Política

Juristas sopesan inconstitucionalidad


Sergio Aguirre

En relación a la asignación, designación o nombramiento de la Primera Dama de la República, Rosario Murillo, analistas jurídicos consideran que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe admitir y declarar inconstitucional el decreto del presidente Daniel Ortega en donde designa a su esposa como Coordinadora de la Comisión de Comunicación y Ciudadanía, devengando un respectivo salario.
Al respecto, el jurista Cairo Manuel López comentó que en primer lugar una vez presentado dicho recurso, será la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que determinará si se cumplió con todos los requisitos de forma, es decir, estar dentro del plazo de 60 días luego de ser publicado en La Gaceta, lo que ya sucedió.
Posteriormente --señaló López--, el máximo tribunal tendrá 60 días en principio para reunirse y examinar en corte plena los argumentos de derecho para poder pronunciarse, “en lo que a mí respecta, no pudiera pronunciarme sobre si va a prosperar o no esta causa, porque desconozco el escrito que fue introducido al Poder Judicial”, explicó.
En cuanto al argumento empleado desde Casa Presidencial de que se trata de una designación y no de un nombramiento, el ex Presidente de la Asamblea Nacional explicó que en Derecho Administrativo los nombramientos se hacen por una autoridad jerárquica superior, y esto de la designación es una diferencia sutil que hace esa autoridad en cuanto a la asignación de un cargo a una persona, pero en el fondo se trata de conceptos sinónimos.
Agregó que una diferencia clara está entre el nombramiento y la elección, donde el primero es hecho por una autoridad y el segundo es producto de una situación prevista por la ley, en la que entre varios candidatos se elige al que lo apoye una mayoría.

Enderezar lo curvo
Por su parte, el jurista Sergio García Quintero fue más categórico al subrayar que el decreto presidencial que nombra a la Primera Dama al frente de un Consejo gubernamental viola la Constitución de la República, de tal manera que esa decisión es vulnerable como para que cualquier recurso pueda encontrar eco en la CSJ, a fin de enderezar lo que está curvo.
“El cargo designado a doña Rosario Murillo es notoriamente inconstitucional, porque su calidad de Primera Dama es un cargo Ad-Honorem, siempre fue visto como un complemento del trabajo gubernamental del marido como Jefe de Estado, especialmente en el área social.
Nunca tuvimos en la Historia de Nicaragua a una Primera Dama de la República nombrada como funcionaria, porque no sólo es ilegal y antiético, sino antiestético estar viendo a la esposa del mandatario gravitando sobre el Gobierno y a veces con más poder que el propio Presidente electo”, precisó.