Política

“Decretos son un error”

* Magistrados Solís y Rosales relativizan roce constitucional en nombramiento de Rosario Murillo, pero Sergio García Quintero dice que es abiertamente inconstitucional

Eloisa Ibarra

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el sandinista Rafael Solís, reconoció que se erró al reformar el reglamento de la Ley 290, sobre las competencias del Ejecutivo, antes de que la Asamblea Nacional hubiese reformado dicha ley.
“Lo normal es que primero se apruebe la ley y después se reglamente. Los Consejos quedaron en la Ley, y son de carácter consultivo, y lo mejor es derogarlos y después aprobarlos, para subsanar el error”, opinó Solís.
Reconoció que el Poder Ejecutivo debería haber esperado la aprobación de la Reforma a la Ley 290, para luego proceder a su reglamentación, y “todo lo que no se puso en la ley, lo puede reglamentar con facultades amplias”.
El presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, discrepó de esto último al afirmar que el reglamento no puede ir más allá de lo que establece la ley, y de suceder lo contrario, habría problemas.
Rosales afirmó que el presidente de la República, Daniel Ortega, tiene facultad para emitir todos los decretos administrativos que considere necesarios, pero con los demás poderes hay que coordinar, y lo mejor es una concertación.

Independencia de poderes
El artículo 129 de la Constitución establece que en Nicaragua cohabitan cuatro poderes, y ninguno tiene más facultades que las que les da la Constitución y las leyes, y nadie puede entrometerse dentro de la organización y estructura de los otros poderes.
“No puede un poder decirle a otro cuánto debe ganar, lo que puede hacer es convocar a todos los poderes para que estudien una reforma de salarios, para mantener igualdad en el trato”.

¿No hay roce?
En otro orden, los magistrados de la CSJ tendrán que decidir si mantienen el espíritu del artículo 130 de la Constitución Política o lo modifican considerando --en su opinión-- que el presidente Daniel Ortega tiene cero grado de afinidad con su esposa Rosario Murillo y por consiguiente, no existe ningún roce constitucional con su nombramiento.
Ortega nombró a Murillo coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, desde donde tendría un amplio poder sobre ministerios, entes autónomos y otras instituciones del Estado.
Esta semana la CSJ recibió un Recurso de Inconstitucionalidad de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), por considerar que Ortega viola el artículo 130 de la Constitución que prohíbe hacer nombramientos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Sin embargo, Solís, dijo: “Hay dos tesis sobre el grado de afinidad, una que dice que la pareja tiene cero grado, con relación a su pareja, porque es parte de la misma persona.
El primer grado de afinidad son los suegros, y desde ese punto, Murillo no tendría ningún problema en el nombramiento”.