros de la dirección partidaria al momento de adoptar posiciones en las distintas coyunturas que se venían presentando en los primeros años de gobierno de Violeta Chamorro.
La principal diferencia radicaba en los métodos de lucha que utilizaba el partido como fuerza de oposición para enfrentar la restauración del poder político y económico de la derecha. Frente a un endeble Estado de Derecho que los mismos sandinistas habían empezado a construir y se habían comprometido a respetar desde la entrega pacífica del poder, el dilema planteado era: o lucha cívica en el marco de la legalidad o lucha popular al calor del “ímpetu de las masas”.

Las corrientes de pensamiento
En el seno del Congreso el dilema se reflejaba en las ideas encontradas acerca de cómo replantearse las formas de organización partidaria. Mientras unos proponían “renovar” al sandinismo en el nuevo contexto “democrático”, otros sostenían que se debía continuar bajo el rigor del “centralismo democrático” determinando las decisiones cruciales del partido.
Eso dio origen a dos corrientes de pensamiento dentro del FSLN de los noventa: la llamada Izquierda Democrática que defendía el centralismo y la lucha popular alrededor de Daniel Ortega, y el Sandinismo de las Mayorías en el que destacaban intelectuales como Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal y algunas figuras provenientes de reconocidas familias conservadoras, a quienes de inmediato se les caracterizó como figuras emblemáticas de la socialdemocracia reformista en el caso de Ramírez, y de la oligarquía verde en el caso de los últimos.
La existencia de corrientes diferentes de pensamiento finalmente fue desautorizada en el Congreso, y la hegemonía del sector de Ortega quedó garantizada por el temor de alimentar dentro del partido las “ambiciones pequeño-burguesas” de los “socialdemócratas”. Ortega fue electo Secretario General del FSLN, cargo que ocupa hasta el momento, y desde el cual le fue entonces posible depurar de las filas del partido a quienes se oponían a sus posiciones políticas.
“Yo no soy de los que creen que la derrota electoral de 1990, a la larga benefició al sandinismo; hay compañeros que piensan que eso fue lo mejor que le pudo pasar al FSLN, yo no lo creo”, declaró por esos días Ortega en una entrevista televisada, lo cual evidenciaba su disposición de no arrepentirse de ningún acto político pasado y de reprender a quienes ya estaban separados del partido y habían suscrito un documento que reconocía públicamente los “grandes errores” sandinistas, a partir de los cuales se debía emprender “un proceso de renovación profunda” en el sandinismo. De ahí surgió la primera gran escisión del sandinismo post-noventa y la creación de un nuevo partido: el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Concluido el periodo de Violeta Chamorro en 1996, cuya retórica de reconciliación la hizo pasar inmerecidamente a la historia como la gran pacificadora del país y le permitió encubrir a una taimada tecnocracia neoliberal, socialmente insensible, que en realidad condujo su gobierno y bajo la cual una minoría privilegiada se lucró con el desmantelamiento y la privatización del enorme sector público abandonado por el gobierno sandinista; ninguna fuerza de centro o centro-izquierda (incluido el MRS) logró fortalecerse políticamente.
El panorama político volvió a polarizarse en función de dos extremos representados, de un lado, por el FSLN con Ortega de nuevo como candidato, y del otro lado por la unificación de los hasta entonces dispersos fragmentos de la derecha liberal (incluidos los restos del somocismo) alrededor del candidato Arnoldo Alemán y el Partido Liberal, quien a la postre derrotó a Ortega en los comicios de ese mismo año.
Desde su gobierno Alemán impulsó una especie de populismo neosomocista, heredero típico del caudillismo original del fundador de la dinastía Somoza, de alguna manera extra-oligárquico, sólo que en un nuevo contexto nacional con un ejército no partidario y de origen más bien sandinista, y con el FSLN como principal adversario político en la legalidad.
Con todo, el alemanismo hizo crecer a su alrededor toda una estructura corrupta de lealtades muy semejante al juego patrimonial de dominación del fundador de la dinastía Somoza, y al igual que él, fortaleció el Partido Liberal y configuró toda una red económico-financiera para desviar subrepticiamente millones de dólares anuales (durante todo su periodo) del Estado nicaragüense y sus cooperantes internacionales, hacia sus cuentas personales, de sus familiares, allegados y aliados políticos.