Política

Presidente debe cancelar destrucción de misiles


Ary Pantoja

El presidente de la Comisión de Defensa y Gobernación del Poder Legislativo, Enrique Quiñónez, dijo que corresponde al presidente de la República, Daniel Ortega, solicitar a la Asamblea Nacional la cancelación definitiva de la destrucción de 651 misiles tierra-aire C2M, mejor conocidos como SAM-7.
Quiñónez agregó que el presidente de la República “es el responsable de velar por la seguridad y la soberanía del país y de sus ciudadanos” y que, por tanto, “es él quien debe tomar la decisión de si se destruyen o no los mencionados cohetes y solicitarlo al Parlamento”.
El legislador señaló que fue el ex presidente Enrique Bolaños “quien obedeció a Estados Unidos” al ordenar la desaparición de más de 600 misiles durante los dos últimos años de su gobierno; pero que ahora “el presidente es otro y las circunstancias de seguridad internacional han cambiado”.

Discusión suspendida
Pese a existir un dictamen legislativo en el que se ordena la destrucción del armamento solicitada por el anterior mandatario, el primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, dijo que la discusión de ese tema está suspendida, y afirmó no creer que la directiva tenga la intención de ponerlo en agenda en el corto plazo.
La controversia creada por la reciente adquisición de nuevas aeronaves por parte del gobierno de Honduras, avivó nuevamente la discusión en torno a los misiles rusos que Nicaragua adquirió durante los años 80 en medio de la guerra de agresión que alentó el entonces gobierno de Estados Unidos, encabezado por el desaparecido Ronald Reagan.
Los legisladores de todas las bancadas en el Parlamento nicaragüense han cerrado filas en torno a la destrucción de los misiles considerados defensivos, pero han contemplado la posibilidad de revertir el dictamen que favorece la desaparición del material bélico.
Nicaragua cuenta actualmente con más de 1,056 misiles, y una de las exigencias de Estados Unidos era que los destruyera todos, no obstante, la jefatura del Ejército de Nicaragua recomendó destruir 651 y quedarse con unos 405, “como reserva ante cualquier ataque”.