Política

Conservadores recurren contra Ortega

* Inexactitudes en planteamiento del recurso

Miembros del Partido Conservador (PC) introdujeron un recurso por inconstitucionalidad en contra del presidente de la República, Daniel Ortega, por dos decretos presidenciales; uno que nombra a su esposa, Rosario Murillo, como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, y otro donde se reforma la Ley 290, creándose los consejos intersectoriales.
El recurso fue presentado por Alejandro Bolaños, Javier Vallejo y Alejandro Ruiz, tres diputados conservadores de la Asamblea Nacional. El principal argumento presentado es que Ortega está propiciando una democracia directa, “un palabrerío ininteligible” para los conservadores, que nos llevará “inexcusablemente a un ingobierno totalitario”.
El término “democracia directa y democracia participativa” que está empleando el nuevo gobierno no debe ser un poder político ejercido por el pueblo, explica Azalea Avilés, pues sólo el referéndum y el plebiscito están consignados en la Constitución Política de Nicaragua.
Inexactitudes
El recurso, sin embargo, contiene algunos datos inexactos. En los fundamentos del mismo está que el gobernante ha actuado contra el orden jurídico del país y ponen como ejemplo el discurso de Ortega cuando tomó posesión.
“El mismo día de la toma de posesión como Presidente de la República, don Daniel Ortega, a voz en cuello preguntó al pueblo reunido en la plaza si se aprobaba el Tratado de Libre Comercio con Venezuela y otros países, denominado ALBA, y los participantes, todos miembros del FSLN, contestaron sí”.
Nicaragua no ha firmado ningún tratado de libre comercio con Venezuela. El ALBA, tratado al que hacen referencia en el escrito, ha sido denominado por el gobierno como un “acuerdo de solidaridad” dentro del cual pueden haber intercambios comerciales que, en su momento, deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional.
La historia de los decretos
El diez de enero, día en que Daniel Ortega tomó posesión de su cargo como Presidente de la República, La Gaceta, diario oficial, publicó un decreto presidencial que reformaba la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
Entre las principales reformas estaba la del artículo ocho, donde se crea el Consejo de Políticas Nacionales, el artículo diez, que crea el Consejo de Seguridad y Soberanía Alimentaria, y el número 12, que crea el Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
Alejandro Bolaños considera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben aceptar el recurso y luego pedir al Presidente que elimine dichos consejos porque las leyes ya establecen “un orden institucional que debe ser respetado”.
La reforma a la Ley 290 ya fue aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional, pero en ésta sólo se hace referencia a que el Presidente tiene potestad de crear los consejos que estime necesario, mismos que no necesitarán presupuesto del Estado. La reforma a la ley fue aprobada el 24 de enero, 14 días después de emitido el decreto, con aspectos diferentes a los del decreto.