Política

¿Cómo “vender” democracia directa?

El gobierno tiene tres opciones sobre la mesa: 1) Reconoce que no tiene la fuerza política institucional para cambiar de romplón el sistema político a favor de una supuesta “democracia directa”. 2) Convoca a una Constituyente de una vez con el respaldo del PLC. O, en el tercer caso, continúa actuando al borde de la legalidad, retrocediendo o avanzando, en la medida que los diputados y la opinión pública se lo permita

¿Cuál es verdaderamente el rumbo que lleva este gobierno? El primer mes y medio de gobierno del presidente Daniel Ortega ha estado lleno de señales contradictorias, confrontaciones con los medios de comunicación y acciones que desbordan la institucionalidad. Así coincidieron varios analistas consultados por El Nuevo Diario.
Sin embargo, dos de los analistas agregan que hay tres escenarios posibles para el gobierno del comandante Daniel Ortega.
Primera opción: ¿Democracia directa?
El primer escenario es que el gobierno reconozca que no cuenta con la fuerza política-institucional en el Parlamento para echar a andar reformas profundas al sistema político, tales como convertir la actual democracia representativa en una democracia directa, considera el constitucionalista Gabriel Álvarez.
Álvarez piensa que es claro que el proyecto político del presidente Ortega tiene un sustento ideológico que se contrapone al actual sistema político consagrado en la Constitución de la República, aunque no se sepa con claridad cuál es la sustancia de tal proyecto.
“A mí me parece claro que hay un proyecto autoritario preconcebido, predefinido, y que ese proyecto autoritario, utilizando mecanismos existentes, tergiversándolos o inventando otros por ventanas, puertas, por rendijas, intentará meterse por distintos mecanismos”, expresa por su lado, el presidente del Movimiento Renovador Sandinista, Enrique Sáenz.
¿Se trata de un populismo al estilo chavista, de una democracia directa al estilo de Muhammar El Kadhaffi o de una democracia plebiscitaria a través de la reedición de los De cara al Pueblo? Es lo que nadie sabe.
La verdad es que el FSLN ganó las elecciones con sólo el 38 por ciento de los votos, y por tanto no tiene ni la fuerza electoral ni parlamentaria para trastocar de forma radical el sistema político, advierte Álvarez.
A pesar de la condición de reo del ex presidente Arnoldo Alemán, añade Álvarez, se pone en duda que la bancada del PLC apoye todas las iniciativas del Poder Ejecutivo. De reconocer que no tiene la fuerza suficiente, el FSLN se vería obligado a negociar en el Parlamento y respetar la institucionalidad, observa el analista.
Pero el gobierno está interesado en explorar nuevas formas de participación ciudadana a través de la idea de “democracia directa” y los consejos de gobierno, aunque no tiene en cuenta las ya establecidas en la Constitución y las leyes de la República, cuestiona el jurista Cairo Manuel López.
En la Carta Magna está establecido el referéndum, por ejemplo, así como consultas a la población en cada municipio y existe una Ley de Participación Ciudadana vigente, sin que se haya implementado a profundidad.
Lo que no está claro aún es cuál es la democracia directa de la que habla Ortega.
Segunda opción: Convocar una Constituyente
Si el FSLN desea un cambio radical del sistema político, la solución que se le presenta es una Asamblea Constituyente, indica Álvarez. Pero, de nuevo, no tiene los votos suficientes en la Asamblea Nacional.
Salvador Talavera, diputado electo en la boleta de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y aliado del FSLN desde la campaña electoral, fue la primera voz que se alzó con la idea de una Asamblea Constituyente, proceso al que fueron convocados el presidente de Venezuela Hugo Chávez y el presidente de Bolivia, Evo Morales, ambos cercanos al comandante Ortega.
“La Constituyente siempre estará planteada, pero la viabilidad --tanto para el Frente como para el PLC-- dependerá no sólo de cómo evolucione el proceso político, sino de las relaciones económicas y de las realidades sociales, es una espada que la van a utilizar si consideran que las condiciones son propicias”, afirma el presidente del MRS, Enrique Sáenz.
A su juicio, habría Constituyente si “ellos (PLC y FSLN) sienten que tienen los instrumentos para ganarla o arrebatarla”.
Tercera opción: Actuar al borde de la legalidad
Un tercer escenario para el presidente Ortega es continuar con sus “actuaciones de facto”, a través de decretos extemporáneos, manejándose de forma permanente “al borde de la legalidad”, apunta Álvarez. “Con la lógica de que si la gente protesta se retrocede, y si la gente no chilla, se avanza”, afirma.
Esto conlleva el riesgo de una crisis social de fondo. Existe el peligro, indica Álvarez, “de una ruptura irreversible” entre el sistema político y las verdaderas intenciones del presidente Ortega.
Probablemente por ello, las señales que envía el presidente Daniel Ortega en sus discursos son contradictorias con su actuar de gobierno, tal como considera el jurista Cairo Manuel López.
Un ejemplo lo constituyen los famosos consejos de gobierno. La Asamblea Nacional, mediante una reforma a la Ley 290, les estableció límites claros: no tendrían presupuesto y tampoco atribuciones para tomar decisiones administrativas.
Ante la presión pública y por la necesidad de dotar de presupuestos a varios de sus asesores, Ortega convirtió en secretarías a algunos de los consejos. Posteriormente, el presidente Ortega brindó declaraciones públicas advirtiendo que esos consejos se iban a imponer aún sobre la voluntad del Poder Legislativo.
Ortega debe respetar institucionalidad
¿Qué estilo de gobierno es ese? Es realmente difícil de definir. Para un jurista como López lo que sí es claro es que “un gobierno debe respetar la institucionalidad y el Estado de Derecho. Un gobernante debe estar claro que está subordinado a las leyes y debe un apego estricto a la Constitución”.
Los artículos 130 y 183 de la Carta Magna, apunta López, establecen los límites a los gobernantes y advierten que ningún funcionario tiene más atribuciones que las establecidas por la ley. “El presidente no puede excederse de esos límites”, indica.
Para que el presidente Ortega pueda imponer sus consejos sobre los ministerios del Poder Ejecutivo, tendría que reformar de nuevo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Constitución de la República, continúa López, quien reconoce que el gobernante tiene la atribución de tomar decisiones administrativas vía decreto, conforme estipula el artículo 150, numeral 4 de la Constitución de la República. Sin embargo, anota, los decretos de Ortega no pueden contradecir los reglamentos, las leyes ni la Constitución vigente. López advierte una lógica de “ensayo y error” en el estilo presidencial.
La gran pregunta es ¿hasta cuándo?

