Política

Murillo concentra más poder


Consuelo Sandoval

El presidente Daniel Ortega reformó el reglamento de la Ley de Organización, Competencias y Procedimiento (Ley 290), mediante el cual, otorga varias funciones a la primera dama Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
“El Consejo de Comunicación y Ciudadanía es sucesor sin solución de continuidad de la Dirección de Coordinación, Secretaría de Prensa, Oficina de Ética Pública y de las Secretarías Departamentales y Regionales de Gobierno”, dice textualmente la enmienda al segundo párrafo del decreto número 71-98, y que aparece publicado en el diario oficial La Gaceta.
La designación de Murillo fue recurrida de inconstitucionalidad por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), alegando que se viola al artículo 130
de la Constitución Política que establece que: “No se podrán hacer
nombramientos en personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que
hace el nombramiento. Para los nombramientos de los funcionarios regirá la
prohibición del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.

Reacciona despreocupada
Murillo fue consultada para conocer su opinión respecto a este recurso, y respondió: “Evito distraer la energía y concentración, que estoy obligada a mantener, para trabajar como las mayorías nicaragüenses esperan y confían.
“No tengo mayores comentarios. Espero que las amig@s comunicadores tengan el mismo interés y la misma perseverancia, para enfocar y divulgar los resultados que este Gobierno del pueblo, irá logrando, al honrar sus compromisos”, agregó.
El gobernante también decretó el traslado al Ministerio de Salud, de la Oficina de Desarrollo y Asistencia Social de la Presidencia (ODAS), que en la administración de Enrique Bolaños era dirigido por su esposa Lila Abaunza.
“Adscríbase al Ministerio de Salud, con solución de continuidad, la Oficina de Desarrollo y Asistencia Social de la Presidencia de la República (ODAS), decreto número 49-2002, publicado en La Gaceta, Diario oficial, número 106 del 7 de junio de 2002…”, señala el artículo dos del decreto presidencial número
13-2007.