Política

Ley de Acceso puede revertirse en bozal

* Bajo los conceptos de “Seguridad Nacional” y “Relaciones Internacionales” el Estado puede declarar bajo reserva la información que le plazca * Declaración de probidad, aumento patrimonial y “situación económica” de los funcionarios públicos pasan a ser información “reservada”, según últimas mociones

Las declaraciones de probidad, el aumento patrimonial y la “situación económica” de los funcionarios públicos serán informaciones reservadas conforme a las últimas mociones a la Ley de Acceso a la Información Pública, confirmó a EL NUEVO DIARIO Cristiana Chamorro, representante de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”.
Si un funcionario público se ha visto involucrado en un delito de acoso, por ejemplo, el Estado también podría reservar esta información al tratarse de algo relativo a “su honra y reputación”.
Tampoco se podrán conocer documentos públicos como informes de auditorías mientras no haya una resolución firme de la Contraloría o proyectos de sentencia judicial. De igual modo se sancionará con seis meses de salario al funcionario público que dé a conocer documentos reservados sin autorización, al mismo tiempo que el periodista no está protegido por la Ley para conservar el secreto profesional sobre sus fuentes.
Chamorro: “Se protegen”
Chamorro también aceptó que hay un margen de discrecionalidad en lo relativo a lo que el Estado considerará como información que podría atentar contra la seguridad nacional, la defensa nacional y las relaciones internacionales. Toda información relativa a estos aspectos será reservada.
Los negocios de petróleo con Venezuela, los convenios de cooperación con Irán, los negocios de los militares, a título de ejemplo, bien podrían ser declarados documentos reservados por razones de relaciones internacionales, defensa y seguridad nacional, si así lo deciden los ministros o jefes de entidades conforme al proyecto de Ley de Acceso que se discute en el Parlamento.
La promotora de la ley indicó que si bien es cierto han sostenido una excelente comunicación con la Comisión de Justicia, y hay voluntad para “pasar” la Ley este próximo jueves, existe un interés de los diputados de “proteger a los funcionarios públicos”, por lo que hacen un llamado a que examinen con mayor detenimiento los aspectos que podrían limitar el acceso a la información pública o el periodismo investigativo.
Por otro lado, ya no habrá cárcel para quienes nieguen acceso a la información pública, sólo sanción administrativa. En una moción de último momento, los diputados también han agregado un “principio de responsabilidad profesional” de los medios de comunicación al dar a conocer información pública, muy parecido al establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Un estudio también confirma discrecionalidad
Hace falta delimitar los alcances de las excepciones a la ley, sobre todo en lo relativo a los términos de seguridad nacional y relaciones internacionales, advierte la especialista María Adilia Serrano, en el estudio “Clasificación de la Información Pública: Análisis Comparativo de las leyes de acceso a la información pública”, documento editado por la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”, con el auspicio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid).
Las difusas fronteras
En el proyecto de Ley de Acceso se establece que la información pública es toda aquella no clasificada como reservada o confidencial existente en poder de las entidades públicas, así como la información relacionada con la prestación de servicios públicos de las entidades privadas a las que se refiere la Ley (artículo 4 inciso K).
En una nueva moción se ha incluido a la información de una entidad privada que obtenga contrato, subvención y beneficios fiscales del Estado.
La información reservada hace referencia a documentos cuya publicación pueda afectar los intereses del Estado, como la persecución del delito “desde cualquier dependencia”.
La información confidencial, en tanto, se refiere a los datos personales --expedientes médicos, por ejemplo-- que el Estado posee sobre los ciudadanos.
El debate se arrecia al momento de delimitar lo público, lo reservado y lo confidencial. El estudio comparado de distintas legislaciones revela que “la línea fronteriza entre la publicidad y el secreto es poco precisa y que se requiere de una constante búsqueda del equilibrio entre los imperativos contradictorios de la información y el secreto, como condición indispensable para la viabilidad de un sistema de acceso”, indica Serrano en su análisis.
El artículo 15 de la Ley de Acceso define como Información Pública Reservada “la expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada entidad”, al aplicar los criterios de “información que puede poner en riesgo la Seguridad Nacional y a la Defensa de la Soberanía Nacional”. Otra reserva se producirá cuando se trate de información “cuya divulgación ponga en riesgo las relaciones internacionales”.
Serrano sugiere delimitar con mucha claridad este aspecto. Por ejemplo, la legislación del Ecuador ofrece un gran contraste respecto a la generalidad del proyecto de legislación nicaragüense. La ley ecuatoriana cuando define los documentos reservados por razones de defensa nacional, los especifica claramente: se trata de los planes y órdenes de defensa nacional, movilización de tropas, operaciones especiales, de bases e instalaciones militares ante posibles amenazas contra el Estado; la información del ámbito de la Inteligencia y Contrainteligencia, así como la ubicación del material bélico y los fondos de usos reservados para fines de defensa nacional.
En cambio, alerta Serrano, “el caso de Nicaragua es la legislación que presenta en menor nivel de detalle con relación a las excepciones. Sólo se establece la excepción pero no se explica su alcance a través de una aproximación al menos de concepto”.

Secreto profesional no está protegido
En Nicaragua ninguna legislación protege el secreto profesional del periodista, ni la posibilidad de evitar ir a juicio para que revele sus fuentes.
En el estudio “Libertad de información, secreto profesional y desacato”, María Adilia Serrano hace las siguientes recomendaciones:
1. Eliminar la figura del Desacato del Código Penal vigente de modo que las calumnias, injurias e insultos sean sancionados mediante multas y no con penas privativas de la libertad. Aun cuando el dictamen de Código Penal no contempla el desacato, “habría que estar atentos”.
2. Que en el nuevo Código Penal siga vigente la disposición del artículo 176 que estipula que “No es injuria la crítica que se haga de asuntos de naturaleza política, a los actos del gobierno, de sus instituciones u organismos; a la filosofía de las leyes o a las actuaciones de los funcionarios públicos”.
3. Regular el secreto profesional del periodista, pues es pilar del ejercicio periodístico, estableciendo si el concepto se amplía a sus fuentes, documentos y apuntes, así como si incluye la eximente de denunciar algún delito de manera formal.
4. “La legislación penal nicaragüense podría incluso ir más lejos y, al igual que en otros países, establecer sanciones a la autoridad que someta al periodista (a) hostigamiento con el fin de revelar sus fuentes”.