Los excesos presidenciales
Hay personas en el gobierno que aún no distinguen que sólo ganaron las elecciones presidenciales, pero “no se tomaron el poder” como en 1979, advierte el jurista Cairo Manuel López.
Eso podría explicar cierta “euforia” en algunos sectores del Poder Ejecutivo, que los lleva a crear un ambiente de informalidad e improvisación en el ejercicio de la administración pública.
Algunos episodios que documentan esta “euforia” son los siguientes:
* La “toma” ilegal del Centro de Convenciones “Olof Palme”, propiedad del Seguro Social, para llevar a cabo una toma de posesión llena de informalidad --se extravió hasta la medalla del presidente Hugo Chávez--. Ahora el “Olof Palme” sigue bajo llave cuando se suponía que sería la nueva Casa de Gobierno.
* Daniel Ortega sigue despachando en la Secretaría del FSLN, diluyendo la distancia entre el Estado y el Partido, viste de la misma manera que en la campaña electoral, en un olvido completo de las formas.
* Las comunicaciones oficiales, los sitios de Internet y los despachos ministeriales se han uniformado con el escudo sicodélico que ha sustituido al escudo oficial de Nicaragua, violentando la Ley de Usos de los Símbolos Patrios.
* El presidente ha obsequiado a su homólogo de Venezuela manuscritos originales del poeta Rubén Darío, a pesar de que son patrimonio nacional y hay una ley que regula y resguarda dicho patrimonio.
* Contra toda lógica jurídica, se publicó en La Gaceta los decretos creadores de los consejos ciudadanos, aludiendo a la reforma a la Orgánica del Poder Ejecutivo que todavía no había sido aprobada por la Asamblea Nacional.
* El presidente Ortega ha llegado a expresar que está dispuesto a imponer sus consejos de gobierno aun sin respetar los límites ya establecidos por el Parlamento --no tienen presupuesto ni capacidad de decisión--, la Constitución y las leyes.
* El mandatario ha impuesto el secretismo de la información oficial, ha ofrecido respetar la libertad de expresión, pero ha emprendido una campaña pública de crítica a los medios de comunicación en general, insinuando que no pagan impuestos del todo, a pesar de que antes sostuvo encuentros conciliadores con la Asociación de Medios Independientes.